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La rebaja de impuestos de Ximo Puig, en su contexto

Ximo Puig (PSPV), la vicepresidenta Aitana Mas (Compromís) y el vicepresidente Héctor Illueca (Unides Podem), en las Corts Valencianes.

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La confusión del mundo parece acentuarse en algunos momentos. Ahora mismo, acaba de alcanzar el poder la extrema derecha en Italia, mientras en Brasil el expresidente Lula da Silva se dispone a desalojar al más ultra de los gobernantes. La Comisión Europea aboga por intervenir los beneficios “caídos del cielo” de los bancos y de las empresas de energía y por subir impuestos a los que más tienen y a las grandes empresas para hacer frente a la inflación y a la crisis derivada de la invasión de Ucrania por las tropas de Putin, mientras en el Reino Unido la nueva primera ministra, la conservadora Liz Truss, hace todo lo contrario, aplica una rebaja fiscal que parece sacada de las recetas más radicales de Margaret Thatcher y hunde la economía británica. Los dogmas de la era neoliberal ya no funcionan en medio de las turbulencias políticas, económicas y sociales de una crisis de la globalización como la que estamos experimentando.

Sería difícil entender muchas de las cosas que ocurren sin ponerlas en ese contexto. También la decisión del presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, de rebajar este año, en la parte en la que tiene competencias para ello, el IRPF a las rentas inferiores a 60.000 euros. El anuncio ha sacudido la política española esta semana, ha descolocado a la oposición y, en medio de la polémica por la insistencia de la derecha en la rebaja fiscal, ha disgustado al Gobierno, que sin embargo ha acabado anunciando un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para rebajar en la misma línea el IRPF de los sueldos bajos (rentas de menos de 21.000 euros), aunque también para aumentar la presión sobre las rentas de más de 200.000 euros, con un impuesto provisional de “solidaridad” sobre los patrimonios que superen los tres millones de euros.

La revisión fiscal de Puig pretende “acompasar el IRPF a los efectos de la inflación, intentando proteger la capacidad adquisitiva de las rentas bajas y medias, al menos, en la parte de las mismas que se destina a pagar ese impuesto”, ha explicado en este mismo diario el economista José Antonio Pérez, que añadía: “No está bajando el impuesto, está evitando que suba”. El presidente concretó la reducción impositiva en el debate de política general en las Corts Valencianes, días después de que su homólogo de Andalucía, Juan Manuel Moreno, siguiera los pasos de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también del PP, para suprimir el impuesto sobre el patrimonio, entre acusaciones del propio Puig y de otros, de “dumping fiscal”. Y se podría pensar que la iniciativa del jefe del Consell valenciano era una respuesta, pero lo cierto es que Puig ya había anunciado, sin detallarla, la “revisión fiscal” unas semanas antes. “Unos bajan impuestos a los más ricos, aquí se ayuda a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad”, aseguró para defender sus medidas, diseñadas con carácter progresivo, de forma que 101 de los 150 millones de euros de ahorro previstos se producirán entre los contribuyentes de menos de 30.000 euros de renta anual.

Lo cierto es que el Pacto del Botánico, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, se encontró en 2015, cuando llegó al Gobierno de la Generalitat Valenciana, con el sistema fiscal más regresivo entre las comunidades autónomas en España, fruto de dos décadas de gobiernos del PP, y le dio la vuelta. Bajo un camuflaje de deducciones de poco alcance, los gobiernos de la derecha hacían pagar más IRPF a las rentas medias y bajas y exigían menos contribución a las rentas altas y las grandes fortunas. Un informe de expertos sobre la reforma tributaria lo explicaba así: “Contrastando los tipos de la escala valenciana y los del resto de escalas, incluida la estatal complementaria, inmediatamente se observa que el valenciano es el tipo más alto de todos sobre los dos primeros tramos de renta, hasta los 12.450 euros, igualándose también a los más altos para el tercer tramo de renta, hasta 17.000 euros. En cambio, queda entre los más bajos para los niveles superiores de renta, con el efecto innegable, pues, de que el IRPF resulta en la Comunidad Valenciana más regresivo que en el conjunto de territorios autonómicos, al gravar más los niveles más bajos de renta y en menor proporción que las otras autonomías los niveles más altos de riqueza”.

Ante esta situación heredada, a finales de 2016 el nuevo gobierno de izquierdas acometió una reforma de los impuestos que revirtió la situación, situó por debajo de la media los tipos para las rentas de menos de 55.000 euros y los llevó por encima de la media para rentas de más de 60.000 euros, con incidencia creciente en aquellas que superan los 90.000, los 120.000 y los 175.000 euros. El entonces conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, lo explicó así: “La nueva tarifa autonómica del IRPF supone un hecho determinante, ya que por primera vez en la Comunitat Valenciana se hace realmente efectiva la progresividad de la escala autonómica del IRPF”.

Con el argumento de la justicia tributaria, en 2020, en una tensa negociación de los Presupuestos del año siguiente forzada por la entonces vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, el Pacto del Botánico elevó más los impuestos a los más ricos, mediante una subida que afectaba al 0,6% de los contribuyentes con un peso del 14% sobre lo recaudado, mejoró las deducciones al alquiler de vivienda e introdujo un gravamen sobre las empresas eléctricas, entre otras medidas.

En el debate de política general en el que Ximo Puig ha anunciado la rebaja de impuestos a rentas medias y bajas, el último debate de este tipo de la legislatura dado que en unos meses se celebrarán elecciones autonómicas, las tres formaciones de la izquierda valenciana han aprobado una resolución en la que declaran su intención en próximas reformas de “aumentar la contribución de las rentas más altas”. Si ese incremento se hubiera introducido ya en la revisión que ha anunciado Puig este año, si el actual conseller de Hacienda, el socialista Arcadi España, se hubiera encontrado en la necesidad de negociar contrapartidas con sus socios de Gobierno, la iniciativa, que no rompe el planteamiento fiscal del Pacto del Botánico (entre otras cosas, porque mantiene los impuestos de sucesiones y de patrimonio), se habría situado ya en la misma senda que finalmente ha emprendido el Gobierno de España: recorte de impuestos por abajo y subida por arriba de la escala. Probablemente eso habría ocurrido si Compromís no estuviera atravesando una fase de recomposición tras la traumática dimisión de Oltra. Y tal vez habría resultado más inteligible para la izquierda en un mundo en el que crece la preocupación por el aumento de la desigualdad y en el que organismos internacionales poco proclives a ello abogan por políticas redistribuidas. De hecho, Podem se ha pronunciado en ese sentido, el de incluir algún aumento impositivo para las rentas más altas, de cara a la negociación de los Presupuestos de 2023. En todo caso, la del Gobierno valenciano no es, en absoluto, una rebaja de impuestos para los ricos.

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