Tres asociaciones piden a a Sanidad que rectifique su modelo de farmacia en residencias
La Federación Provincial de Asociaciones Democráticas de Pensionistas y Jubilados de UDP Valencia, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana y el Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos se han unido, según un comunicado de las entidades, para pedir a la Conselleria de Sanitat la marcha atrás del modelo de prestación farmacéutica de las residencias de mayores presentado sin su conocimiento.
Estas entidades, en un comunicado, como agentes implicados, muestran su voluntad de cooperación y de aportar mejoras al modelo existente, pero desde la colaboración y el diálogo por lo que se pide que se paralice el nuevo modelo propuesto por la Conselleria de Sanidad Pública y Salud Universal y que se inicie, desde la base, un proceso participativo contando con todas las entidades que actúan en el mismo.
Desde la UDP y AERTE se ha valorado de manera muy positiva el trabajo que realizan los profesionales farmacéuticos en el modelo vigente y se ha insistido en que “se debe contar con la opinión de las organizaciones que están trabajando en la gestión actual para conocer de primera mano las circunstancias concretas de la realidad de las residencias privadas”.
Todos los integrantes, siempre según el comunicado, manifiestan que el sistema que se aplique debe garantizar que se va a mantener la misma calidad del servicio que reciben actualmente las personas mayores que viven en las residencias y no consideran que el modelo propuesto por la Conselleria vaya a ser capaz de hacerlo al prestarse desde un único servicio de farmacia para más de 250 centros, con características, necesidades y ubicaciones muy diferentes. Por ejemplo, se plantea un reparto semanal de medicamentos cuando actualmente se está haciendo varias veces a la semana e incluso en determinados casos, de manera diaria.
Es muy importante, dicen, que la Conselleria remita al resto de entidades el estudio económico que ha llevado a cabo para poder contrastarlo de manera conjunta y poder analizar áreas de mejora.
Además, sería un buen momento para seguir avanzando en una coordinación sociosanitaria completa e integral que podría suponer un nuevo sistema de atención a las necesidades sociales y que podría conllevar un ahorro de unos 125 millones de euros anuales, según los estudios presentados en los últimos años.
