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El plan valenciano de salud mental: infraestructuras específicas, refuerzo de personal y actuaciones transversales para atacar el malestar

El president de la Generalitat, Ximo Puig, presenta el Plan Valenciano de Salud Mental 2023-2026.

Laura Martínez

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La Comunitat Valenciana actualiza su plan de salud mental para adaptar la respuesta del sistema público al crecimiento general del malestar emocional y de los trastornos mentales graves. El Gobierno valenciano, a través de las conselleries de Sanidad, Políticas Inclusivas, Empleo y Educación, coordinadas por el Comisionado de Presidencia para el Plan de Salud Mental, Rafael Tabarés, ha puesto en marcha una batería de medidas transversales para mejorar la respuesta asistencial y desarrollar políticas de prevención y promoción de la salud mental, que comenzarán a funcionar a principios de 2023.

La comunidad autónoma, en la que casi la mitad del gasto sanitario en salud mental se destina a psicofármacos, cuyo consumo ha ido en aumento en los últimos años en una proporción mayor que la de los diagnósticos de trastornos mentales, registra niveles de malestar emocional que preocupan seriamente a los profesionales, como el crecimiento en un 25% de los problemas psíquicos en los jóvenes y las conductas autolesivas.

La respuesta de la Generalitat Valenciana se centrará en la creación y mejora de infraestructuras específicas, el refuerzo de personal -ultimando la contratación de 250 profesionales- y las políticas tranversales preventivas, entendiendo la salud mental como una forma de bienestar colectivo. Entre los varios centenares de medidas a ejecutar en los próximos cuatro años, las más inmediatas son la creación de cuatro hospitales infantojuveniles -tres de ellos ya en marcha-, un centro específico para personas con problemas graves y seis nuevos equipos de atención comunitaria, que se distribuirán por todo el territorio valenciano, para que haya uno por departamento de salud. En la misma línea, se crearán tres unidades de acogida en crisis, una por provincia, para el ingreso de los menores en situaciones muy graves, pero sin las restricciones e inconvenientes del entorno hospitalario, buscando un ambiente terapéutico más acogedor.

El presupuesto de 2023, primer año que el plan plurianual estará en vigor, destinará 40 millones de euros al proyecto dirigido por el comisionado de Presidencia, el catedrático en psiquiatría Rafael Tabarés. “Estamos intentando que la salud mental esté en el centro de la gestión”, ha apuntado el psiquiatra en su intervención, en la que ha recordado que el sistema de respuesta al malestar emocional es “muy deficitario” y requiere de un gran esfuerzo para acercarse a los estándares europeos. El psiquiatra recalca que el género o la posición socioeconómica son factores de vulnerabilidad que agravan el malestar de la persona que sufre, recordando la relación entre la violencia de género y los trastornos mentales: más de un 70% de las mujeres con enfermedades mentales ha sido víctima de violencia machista, y esta violencia es, a su vez, un factor que puede desencadenar problemas psicológicos.

El plan parte de las recomendaciones elaboradas en la convención ciudadana, un proceso deliberativo en el que participaron 80 personas elegidas por sorteo, que, acompañadas de expertos y testimonios en primera persona, consensuaron unas líneas básicas de actuación. Las recomendaciones, evaluadas por expertos y sometidas al proceso de participación pública, con aportaciones de sindicatos, asociaciones de pacientes y familiares, universidades y otros agentes sociales, han germinado en el plan de acción, con medidas para el ciclo 2023-2026.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacado que el plan consensuado en un proceso pionero “sitúa la salud mental en el centro de la agenda valenciana”, ya que se trata de un asunto “clave” sobre el que, durante mucho tiempo, ha primado el “tabú” del silencio y del que la sociedad valenciana debe hacer “causa común”.

