La Generalitat no descarta comprar las viviendas de las 31 familias que iban a ser desahuciadas en la Pobla de Vallbona

La Generalitat no descarta la compra por vía de emergencia de las viviendas de dos bloques de la Pobla de Vallbona donde residen 31 familias que iban a ser desahuciadas este miércoles, aunque el proceso está aplazado hasta el 8 de febrero.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, tras una reunión con el alcalde de la Pobla, Josep Vicent García, sobre la situación de los residentes en estos inmuebles que son propiedad de fondos de inversión.

Las dos partes han acordado crear una comisión mixta de seguimiento formada por representantes de la Conselleria de Vivienda, la PAH y el vecindario, informa la administración autonómica en un comunicado.

Entre las soluciones que estudia la Generalitat está la negociación con los fondos de inversión a través de alquileres sociales, dado que “estas familias en ningún momento se han negado a pagar cualquier tipo de alquiler”, ha remarcado el conseller.

Otra de las alternativas es la compra directa de las viviendas por parte de las instituciones valencianas, para que formen parte del parque público de la Generalitat, y acordar un alquiler social con las familias.

Tras conversar con las familias afectadas, Martínez Dalmau ha asegurado que expresan “satisfacción y tranquilidad”, ha resaltado el trabajo de calle realizado por la PAH y ha celebrado la suspensión del desalojo, “la amenaza más importante en los últimos años de 38 familias que se iban a ir a la calle: más de 90 personas que ahora tendrían una situación enormemente compleja si no se hubiera actuado con serenidad”.

Desde que la PAH alertó del desalojo, la dirección general de Emergencia Habitacional y el Ayuntamiento de la Pobla empezaron a buscar una respuesta causando el menor perjuicio. El primer paso fue la suspensión del desalojo por parte del Juzgado de Llíria, ya que los informes de vulnerabilidad presentados por los servicios sociales municipales demuestran que estas familias no disponen de otra alternativa habitacional.

El alcalde de la Pobla también se ha felicitado por ganar tiempo para negociar y lograr conseguir un alquiler social para estas familias. “Se ha demostrado que cuando las instituciones van a una y hay una clara determinación de reconocer el derecho a la vivienda, las cosas se consiguen”, ha aseverado.

 La PAH exige contratos de alquiler social

Por parte de la PAH, aunque celebran el aplazamiento, insisten en que la solución definitiva es que el fondo Divarian (Cerberus-BBVA) acceda a formalizar contratos de alquiler social que puedan pagar estas familias “a partir de ya, sin esperar ni un minuto, para que no tengan que ir de un sitio a otro”.

“No es una celebración triunfal: se trata de 94 personas entre las que hay 25 críos, tres discapacitados y una embarazada”, ha resaltado José Luis González, portavoz de PAH Valencia, a Europa Press, para recordar que el desahucio se iba a producir a las puertas del invierno y en plena pandemia.

Precisamente, la plataforma se ha encontrado este miércoles con otro vecino que iban a desahuciar de una vivienda del mismo bloque, un inquilino que “tenía un contrato firmado con los mismos y que también está paralizado hasta el 8 de febrero”. Y rechaza la “excesiva” presencia policial en las inmediaciones de los bloques de la Pobla, aunque no se ha producido “ningún tipo de enfrentamiento”.

Más allá de este caso, la PAH vuelve a exigir que el Gobierno dé luz verde antes de Navidad al decreto para paralizar los nuevos desahucios, así como que “los bancos rescatados con dinero público empiecen a colaborar facilitando viviendas vacías para cumplir con la Constitución”. “Queremos que asuman la responsabilidad de no tener a la gente en la calle”, ha reivindicado el portavoz, que confía en alcanzar una solución para las 31 familias “si hay voluntad”.