El Ayuntamiento de Chiva demanda al exconcejal de Hacienda que liquidó una empresa pública creada por el PP e investigada por corrupción

Extracto de los pagos investigados de una constructora a la empresa pública municipal de Chiva.

La presunta corrupción del Partido Popular sigue aflorando pasado un lustro desde que el partido conservador perdiera su hegemonía en las instituciones públicas valencianas. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Requena ha admitido a trámite la demanda que interpuso el Ayuntamiento de Chiva, gobernado por Compromís, Esquerra Unida y Vecinos Independientes, contra el liquidador de Suma Chiva SA, una empresa pública urbanística investigada por presunta corrupción y creada por el anterior alcalde del PP, José Manuel Haro. La juez, en un decreto del pasado 8 de octubre al que ha tenido acceso elDiario.es, admite a trámite la demanda y la abundante documentación aportada por el consistorio y sustancia el proceso por las reglas del juicio ordinario.

El exalcalde del PP, José Manuel Haro; el exconcejal de Urbanismo, Marcos Navarro Gil, y el exgerente de la empresa pública Pascual Navarro Giner, figuran como investigados por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos en una causa penal que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Requena tras una denuncia de Esquerra Unida. La fiscal de delitos económicos se querelló contra los tres antiguos ediles del PP en Chiva, a los que acusa de haberse puesto de acuerdo con el ánimo de lucrarse. "Los tres querellados eran plenamente conscientes que estos pagos realizados con fondos públicos, no se efectuaban en contraprestación de los servicios prestados por Suma Chiva", reza el escrito del Ministerio Fiscal.

En paralelo, el ayuntamiento —en manos de la izquierda tras las elecciones municipales del 2015— puso una demanda de responsabilidad individual por incumplimiento de los deberes como liquidador de la empresas pública contra David Soldevila Carrascosa, exconcejal de Hacienda del equipo de gobierno del PP. Carrascosa nunca aportó la documentación sobre la liquidación de la empresa pública cuando se lo requirió el nuevo equipo de gobierno. El exconcejal del PP se limitó a entregar "libros en blanco y nada que tenga que ver con la liquidación de la empresa pública", según la demanda. Carrascosa ni siquiera solicitó el informe final de liquidación a la interventora del ayuntamiento, "a quien precisamente parece ser que se le dejó al margen".

Suma Chiva SA, según la demanda, "no factura nada" en 2014 pero en el apartado de variación de existencias de la empresa aparecen 52.000 euros. "Desconocemos a qué se refiere, puesto que esta empresa pública ni ha producido ni produce bienes de ningún tipo. Ni el liquidador ha dado al ayuntamiento explicación alguna del motivo para insertar dicha cantidad", señala la demanda. El 2 de junio del 2014, la cuenta bancaria de Suma Chiva SA tenía un saldo bancario de 52.389,42 euros. El 31 de diciembre de ese año el saldo era de cero euros. "El Ayuntamiento de Chiva desconoce el final de dicho saldo existente en el mes de junio del 2014", abunda el escrito de la demanda.

Una vez cesada la actividad de la empresa el 31 de marzo del 2014, cuando Carrascosa ya había sido nombrado liquidador, se produce un ingreso de 76.980 euros. De esa cantidad, 53.240 euros provienen de una transferencia abonada a la empresa pública por el propio Ayuntamiento de Chiva y otra transferencia de 23.740 euros corresponde a la constructora Martes 900 SL. Teniendo en cuenta que la empresa no tenía actividad alguna, "es imposible que en diciembre de 2014 no tenga ingresado nada en la cuenta bancaria", denuncia el actual equipo de gobierno, que considera que el exconcejal del PP "no ha cumplido con sus obligaciones como liquidador de la entidad mercantil pública" y que, por tanto, debe rectificarse la liquidación que presentó. 

La demanda solicita la condena del liquidador como responsable por dolo, culpa y negligencia grave del daño ocasionado al consistorio y pide una indemnización por daños y perjuicios igual al saldo desaparecido.

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21 de octubre de 2020 - 22:31 h

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