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Palestina: boicot frente a asfixia económica

Los últimos días en Palestina han estado marcados por uno de los temas centrales en la gran mayoría de los conflictos, pero que pocas veces es analizado: cuál es la situación económica.

El tema económico refleja el nivel de control y asfixia que Israel ejerce sobre los palestinos y su territorio ocupado. Ante ello, las medidas de boicot se revelan como una buena vía de presión para obligar a la potencia ocupante a respetar el Derecho internacional.

La relación económica entre israelíes y palestinos intentó ser definida en los albores del proceso de paz mediante el Protocolo de Relaciones Económicas firmado en París en 1994. Fue el corolario de una serie de reuniones de países donantes, las cuales en teoría irían a la par del proceso político. Es decir, que si en la Declaración de Principios firmada en la Casa Blanca el 13 de septiembre de 1993 (también conocida como Acuerdo de Oslo) se estipulaba un plazo de cinco años para un Acuerdo Final que creara un Estado palestino independiente, el Protocolo de París de relaciones económicas duraría el mismo tiempo. Pero, en vez de utilizar esos cinco años para retirar progresivamente la ocupación, Israel construyó más colonias, con lo que ese proceso interino de cinco años ha acabado transformándose en dos interminables décadas.

A mediados de los noventa, las relaciones económicas se basaron en mantener un mercado abierto a los productos israelíes en Palestina y un flujo significativo de trabajadores palestinos en Israel. Los acuerdos regulaban, por ejemplo, que el 50% de las contribuciones que los empresarios israelíes hiciesen en materia de seguridad social de sus trabajadores palestinos debería ir de vuelta al gobierno palestino, algo de lo que tan solo quedan recuerdos. Por esos días también se acordó que, siendo Israel quien controlaba las fronteras, fueran sus autoridades quienes recaudasen los impuestos palestinos, incluyendo tasas de exportación e importación, en las zonas donde el gobierno palestino aún no tuviese presencia. A tales efectos, Israel recibiría un 3% de comisión por el dinero recolectado. Pero ese dinero, que llega a los 127 millones de dólares mensuales, y que es vital para el funcionamiento del gobierno palestino -por ejemplo, para hospitales y escuelas-, hoy Israel no lo entrega a modo de castigo colectivo por el ingreso de Palestina en la Corte Penal Internacional. Que ese dinero no sea israelí sino palestino convierte su recaudación en un claro acto de piratería por parte del gobierno de Tel Aviv.

En respuesta, un comité compuesto por partidos políticos de la OLP, empresarios y miembros de la sociedad civil decidieron estudiar la posibilidad de llevar a cabo una acción de boicot a productos israelíes que fuera más allá del ya oficial boicot a los productos de las colonias israelíes. Una tarea nada sencilla, dado que el mercado palestino está completamente controlado por Israel. Sin embargo, se ha considerado que, en el marco de las acciones no violentas para terminar con la ocupación israelí, el boicot sea una de ellas. Este caso recuerda al boicot llevado a cabo durante la primera Intifada (1987-1993), que afectó severamente a la economía israelí y que incluso llevó a los empresarios israelíes a exigir una solución política. Esto ha terminado con la decisión de boicotear a cinco grandes empresas israelíes que venden sus productos en Palestina.

La idea del boicot en esta zona del mundo no es un elemento iniciado por los palestinos. Los primeros en imponer un boicot a la mano de obra y a los productos palestinos fueron los colonos sionistas que empezaban a llegar a Palestina a comienzos del siglo XX. Hasta el día de hoy Israel impone un férreo boicot, bajo la excusa de su legislación, a los productos palestinos. Por ejemplo, aun cuando el mercado alemán compra medicinas palestinas, estas son imposibles de encontrar en Jerusalén Oriental. Los productos lácteos y carnes palestinas tampoco ingresan, así como una serie de otras industrias que tienen su mercado reducido a Gaza o Cisjordania. Los empresarios palestinos en Jerusalén han iniciado una silente retirada hacia Ramallah o hacia afuera del país debido a las restricciones impuestas a su trabajo.

Las restricciones israelíes llegan al punto de que Palestina, al no controlar los flujos de dinero, tampoco puede crear su propia moneda. Si bien ya existen diseños sobre cómo serían los billetes palestinos, con imágenes que van desde la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al Aksa al poeta Mahmoud Darwish o a Yasser Arafat, ponerlo en marcha sería imposible. Esto se suma a otras restricciones tales como la imposibilidad de los palestinos de tener control sobre sus propios recursos naturales, como por ejemplo el agua, que se debe “comprar” a empresas israelíes. También cabe destacar la participación a modo de impunidad de empresas extranjeras en esta clase de acciones israelíes. Sin ser un gran conocedor de la ruta Madrid-Tel Aviv, me pregunto si Iberia, por ejemplo, accede al espacio aéreo palestino al aterrizar en Tel Aviv y, si lo hace, si pide o no permiso para poder realizarlo.

Son días en que la táctica ha dado lugar a la estrategia. Cuando queda un mes para las elecciones en Israel, y menos tiempo incluso para la reunión extraordinaria del Consejo Central Palestino (principal órgano en la toma de decisiones, en el que participan representantes de palestinos que viven en todas partes del mundo), los castigos colectivos realizados por Israel a la economía palestina hoy son respondidos por los palestinos. La pregunta es si el gran ausente a esta cita, la comunidad internacional, seguirá de observador hasta que ocurra una catástrofe o si, por fin, intervendrá a tiempo. Por el momento nadie, salvo los palestinos, asume su responsabilidad para que la potencia ocupante pague un precio real por sus violaciones sistemáticas del Derecho internacional, incluyendo los acuerdos por ellos mismos firmados.

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