La Generalitat valenciana contrata por un millón a una empresa de “mediación inmobiliaria” que 'desokupe' sus VPP porque solo tiene dos funcionarios

El Gobierno valenciano sigue adelante con su estrategia contra la ocupación irregular de las viviendas del parque público, un programa en el que está poniendo gran interés comunicativo y presupuestario. Tras anunciar la compra de un sistema de alarmas, por cerca de medio millón de euros, y la contratación de empresas de vigilancia privada en algunos grupos de inmuebles, la Conselleria de Vivienda que dirige Susana Camarero lanza ahora un contrato para buscar una empresa que 'desokupe' los inmuebles.

El valor del contrato roza los 800.000 euros sin IVA para los próximos seis años, valor que con impuestos se eleva al millón. Su objeto es “servicio de intervención para la recuperación de viviendas del parque público de viviendas de la Generalitat adscritas a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA)”. En los pliegos de contratación, la Generalitat deja ver el sistema que quiere para el parque público: un servicio que actúe en una hora desde que salte el aviso, represente a la empresa pública de vivienda y pueda recuperar los inmuebles. La entidad pública de vivienda lo justifica sobre tres pilares: que hay muchos expedientes, la mitad del personal para atenderlos y que conlleva “alta carga emocional y riesgo físico”.

El contrato, según los informes de la EVHA, prevé “un servicio de urgencias 24 horas” para los intentos de intrusión, que cuente con personal que se plante en el lugar en el que se reciba el aviso y ponga en marcha el “protocolo antiokupación”, coordinándose con la Policía y “la instalación urgente de puertas antiokupación, alarmas u otros sistemas de protección”. Los informes hacen hincapié en la coordinación con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en numerosas ocasiones.

Ese servicio 24 horas también debe “coordinar las actuaciones necesarias para restituir la posesión en el menor plazo posible” y denunciar las ocupaciones y daños al inmueble. Esto podrá “prestarse con personal propio o mediante acuerdos con terceros”; es decir, que cabe la externalización con otra empresa más para “restituir la posesión” de las viviendas.

La empresa también debe hacerse cargo de trámites administrativos y judiciales y representará a la entidad pública en los procesos para recuperar inmuebles. Se les dará acceso al sistema informático con el que la Generalitat gestiona la vivienda pública. El informe recoge que debe garantizar la “presencia y asistencia en las actuaciones de ejecución de los autos de entrada, asegurando la adecuada representación de EVHA y la correcta documentación de las actuaciones realizadas”. La entidad que depende de la Conselleria de Vivienda recuerda que todo ha de hacerse “garantizando en todo momento el respeto a los derechos de las personas afectadas, la seguridad de los intervinientes y la coordinación efectiva con los servicios públicos y empresas colaboradoras implicadas”.

Se pide que la empresa tenga, como mínimo, “un coordinador jurídico, responsable de la dirección del servicio y la disponibilidad permanente para la atención de avisos” y tres inspectores técnicos adscritos al servicio, que deben cumplir el convenio de empresas de gestión y mediación inmobiliaria.

En el informe, la EVHA señala que tiene más de 500 expedientes administrativos de recuperación de la posesión, entre los que se incluyen más de 300 ocupaciones sin título, un “elevado volumen” que justifica la externalización “y la necesidad de contar con un servicio de apoyo técnico especializado que permita dar respuesta rápida, coordinada y segura en todo el territorio autonómico”. El presidente de la Generalitat aseguró que de las 14.500 viviendas del parque público en la Comunitat Valenciana, “aproximadamente el 13 por ciento están ocupadas de manera ilegal”.

La entidad pública señala que solo cuenta con dos personas en activo para toda la Comunitat Valenciana, “lo que impide atender con la celeridad y continuidad necesarias las incidencias que se producen”. A ello se suma “la alta carga emocional y el riesgo físico y psicológico que comportan estas intervenciones, circunstancia que refuerza la conveniencia de externalizar el servicio para garantizar la rotación del personal interviniente y una actuación profesional, segura y respaldada institucionalmente”.