Leyes que no se cumplen, mujeres perjudicadas

Háganse las leyes que transforman y mejoran la sociedad en que vivimos. Pero, sobre todo, cúmplanse estas leyes, llévense a la práctica, sin permitir trampas por acción u omisión. Solo es necesaria una voluntad política firme y coherente y el coraje suficiente para afrontar los obstáculos que surgirán.

La ley 17/2017 de 13 de diciembre de la Generalitat Valenciana se refiere a la coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana. En sus tres años y medio de existencia ha sido cuestionada, denunciada y modificada, hasta conseguir boicotear uno de sus objetivos principales que no era otro que conseguir la presencia equilibrada de mujeres y hombres en su plantilla.

El conflicto principal, aunque no el único, surge de su Disposición Transitoria Séptima, que establece medidas correctoras de la desigualdad de género en los Cuerpos de Policía Local. Hay que ser muy miope, casi hasta la ceguera total, para negar que, hoy por hoy, y así seguirá siendo si no se toman medidas para evitarlo, la Policía Local está formada principal y mayoritariamente por hombres.

No sucede solo en el País Valenciano, sino que es una realidad existente en todo el Estado (un escaso 11% de mujeres) muy lejos de otros países como Holanda o Suecia donde las mujeres ocupan alrededor del 30 % de la plantilla. Con todo, es difícil digerir el hecho de que sólo un 1% de todos los Cuerpos de Policía local de la Comunidad Valenciana tenga más de un 30% de mujeres en la plantilla, mientras que un 13% afirme tener plantillas totalmente masculinizadas.

No obstante, se entiende la fotografía sabiendo que la incorporación de las primeras mujeres al Cuerpo de la Policía Municipal de Valencia se produjo en 1981 en condiciones que serían cómicas si no denotarán una brutal desigualdad, como la exigencia de ser solteras o vestir un uniforme totalmente ajeno a las funciones laborales a desempeñar. En cualquier caso, lo difícil es explicar la raquítica progresión del número de éstas en una sociedad en la que algunos consideran que la igualdad entre mujeres y hombres es una asignatura superada.

Alguien se preguntará sobre la necesidad de que haya mujeres en la Policía Local, achacando la exigencia a una mera cuestión formal o a la subordinación a ese movimiento feminista, tan impertinente y guerrero, que se empeña en llevar a las mujeres a todos los espacios pulverizando esa premisa tan cómoda como injusta, que defiende hacer las cosas como se han hecho siempre.

Quizás no acaban de entender que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad son la representación de la sociedad a la que sirven por lo que excluir de sus filas a quienes componen la mitad de la población es un acto claramente injusto y discriminatorio. Tampoco acaban de percibir que la aportación de las mujeres policías a las labores asignadas a las policías locales es relevante y esencial en la medida en que aportan perspectivas, cualidades y habilidades que ampliarían la efectividad del trabajo realizado.

Por todo ello, la Generalitat Valenciana aprobó una ley en 2017 que fijaba un porcentaje de reserva de las plazas convocadas en cada oferta de empleo para mujeres. No había ninguna pretensión de permanencia de la medida. Al alcanzarse un equilibrio razonable entre ambos sexos, la medida decaería, una vez cumplido su objetivo.

¿Cuál es el problema? Quizás, visto lo visto, todo se debe a que es una ley ambiciosa y con lectura a largo plazo, lo que no suele ser usual. Quizás la voluntad política que respaldó la aprobación de la ley no era, ni es, lo suficientemente firme y consecuente como resistir las presiones que inmediatamente se produjeron para dificultar su aplicación. Que una cosa es escribir en los despachos y aprobar en los foros políticos y otra torcer la mano de quienes dirigen una organización con una visión totalmente androcéntrica, desde cúpulas donde se gestionan las grandes y pequeñas decisiones, compuestas casi exclusivamente por hombres.

La oposición desatada era previsible y requería la claridad ideológica necesaria para hacerle frente junto con la firmeza para seguir adelante en medio del ruido judicial, dando siempre apoyo a una Ley que no nació para perjudicar a nadie sino para mejorar una profesión de vocación claramente social e igualitaria. Que haya habido reclamaciones e impugnaciones causantes de sentencias de todo tipo era de esperar. Pero lo decepcionante es que los poderes públicos, desde grupos políticos a gobiernos municipales no hayan hecho suya la causa de la igualdad que se defiende en la Ley a pesar del apoyo prácticamente unánime que recibió en su momento.

Porque muchos, demasiados, se han puesto de perfil, repentinamente silenciosos y pasivos. Solo Sindicatos de clase como Comisiones Obreras ha mantenido de forma permanente una actitud beligerante en defensa de la Ley que le ha reportado críticas y descalificaciones, como suele ser habitual.

Habrá que seguir en el empeño, haciendo la pedagogía necesaria para vencer reticencias patriarcales y convencer de que las diferencias de sexo suman y no restan, en la medida en que aportan un valor propio y singular que enriquece la profesión. Se trata no solo de defender a las mujeres policías que están hoy y deben poder acceder mañana, sino de conseguir un cuerpo profesional, moderno y eficaz, al servicio siempre de la ciudadanía.