La empresa municipal de Chiva investigada por corrupción facturó a una consultora de una concejala del PP en Massamagrell

Dos municipios valencianos, Chiva y Massamagrell, estuvieron misteriosamente hermanados cuando estaban gobernados por alcaldes del PP muy cercanos a Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de València y el principal investigado en el caso Taula. La empresa pública Suma Chiva SA, creada por el anterior alcalde del PP e investigada por presunta corrupción, facturó a la consultora de una concejal del Partido Popular en Massamagrell, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Requena, que investiga el presunto saqueo de la mercantil pública, mantiene imputado al exalcalde de Chiva, José Manuel Haro, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos, tras una denuncia de Esquerra Unida. 

El Ayuntamiento de Chiva, en manos de la izquierda desde las elecciones municipales del 2015, ha demandado a David Soldevilla, el exconcejal de Hacienda del PP que liquidó la empresa. La demanda ha sido admitida a trámite, tal como informó este diario. El liquidador de la empresa pública, según la demanda, ocultó la documentación al nuevo equipo de gobierno, que sospechó de las presuntas irregularidades al comprobar que el saldo de la cuenta bancaria de Suma Chiva SA se había evaporado.

Soldevilla libró el 5 de agosto del 2015, como “responsable de la custodia de la documentación” de Suma Chiva SA, una relación de cajas y archivadores con diversa documentación. El documento, firmado por el liquidador y por la secretaria del ayuntamiento, refleja que en la primera caja de documentos que entregó figuran dos facturas de Senent Consultores SL, una empresa administrada por María José Senent Bailach, en aquel entonces concejal del PP en Massamagrell.

La exconcejal es prima del exalcalde de Massamagrell Miguel Bailach, investigado en el caso Taula. La familia Senent ha estado tradicionalmente vinculada al partido. El que fuera cabeza de lista del PP en la localidad de la comarca de L'Horta Nord, el fallecido Enrique Senent, era primo de Silvestre Senent, expresidente del PP en València. Senent Consultores SL, creada en 2006, está administrada por María José Senent Bailach y por su hermana Carolina.

Las facturas, de las que se desconoce el importe, corresponden a varias gestiones realizadas por la consultora a la empresa pública municipal. Las cuentas anuales depositadas por Suma Chiva SA, consultadas por este diario en el Registro Mercantil, confirman que Carolina Senent Bailach, hermana de la concejal del PP en Massamagrell, fue la encargada de depositar los balances y la memoria anual de la mercantil pública de Chiva.

Haro y Bailach eran ambos alcaldes y diputados provinciales cercanos a Alfonso Rus, entonces presidente de la Diputación de València y supuesto jefe de una presunta banda corrupta. El exalcalde de Massamagrell se salvó de las purgas del PP en la institución provincial tras el estallido del caso Taula. Bailach, presidente y portavoz del PP en Massamagrell, figura como investigado en la causa por la presunta facturación falsa a Imelsa, la empresa pública epicentro del saqueo y capitaneada por Marcos Benavent, autodenominado yonki del dinero.

La hermana del exalcalde de Chiva, Susana Haro Gil, obtuvo el mismo año en que la consultora de Senent factura a Suma Chiva SA, la plaza de auxiliar en la biblioteca municipal de Massamagrell, “al haber superado el procedimiento selectivo de oposición”, según el edicto del entonces alcalde Miguel Bailach. La mujer ha sido edil y teniente de alcalde en Chiva en las listas del PP.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Requena investiga el presunto saqueo de la empresa pública municipal de Chiva. El exalcalde del PP, José Manuel Haro; el exconcejal de Urbanismo, Marcos Navarro Gil, y el exgerente de la empresa pública Pascual Navarro Giner, figuran como investigados por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos.