Suspendido el juicio al exalcalde del PP de San Antonio de Benagéber al que la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación

El juicio a Eugenio Cañizares, exalcalde popular de San Antonio de Benagéber entre 1997 y 2015, se ha suspendido este lunes tras apenas una hora de vista oral. La presidenta del tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de València ha constatado que fue titular del juzgado de instrucción que asumió en 2013 la causa en un principio, durante un año. El tribunal ha decidido convocar a las partes este martes con otra ponente y presidenta.

La sesión de este lunes se ha centrado en las cuestiones previas planteadas por los letrados de las defensas. La Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo en el ámbito de la administración local para el ex primer edil por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.

Idéntica pena pide para el entonces secretario interventor del consistorio, Ismael Asensio, y para José Antonio Sancho Sempere, exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer y abogado en ejercicio.

El Ministerio Fiscal considera que el exalcalde del PP, al menos desde 2003 y “prescindiendo del procedimiento legal establecido” decidió encargar a José Antonio Sempere que se encargara de los pleitos ante cualquier órgano judicial en los que fuera parte la Corporación municipal.

“Dicho encargo”, abunda el fiscal, “se hizo de forma genérica, con una encomienda a futuro, atribuyéndoselos verbalmente de forma específica a medida que iban surgiendo, sin pactar un precio cierto y concreto”.

Así, entre 2007 y 2011, el acusado facturó al consistorio a través de la firma José Antonio Sancho Abogado SLP un importe total de 146.063,89 euros.

Un letrado critica a Antifraude

Los letrados de las defensas, en la sesión suspendida de este lunes, han adelantado las cuestiones previas. El abogado del exalcalde ha recordado que todos los trabajos facturados se realizaron y ha atacado el informe pericial de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA). El abogado se ha referido al organismo que dirige Joan Llinares como la “prestigiosa Academia Valenciana Antifraude”.

El fiscal, por su parte, ha incidido en que al letrado José Antonio Sancho “se le contrata de manera sucesiva de manera verbal” sin que existiera un contrato escrito. “No existe más que la presentación de la factura y la aprobación del gasto”, ha indicado el representante del Ministerio Público, quien también ha afirmado que el informe de Antifraude “mina la posición de la defensa”.

Cañizares ya fue condenado en 2022 a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación. El exalcalde popular, según la sentencia recogida por Valencia Plaza, realizó pagos a una empresa municipal con omisión del procedimiento legalmente establecido para ello y eludiendo, por tanto, todos los controles y garantías.