El Parlamento valenciano pide un ingreso mínimo vital para familias sin recursos
El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles una proposición no de ley presentada por el grupo socialista en la que se pide al Consell que inste al Gobierno central a implantar un “ingreso mínimo vital” para atender a las familias con una situación de necesidad por falta de recursos económicos de cualquier naturaleza.
La iniciativa, que ha contado con el apoyo de Podemos, Compromís y PSPV y la abstención de Ciudadanos y PP, plantea que para ese efecto “se establecerá una nueva modalidad no contributiva dentro de las prestaciones familiares de la seguridad social, que consistirá en una asignación económica cuya cuantía será igual al 100% del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) mensual vigente actualmente e irá incrementándose de manera progresiva” y que también aumentará en función del número de miembros a cargo en la unidad familiar.
Asimismo, plantea que de forma inmediata se regule la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, en los términos establecidos en la modalidad no contributiva de las prestaciones familiares de la seguridad social, con independencia de la situación laboral o social de la familia, incrementando su cuantía, de forma escalonada, en función de las rentas familiares.
Desde el PP, la portavoz adjunta María José Català ha asegurado no entender el objeto de esta iniciativa cuando las Corts ya aprobaron por unanimidad la modificación de la Renta Garantizada de Ciudadanía con una cuantía también del 100% del indicador del IPREM y ha considerado que con esta propuesta “quieren esconder la nefasta gestión del pago” de esta renta, que según ha dicho acumula “22 meses de impago”, y “pasarle la pelota al Gobierno”.
El diputado de Ciudadanos Alberto García ha justificado la abstención de su grupo, más allá del contenido de la propuesta, precisamente por la existencia de esta renta y la diputada socialista Concha Andrés ha asegurado no entender esta postura porque el ingreso mínimo vital figuraba en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Ciudadanos tras el 20D.
Ayudas no condicionadas a las deudas
Por otra parte, las Corts han aprobado por unanimidad instar al Consell a que, a su vez, pida al Gobierno modificar el artículo 13.2 de la Ley de Subvenciones y el artículo 189.2 de la de Haciendas Locales para garantizar la percepción de las ayudas consideradas de emergencia social o de ayudas para material escolar, libros de texto, comedor a todas aquellas personas que las puedan necesitar y que puedan justificar que el motivo por el que no se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias es alguna situación de vulnerabilidad social.
Según ha explicado la diputada de Compromís Maria Josep Ortega, estas normas ponen como requisito a las personas beneficiarías de la ayuda no tener ninguna deuda tributaria, ni a la Seguridad Social ni con la misma entidad, sin ninguna excepción, y ha indicado que no tiene lógica que quien “no tiene recursos suficientes para suministros básicos esté al corriente de las obligaciones tributarias”: “¿Quién prioriza el pago del IBI a que coman sus hijos?”, se ha preguntado.
La iniciativa también pide que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se declaren inembargables las ayudas de carácter social y que el Consell inicie una campaña informativa en los municipios para que se detalle el procedimiento a seguir desde los departamentos de Intervención para garantizar que las ayudas lleguen a sus destinatarios. Ortega ha dicho tener conocimiento de que, en efecto, se están denegando ayudas a personas por tener deudas con la administración en estos momentos.
El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha señalado que ese requisito de estar al corriente en los impuestos es “de cumplimiento casi imposible” y también ha defendido la enmienda planteada por su grupo, que pide al Consell que considere la inclusión en la futura Ley de Servicios Sociales de la Comunitat o en la norma legal apropiada una excepción que exima de ese requisito.
Desde el PP Rubén Ibáñez ha señalado que el gobierno valenciano podía haber hecho “mucho más” para garantizar esas ayudas y ha indicado respecto a la petición de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el Gobierno del PP ya declaró inembargables las ayudas sociales en julio de 2015.
