La jueza del caso Erial cita a los Zaplana y los Cotino por las comisiones del plan eólico

Reunión de Zaplana con sus testaferros y Batouche, el propietario del puerto deportivo de Altea.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha comenzado a enviar las citaciones a los investigados en el caso Erial, que estudia una trama societaria para extraer 'mordidas' a cambio de concesiones en el plan eólico y las ITV. Según adelanta el diario Levante-EMV, la magistrada Isabel Rodríguez Guerola ha dictado una resolución para que inicien sus declaraciones a finales de marzo los acusados vinculados al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y al exdirector General de la Policía Nacional Juan Cotino.

Un día después de levantarse el secreto de sumario de la última parte del caso Erial, la magistrada ha retomado las declaraciones que se suspendieron el pasado octubre. Los primeros en pasar por el juzgado serán Juan Cotino y Vicente Cotino (tío y sobrino). Junto a ellos ha sido citado como imputado el sucesor de Zaplana en la Generalitat, José Luis Olivas, por pagar -según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil- una comisión de 580.000 euros a Vicente Cotino por "mediar" en la venta de acciones de la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA. Sedesa Inversiones, empresa de los Cotino, participó y se benefició de la trama, indica el informe.

A los Cotino y a Olivas les seguirán las declaraciones del propio Eduardo Zaplana, y los hermanos Elvira y Saturnino Suanzes, que ejercieron de presuntos testaferros en las cuentas de Andorra; la secretaria del exministro, Mitsouko Henríquez y el empresario benidormí, Edgard Bataouche. Finalizada esta tanda, está prevista la nueva citación de Maria Zaplana y su marido Luis Iglesias, además de la esposa del exjefe del Consell, Rosa Barceló.

En el caso Erial están acusados por los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

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