Unidades de maternidad, adicciones y prevención del suicidio

El plan se compone de ocho ejes, cada uno centrado en necesidades concretas de la población. El primero, la atención y apoyo específico para las niñas y niños, adolescentes y jóvenes, donde se enmarcan las primeras acciones urgentes en construcción de infraestructuras y contratación de personal. Así, se proyecta la incorporación de seis equipos móviles de intervención comunitaria con la contratación de 24 profesionales, la puesta en marcha de un nuevo hospital de día infanto-juvenil ubicado en Canals con la contratación de 9 profesionales; la reforma y acondicionamiento de las instalaciones de dos nuevos hospitales de día infanto-juveniles en Sagunto y Gandia y la creación de una unidad residencial de acogida en crisis en la provincia de Alicante con la contratación de 18 profesionales. Durante la vigencia del plan de acción se plantean tres unidades residenciales de acogida en crisis, una por provincia.

El segundo eje se centra en la atención y apoyo a las personas con gran sufrimiento psíquico, que se dirige a las personas con las formas más graves y duraderas de sufrimiento psíquico, es decir, las que necesitan un apoyo multiprofesional y continuado. Para ello, se plantea crear a lo largo de 2023 de nueve equipos de tratamiento asertivo comunitario, lo que supondrá la contratación de 54 profesionales, la creación de 3 unidades de maternidad, una en cada provincia, para las mujeres con problemas de salud mental, drogodependencias o conductas adictivas que se plantean la maternidad, formadas por 6 profesionales, así como la creación de un hospital de día en La Pedrera-Dénia para intervenciones intensivas, que dispondrá de 8 profesionales. 

Asimismo, a lo largo de 2023 se iniciará el proceso de adquisición y acondicionamiento de las instalaciones para dos hospitales de día para intervenciones intensivas y complejas en La Alquería Blanca-Hospital La Fe y Alicante, dos unidades residenciales para intervenciones intensivas y complejas en València y en La Pedrera-Dénia, entre otras actuaciones.

El tercer eje se centra en las personas drogodependencias y trastornos de comportamiento, como ludopatía o adicciones tecnológicas de pantalla, y busca reforzar la red de unidades preventivas comunitaria de conductas adictivas, que dependen de Salud Pública y gestionan los ayuntamientos, con la contratación de 85 profesionales durante los años de vigencia del plan, entre otras medidas. 

Para las personas con gran sufrimiento psíquico, el cuarto eje busca que especialmente los más jóvenes, se conviertan en agentes de apoyo mutuo mediante su formación, capacitación y contratación. En este contexto, se considera prioritario un plan de empleo con diferentes medidas para lograr una mayor accesibilidad al mercado laboral. 

El quinto eje garantizar el derecho a una atención personalizada, digna y segura, sin demoras, cercana y que garantice su continuidad. En este ámbito se propone mejorar las ratios de los profesionales con la contratación de 63 profesionales en 2023 para atender lo antes posible a las personas con problemas de salud mental, hacer seguimientos adecuados, facilitar la atención por las tardes y mejorar la equidad entre departamentos o apoyar a los equipos de Atención Primaria y a otros niveles asistenciales mediante la contratación de 36 profesionales.

Por otro lado, el sexto eje aborda el derecho a una información veraz y actualizada, para lo que se pretende crear una plataforma digital ágil, intuitiva y participativa que permita satisfacer estas necesidades y, paralelamente, difundir los servicios y recursos existentes en materia de salud mental, drogodependencias y conductas adictivas.

Para abordar la prevención de las enfermedades mentales, conductas adictivas y los sucisios, el séptimo eje propone abordar estas cuestiones desde el ámbito de proximidad, centrado en la escala local, junto con acciones en escuelas, las universidades, las empresas y con la participación de toda la sociedad.

Finalmente, el octavo eje se centra en una gobernanza para rendir cuentas y que cuente con la máxima participación, e incluye acciones como la puesta en marcha de auditorías asistenciales y de derechos humanos o la creación de sistemas de coordinación y participación dentro de la Administración, entre otras.

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