Tres condenadas por la pieza de Fitur del caso Gürtel piden el indulto
Tres de los ocho condenados por el llamado caso Fitur, una de las seis piezas de la rama valenciana de la trama, han pedido que se suspenda su ingreso en prisión mientras se resuelve el indulto que han pedido al Ministerio de Justicia, han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Se trata de Mónica Magariños, empleada de las empresas de Francisco Correa; Isabel Jordán, administradora de varias empresas de la trama Gürtel, y Ana Grau, ex alto cargo de la Conselleria de Turismo, quienes han pedido la suspensión de la ejecución de la pena de prisión hasta que se pronuncie el Gobierno sobre su indulto.
La primera y la tercera han sido condenadas a sendas penas de tres años de cárcel, mientras que Jordán afronta seis años de prisión, según la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del TSJCV.
Magariños, Jordán y Grau son tres de las ocho personas condenadas por el caso Fitur que permanecen en libertad, ya que desde hace más de un año están ya cumpliendo condena por esta causa los cabecillas de la Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes.
El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha citado para este miércoles, después de que el Tribunal Supremo confirmase las condenas, a esos ocho condenados para que ingresen voluntariamente en prisión al día siguiente.
Se trata de Cándido Herrero, Rafael Betoret, Jorge Guarro, Mónica Magariños, Ana Grau e Isaac Vidal, que tenían que acudir a la sede del TSJCV entre las 9 y las 12 horas de este miércoles, mientras que Jordán y la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez han evitado tener que ir al aceptar el TSJCV su petición de acudir directamente a la prisión que haya elegido para cumplir la condena.
En el caso de Magariños, su defensa ha presentado una petición, a la que ha tenido acceso Efe, para que se suspenda la ejecución de la condena mientras se resuelve el indulto y en tanto que la sentencia del Supremo, que confirmó la del TSJCV, no adquiera total firmeza por tener pendiente de resolver escritos de aclaración y estar también pendiente un recurso de amparo ante el TC.
En el indulto al Gobierno, Magariños alega “los perjuicios familiares, personales y económicos graves e incalculables” que sufriría si se hiciese efectiva la pena de 3 años de prisión, que desestructuraría “una vida hecha”.
Añade que carece de antecedentes penales y que nunca tuvo ninguna función directiva en las empresas de Correa, sino que más bien hacía “labores de mero trámite” y que estaba “subordinada” a sus jefes, pues era “una mera secretaria” y la “única administrativa condenada en esta causa”.
Por ello, apela a “razones de justicia y equidad” para que se suspenda la ejecución de la condena, que en sí misma supone “un reproche jurídico penal suficiente” y conlleva “la reeducación y reinserción social buscada por la pena impuesta”.
Mónica Magariños, que mañana debe ingresar voluntariamente en prisión, fue condenada a 3 años de cárcel (1 por asociación ilícita y 2 por malversación) y a 10 de inhabilitación, además de al pago de una multa de 1.800 euros.
