Mónica Oltra, sobre la reforma de la financiación: “Si cuentan más los kilómetros cuadrados que las personas, estamos siendo injustos con las personas”

“Si cuentan más los kilómetros cuadrados que las personas, estamos siendo injustos con las personas”. Así de contundente se expresaba la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, al defender que debe primar el criterio de la población ajustada frente a otras cuestiones, como la despoblación, en la reforma del sistema de financiación autonómica. Por eso ha defendido las alegaciones de la Generalitat Valenciana, que ponen a las personas “en el centro de la financiación”, al tiempo en que insistía en que son positivas para el conjunto de España: “Al final, quien enferma es una persona”.

Oltra, quien se ha referido así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, le ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un trato “justo y constitucional”. “Queremos un sistema de financiación que nos trate con justicia y acabe con la discriminación que sufrimos desde hace décadas”, ha dicho, y ha instado a los partidos políticos a que sean “coherentes” entre lo que defienden en la Comunitat Valenciana y lo que votan “en Madrid”, en referencia al Congreso de los Diputados.

El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Hacienda presentó el documento de trabajo sobre el criterio de reparto de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Esta misma semana, la comisión de expertos presentaba su informe a la comisión mixta y a la Plataforma pel Finançament Just, un documento que será enviado al Ministerio como alegaciones de la Comunitat Valenciana a la propuesta inicial de Hacienda.

La Generalitat insistirá en que se priorice el criterio de población ajustada sin correcciones en la reforma del sistema de financiación, siguiendo el criterio de los expertos valencianos, que consideran que el nuevo modelo debe eliminar las disfunciones del vigente, como el fondo de suficiencia, e incorporar la deuda histórica a los cálculos. También insisten en pedir un fondo de nivelación transitorio en 2022 hasta que llegue la “inaplazable” reforma, un mecanismo transparente para compensar la deuda histórica a las autonomías infrafinanciadas y que el Gobierno garantice la suficiencia financiera para mantener el Estado del Bienestar.