La derecha de Alicante utiliza el Ayuntamiento, con el voto de Vox, para reprobar a Sánchez por sus pactos de investidura

El bipartito de Alicante, formado por PP y Ciudadanos, ha aprobado este jueves una declaración que ha salido adelante gracias a los votos de Vox (en ese ayuntamiento no es necesaria la unanimidad para sacarlas adelante como en la mayoría de instituciones) en la que se censura al Gobierno de Pedro Sánchez por sus apoyos en la investidura.

Presentada por el equipo de gobierno, ha contado con el voto contrario de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. Las portavoces municipales Partido Popular, Mari Carmen de España, y de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, han querido de esta forma mostrar “el respaldo del consistorio alicantino a todos los órganos constitucionales”.

Por ello, han exigido al presidente del Gobierno que “explique la verdadera naturaleza de sus pactos con populistas, independentistas y herederos de ETA, que haga público el documento que ha firmado con ellos para ser elegido presidente y que rompa dichos pactos por ser contrarios a la Constitución, la ley y el interés general de España y los españoles”.

En un texto cargado de alusiones a Cataluña y al País Vasco, los socios de gobierno han justificado llevar al pleno ordinario una declaración institucional porque “afecta directamente al interés general de todos los españoles, de la cual los alicantinos forman parte indisoluble según establece sin ningún género de dudas el artículo 2 de nuestra Constitución”, ha dicho de España, quien ha añadido que es pública y notoria “la pretensión de nacionalistas y separatistas catalanes, respaldados por sus homólogos vascos, de reivindicar la independencia de España”.

No es la primera vez que el equipo de gobierno utiliza el Ayuntamiento para tratar cuestiones ajenas a la política local. A finales del año pasado, el alcalde popular Luis Barcala forzó un debate en el pleno de octubre sobre la sentencia a los responsables del procés, pese a los intentos de Unides Podem y Compromís de frenar esta declaración institucional alegando el informe del secretario municipal de octubre del año anterior en el que concluía que “las declaraciones institucionales de interés general para el Estado Español, Unión Europea o ámbitos superiores no deberían tratarse en pleno, salvo cuestiones que siendo de interés general afectan al municipio de Alicante, aun cuando no sean asuntos de la estricta competencia de los órganos del Ayuntamiento”.

Contrarios al plurilinguïsmo

A su vez, el pleno del Ayuntamiento de Alicante ha pedido al Consell “que garantice el derecho de los padres a la elección de la lengua vehicular en la educación de sus hijos, y que derogue los artículos de la Ley 4/2018, del 21 de febrero” de la Generalitat Valenciana. La declaración institucional, de nuevo presentada por el equipo de gobierno, únicamente ha contado con el visto bueno de Vox.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha señalado: “Defendemos la pluralidad y el derecho que tienen las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos. El Estado no puede sustituir a las familias con el único objetivo de imponer un modelo único en valenciano” y acabar con el derecho de las zonas castellanohablantes“. Además ha indicado: ”Vamos a reclamar y velar por que haya una oferta suficiente de horas en castellano y en valenciano para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir la lengua en la que quieran que sus hijos sean escolarizados“.

Por su parte, la concejala de Educación Julia Llopis ha defendido que se ha presentado para “garantizar el derechos de los padres a elegir la lengua vehicular, ya que  todos los valencianos tienen el derecho a conocer y a usar la lengua valenciana en el Estatuto”, reclamando al Pleno “que inste al Consell de la Generalitat Valenciana a derogar los artículos de la Ley 4/2018 de 21 de febrero de la Generalitat por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, que supongan la vulneración a las excepciones contempladas en la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano”.

“En el año 2016 llenamos la plaza del Ayuntamiento de Alicante defendiendo la libertad de los padres a elegir la educación, y en 2017 consiguió en señor Marzà [conseller de Educación] que saliéramos la escuela pública y concertada de la mano porque nos unen nuestros hijos luchando por un decreto de plurilingüismo que era discriminatorio ya que  había niños básicos para castellano, niños avanzados para el valenciano”, aseveró la edil de Educación.

Contra el pin parental

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alicante se ha sumado a otros municipios de España como Lorca, en Murcia, o la Diputación de Sevilla, para rechazar el pin parental, la polémica medida que Vox está tratando de implementar en las escuelas.

Presentada por el grupo municipal de Unides Podem, la declaración ha contado con el apoyo del resto de grupos, lo que incluye a Ciudadanos, a excepción de Vox y el Partido Popular, que han votado en contra.

De esta forma, el partido naranja se inhibe y no sigue la línea de sus socios del PP. La declaración institucional permite dar “apoyo a la legislación vigente en materia de derechos de los niños y el rechazo a cualquier pretensión de vulneración mediante la censura educativa que posibilite a los padres privar a sus hijos de recibir enseñanza y formación en valores constitucionales tales como el derecho a la igualdad, a la no discriminación por razón o a desarrollar una identidad o personalidad propia”.