Cinco familias sin recursos ocupan un bloque de la Sareb en el barrio de El Cabanyal en València

El edificio ocupado en El Cabanyal.

A las 19.55 horas de este sábado los antidisturbios guardan sus cascos y montan en sus furgonas. Le siguen las cinco patrullas de la Policía Nacional. Sin un solo uniforme a la vista, truenan las consignas. “¡Qué viva la lucha de la clase obrera!”, “¡En El Cabanyal, resistencia vecinal!”. El centenar de activistas que apoyan la ocupación de un edificio de cinco viviendas entre el 232 y 242 de la calle de la Reina, la vía noble del barrio de El Cabanyal, en València, celebran su victoria frente a los cerca de 25 policías. Ha sido una batalla de mínimos: cruces de miradas, alguna foto furtiva y una organización pulcramente celular de grupos de diez para evitar sanciones por la COVID-19. Un batalla corta. Apenas una hora antes, a las 18:45, del tercer piso del inmueble asomaba una lengua en forma de pancarta: “Espai Veïnal hemos liberado cinco viviendas vacías de la Sareb para cinco familias necesitadas del barrio”. Detrás, varios puños cerrados tras una mezcla de capuchas, mascarillas y gafas de sol.

“Hay varios menores, una embarazada y una discapacitada”, comenta un representante de Espai Veïnal, quien prefiere no decir nombres. Ni el suyo ni el de ninguno de los ocupantes. “Solo puedo contar que son parados de larga duración y que llevan mucho tiempo en la lista de espera de viviendas sociales de la Generalitat y el Ayuntamiento”. Este portavoz explica que el edificio lleva más de dos años vacío y abandonado por su propietario, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), conocida como el “banco malo”, creado por el Gobierno en noviembre de 2012 para liberar a las entidades financieras de sus activos tóxicos y con ello evitar su quiebra.

“¡Ya llegan!”, atisba una de las concentradas los primeros coches patrulla. Son las 19:02. Tres vehículos de la Policía Nacional pasan muy lentamente, con velocidad de cortejo fúnebre, por delante del edificio. Siguen de largo, dan la vuelta a la manzana y al poco vuelven a aparecer con las luces encendidas. Tras esa llegada más solemne, aparcan y descienden una decena de agentes. “¡El barrio no se vende, el barrio se defiende!”, estallan varias voces. Al poco, cuatro camionetas de antidisturbios irrumpen en la calle. La coreografía castrense de los cascos, las porras al cinto y la posición de firmes silencia el ambiente y provoca temor. “¿Nos van a pegar?”, pregunta angustiada una de las concentradas. Arriba, en una casa con cerámica de Manises, típicamente cabanyalera, un anciano apaga la tele y acerca su silla de enea y su sonrisa divertida hasta el balcón de forja. Desde allí, la calle es un tablero donde las fichas de azul oscuro y las de pantalones cortos con pelo largo procuran evitarse. No hay identificaciones y los intentos policiales de acceder al edificio son un mero trámite: apenas la tentativa de entrar por los patios traseros y preguntas a los vecinos de los edificios colindantes por si existe alguna manera de saltar de un lado a otro. Sobre la puerta, sellada y blindada, un manifiesto de Espai Veïnal explica que desde el 1 de septiembre el bloque está ocupado, que no se trata de una violación de domicilio particular, puesto que no vivía nadie, y que no abandonarán el inmueble sin una orden judicial. Tres policías se acercan hasta el papel, parecen leerlo, pero en realidad están mirando la manera de tumbar la puerta. “Si no abrís, pues llamamos a un cerrajero”, prueba, con desgana, uno de los mandos. “Como vean”, le responden y ahí se acaba la conversación.

Cuando la calle se vacía de agentes y consignas, el mismo representante de Espai Veïnal aclara los siguientes pasos. Primero, unos días para consolidar el lugar y para que las familias se acomoden. “No queremos decir sus nombres hasta que esto no ocurra, por seguridad, pero han sido escogidas de manera muy minuciosa. No son gente conflictiva, sino familias humildes cuyo trato con los vecinos será ejemplar”. Lo siguiente será negociar un alquiler social con la Sareb y, si no funciona, intentar que la Generalitat adquiera el inmueble mediante el nuevo decreto ley 6/2020, de 5 de junio, para la ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana mediante los derechos de tanteo o retracto. De hecho, el vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, se reunió recientemente con delegados de la Sareb para ampliar el parque público valenciano con la compra de 200 casas. “¡Pues que esta sea la 201!”, acota el portavoz de Espai Veïnal. 

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