Los sindicatos instan al Consell a exigir el valenciano a los funcionarios de la Generalitat
Los sindicatos de CC OO PV, UGT-PV e Intersindical valenciana han firmado este martes un acuerdo “histórico” y “de consenso” que insta al Consell a garantizar la competencia lingüística en valenciano de todos empleados públicos la Administración valenciana a través de cursos intensivos y de reciclaje de diferentes niveles, según el puesto que desempeñen.
El documento, que recoge un total de 9 propuestas concretas con el objetivo de “compensar las deficiencias que todavía presenta” la Administración valenciana en el conocimiento y uso del valenciano, aspira a ser recogido en la futura Ley de la Función Pública que prepara la Generalitat y que se llevará a las mesas de negociación a finales de enero.
Las medidas que sugieren los sindicatos alcanzarían a unos 190.000 trabajadores públicos --118.000 de la Generalitat, 53.000 de entidades locales y 18.000 de las universidades--, dado que los 35.000 empleados que dependen de la Administración estatal no estarían obligados.
El acuerdo, alcanzado tras seis meses de negociaciones, ha sido presentado en La Nau por el vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universitat de València, Antonio Ariño, y los secretarios generales de UGT-PV, CCOO PV e Intersindical, Ismael Sáez, Paco Molina y Vicent Mauri, respectivamente.
El un acto ha contado con la presencia de entidades que han impulsado el acuerdo como ACPV y Escola Valenciana, además de políticos de PSPV, Compromís, EUPV y ERPV, o representantes institucionales como el secretario autonómico de Justicia, Administración pública, Reformas democráticas y Libertades públicas, Ferran Puchades.
Para asegurar la competencia lingüística de los empleados públicos, el documento insta al Gobierno del Botànic a garantizar su enseñanza y fomentar medidas de reciclaje. En los procesos de selección --señala-- se tendrá que acreditar el conocimiento del valenciano en el grado de se determine reglamentariamente.
Asimismo, para la provisión de puestos de trabajo, los sindicatos negociarán su aplicación y niveles de valenciano mínimos a exigir a cada uno.
Excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, si hay necesidad de este personal y no dispone de la competencia lingüística acreditada, se podrán proveer estos puestos de trabajo con carácter no definitivo, mediante un informe que establezca su vigencia y extensión de la exención.
Para facilitar que todas las personas puedan conseguir y acreditar la competencia lingüística requerida en los procesos de selección y en los de provisión de puestos de trabajo, los niveles de conocimiento establecidos entrarán en vigor al año siguiente de su publicación.
“Uso partidista”
El secretario general de Intersindical, Vicent Mauri, ha expresado su “satisfacción” ante este acuerdo que espera el Consell haga suyo y que suponga un “punto de inflexión” en la competencia lingüística del valenciano. “Nunca antes ha habido un acuerdo sindical” en esta materia, por lo que han confiado en que la nueva Ley de la Función Pública incluya “por primera vez” el conocimiento de la lengua para el acceso a la función pública. “Hoy se ha dado un paso importante en la normalización de la lengua”, ha celebrado.
Por su parte, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha resaltado el “consenso” que ha habido para cerrar este pacto y ha destacado la “voluntad” y el “compromiso firme de todos” para situar la lengua y la cultura propias donde corresponde, “hartos del uso partidista” de esta materia.
En esta línea, el secretario general de CCOO PV, Paco Molina, ha destacado que este acuerdo sea asumido por “otras fuerzas que hoy no están aquí, por razones ajenas al contenido, aunque no discrepan demasiado”. Molina ha resaltado así la voluntad manifiesta de un acuerdo suscrito “sin ánimo de confrontar” que “expresa el anhelo de muchas personas” de poder expresarse y ser atendidas en lengua propia.
«Un paso adelante»
Desde Escola Valenciana, su presidente Vicent Moreno ha celebrado el “avance importantísimo” que supone este acuerdo, cuya única intención es que las dos lenguas oficiales de la Comunitat sean tratadas “en igualdad” y ha confiado en que la futura Ley de la Función Pública incorpore estas propuestas y puedan ponerse en marcha a finales de 2017.
Moreno ha señalado que el perfil lingüístico estará en consonancia con el puesto a desempeñar, de modo que se tendrá que hacer una “catalogación de puestos de trabajo”.
También desde ACPV, Toni Gisbert, ha subrayado del “paso adelante” de este acuerdo y el “espíritu de consenso” que ha primado durante el casi medio año de negociaciones para “superar la confrontación” y ha destacado que se ha abordado el tema “de manera generosa”, buscando siempre “los puntos de encuentro”.
El Consell, dispuesto
Por su parte, el secretario autonómico de Justicia, Administración pública, Reformas democráticas y Libertades públicas, Ferran Puchades, ha apuntado que ahora el Gobierno del Botànic lo que tiene que hacer “dar cabida estas demandas en la futura Ley de la Función Pública para que sea una realidad más pronto que tarde la exigencia de la competencia lingüística para poder acceder a la función pública valenciana”.
La idea es presentar una propuesta de ley a los sindicatos a finales de enero para abrir la negociación. “Queremos que sea una negociación rápida” para poder presentar el proyecto de ley a las Corts antes de que acabe el período de sesiones próximo.
Pese a que CSIF y la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) no han suscrito el acuerdo, ha recordado, Puchades espera que puedan incorporarse al acuerdo para que “sea lo más unánime posible”.
