Los anales de la Universitat de València aún cuentan con varias varias lagunas en el siglo XX. El franquismo depuró de la institución académica vidas, obras e ideas y trató de que quedaran borradas de la realidad social. Profesores, académicos y rectores perdieron sus honores por su filiación política. En el 80 aniversario de la ejecución del rector Joan Peset Aleixandre, la universidad pública valenciana busca reparar la memoria de sus máximos dirigentes represaliados, rectores y catedráticos.
La institución académica trabaja con el Ministerio de Universidades en una petición de reparación de las represalias emprendidas por el franquismo al finalizar la guerra civil, un proceso administrativo que se anticipa complejo –dada la ingente documentación a presentar para recuperar la graduación académica– y un proceso de desagravio de figuras insignes que fueron despojadas de su máximo galardón. El equipo de la rectora, Mavi Mestre, trabaja en los expedientes de varios rectores y decanos para que el Consejo de Ministros garantice su validez legal, recopilando información de los procesos de represalias.
Según ha podido saber elDiario.es, la institución trabaja en la recuperación documental de las aportaciones de José Puche (rector entre 1936 y 1939), Ramon Velasco (rector en funciones entre 1938 y 1939), Luis Gonzalvo (vicerrector de 1936 a 1937) y Adolfo Miaja de la Muela (decano de Derecho entre 1967 y 1970).
“Gran parte de la trayectoria vital de Puche fue la de un republicano sin república”, exponen Josep Lluis Barona y Maria Fernanda Mancebo en su estudio sobre el científico, catedrático en Fisiología General, Química Fisiológica y Fisiología Especial. Procedente de la burguesía liberal, el doctor puso en marcha varios institutos científicos –Alimentación, Sanidad e Higiene– desde diversas instituciones académicas. Como el doctor Peset Aleixandre, fue uno de los dirigentes más significativos de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña refundado en Valencia en los años previos a la guerra. “Ligado a José Giral y a Manuel Azaña desde los años treinta, es otro de los profesionales que no dudaron en sacrificar su carrera y su quehacer científico por servir al pueblo de España, en su concreción política republicana”, añade Mancebo.
Con el golpe de Estado, Puche se apresuró a enviar al presidente un telegrama rechazando el golpe militar y manifestando su adhesión y la de la universidad al gobierno legítimo de la República y se mantuvo al frente de la institución otros tres años, siendo además director general de Sanidad del ejército republicano. A los 43 años fue responsable del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, que le llevó al exilio en París y años después en México, donde continuó su trayectoria científica hasta su fallecimiento en 1979. El rector Ramón Velasco ostentó el título de forma accidental en el último período de la guerra y por su calidad de decano más antiguo, sucediendo a Puche cuando fue nombrado inspector de sanidad del ejército.
Gonzalvo, vicerrector entre 1936 y 1937, fue catedrático de Arqueología, Numismática y Epigrafía e impulsor de la creación del Laboratorio de Arqueología (1921) y durante el curso 1936– 1937 del Instituto de Idiomas, que sería el antecedente de la futura Facultad de Filología de esta universidad. Con la ocupación de la Universidad por el quintacolumnista Manuel Batlle el 29 de marzo de 1939, Gonzalvo fue depurado junto con otros profesores en el curso 1939–1940, con una jubilación forzosa.
La institución académica también busca reparar la memoria de Adolfo Miaja de la Muela, catedrático de Derecho y destacado internacionalista español. Miaja fue juzgado y condenado en consejo de guerra, del que fue absuelto en 1948 en vista de su reingreso en la cátedra. Fue condenado a 12 años de prisión y obtuvo la libertad condicional con indulto de la pena principal en 1941, dedicándose a la enseñanza privada autorizado por el rector de Valladolid.
La Universitat de València aún se muestra cauta con los procesos administrativos, que dependerán del Ministerio de Universidades y del Consejo de Ministros para ser autorizados, pero entre sus previsiones ha marcado un acto antes de finalizar el año para comenzar a reparar la memoria de sus rectores y catedráticos
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