El juez que investiga a Carlos Fabra acepta que el PSPV ejerza la acusación popular pese a las reticencias del empresario Fernando Roig
El PSPV-PSOE ejercerá la acusación popular en el caso que investiga al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra previo pago de una fianza de 3.000 euros. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, en un auto del pasado 4 de febrero, ha admitido la personación de los socialistas en la causa que investiga el presunto intento de “despatrimonialización” de Fabra y su familia para evitar el pago de sus deudas con Hacienda.
El auto señala que la personación de los socialistas castellonenses es “pertinente” al tratarse de un partido político que defiende los intereses generales en la causa que instruye el juez Jacobo Pin. La resolución impone una fianza “proporcionada y equitativa” de 3.000 euros.
La defensa del empresario Fernando Roig, investigado en la causa y cuyo club de fútbol recibió 18,7 millones de euros en patrocinios del Aeropuerto de Castelló, presentó un escrito en el que se oponía a la personación del PSPV-PSOE como acusación popular aludiendo a “requisitos internos” del partido. El juez rechaza la argumentación de Roig al tratarse de “meras alegaciones de parte”. Así, la defensa del empresario alude a los Estatutos del PSPV-PSOE “sin indicar qué extremo concreto de estos se incumple” con la solicitud de los socialistas.
La instrucción, en la que figuran como investigados empresarios de primera línea de Castelló, investiga los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, frustración de la ejecución y uso de información privilegiada. El juez, en tres años de pesquisas secretas, ha detectado supuestos préstamos al expolítico del PP que nunca fueron devueltos. La investigación también ha permitido reabrir la causa del campo de golf de Borriol.
Carlos Fabra abonó, tras la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Castelló, un millón de euros a Hacienda pero le faltaba pagar otro millón, por los intereses y la multa. El magistrado Jacobo Pin ha seguido la pista del patrimonio del expolítico por las “sospechas de posibles ocultamientos de bienes y/o transmisiones fraudulentas en fechas cercanas a la condena penal”. La instrucción también detectó que Carlos Fabra compró fincas colindantes a los terrenos que posee el exalcalde de la Vall d'Alba, investigado por corrupción en el mismo juzgado.
El PSPV-PSOE presentó su escrito solicitando la personación como acusación popular el pasado 22 de enero. El líder provincial del partido, Ernest Blanch, aseguró que “queremos justicia para Castelló, no solo por el dinero que se podían haber invertido en escuelas, carreteras y hospitales, sino también por el mal que se ha hecho al propio nombre de la provincia, convirtiéndola en sinónimo de corrupción”.
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