Los tres funcionarios citados como testigos por la adjudicación de las viviendas protegidas de Alicante no acuden al juzgado

Los tres altos funcionarios del ayuntamiento de Alicante citados en calidad de testigos por la magistrada que investiga las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan no han acudido este viernes a declarar al juzgado para aclarar su papel en el escándalo de las promoción Les Naus.

La jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de Gestión Patrimonial Pablo Torregrosa y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura, habían sido citados para testificar a las 10 horas por la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia junto a cuatro funcionarios de la Conselleria valenciana de Vivienda, que sí han declarado aunque sin un contenido “provechoso”, en opinión de las acciones populares.

A partir de ahora, la magistrada ha informado a las partes de que volverá a citar a estos tres funcionarios del ayuntamiento que, casualmente, tampoco comparecieron en la comisión municipal creada por decisión del pleno del ayuntamiento para estudiar lo sucedido en Les Naus.

Los que sí han declarado este viernes han sido el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez; la jefa de sección de Emergencia Habitacional, Marta Vera; la técnica de Arquitectura María del Carmen García; y la técnica de gestión de Administración General Marta Jiménez, todos ellos de la Generalitat.

Los abogados de las acciones populares, ejercidas por el PSPV-PSOE y Ciudadanos (Cs), han expresado a los periodistas su sorpresa por las tres incomparecencias e, irónicamente, han comentado que “a lo mejor es que la citación del juzgado se ha debido perder por los pasillos del excelentísimo ayuntamiento de Alicante”, en palabras del letrado de Cs, Eduardo García-Ontiveros.

Para García-Ontiveros, el juzgado ha hecho diligente su labor de citación pero, por algún motivo, no han llegado a los funcionarios ya que “lo que está claro es que si no han venido es porque la citación del juzgado no les ha llegado personalmente”.

Expedientes que debieron decaer

En cuanto a la declaración de los cuatro funcionarios de la conselleria de Vivienda, se han ratificado en lo declarado hace dos semanas por sus superiores en la primera ronda de declaraciones, aunque sí han aclarado que si un beneficiario de un piso es requerido para aportar documentación adicional y no la aporta, el expediente decae.

Pese a este hecho, García-Ontiveros ha apuntado que aquí sí hay una irregularidad con “responsables que se lo han saltado a la torera” porque “hubo gente a la que se le requirió documentación, hicieron caso omiso y aún así fueron adjudicatarios de una vivienda”.

El abogado de los socialistas, Fernando Cazorla, ha indicado, por su parte, que la citación de los tres funcionarios se tramitó a través de la plataforma municipal, y ha considerado que si una vez que vuelvan a ser citados reinciden en no aparecer, lo lógico es que se llame a la policía para una tercera citación.

El funcionario autonómico que visó el proceso se quedó con un piso

Según Cazorla, lo declarado por los funcionarios autonómicos ha sido “bastante técnico” porque su papel se limita a la segunda revisión de los expedientes una vez que se destapó el escándalo aunque una de las funcionarias ha relatado que tenía una relación de confianza con el técnico que visó en solitario los expedientes, Roberto Palencia, y que una vez que se conoció lo sucedido tuvieron una reunión en el departamento donde éste admitió que la unidad familiar que formaba con su pareja se había quedado con un piso.

Ha añadido que en esa reunión Palencia no manifestó, en todo caso, más irregularidades con respecto a otros beneficiados.

El escándalo por el reparto de las viviendas públicas de Les Naus, en la Playa de San Juan, ha sacudido la actualidad política en Alicante desde finales de enero y ha provocado varias dimisiones, entre ellas la de la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, una de las beneficiarias, y la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino también fueron objeto de sendos pisos.