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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

Bahrein: investigando a quien se debe investigar

El señor Ali Bin Fadhul Al-Buainain es lo que la gente llamaría un “hombre honorable”. La semana pasada él y otros hombres y mujeres -igualmente honorables- se reunieron en Zürich (lugar de encuentro nada raro para personas tan honorables), pues ahí se realiza la convención anual de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), a la cual asisten funcionarios de los ministerios públicos más importantes del mundo.

Mientras tanto en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas trabajaba arduamente examinando la situación de Bahrein, el país de origen del señor Al-Buainain. Son treinta y tres los países que, liderados por Suiza, presentaron una declaración condenando las violaciones a los derechos humanos cometidas en dicho país del Golfo Pérsico. Ahí, hombres y mujeres son encarcelados sólo por ejercer su derecho a la libre opinión y asociación, además de enfrentar abusos y torturas durante su detención.

Hubiera sido suficiente con que alguno de los representantes de los treinta y tres Estados hubiera viajado unas horas en tren para entregar personalmente su declaración al señor Al-Buainain, fiscal general de Bahrein y como tal uno de los principales responsables de que estos crímenes continúen cometiéndose. Pero hasta el día de hoy, este hombre tan honorable no ha tenido que enfrentarse a ninguna reacción negativa por parte de sus colegas.

Por si fuera poco, despues de que hace dos años un grupo de defensores de los derechos humanos en Irlanda intentara que la IAP expulsara a Al-Buainain, esta asociación no sólo no hizo nada, sino que incluso la semana pasada le eligió como vicepresidente de su comité ejecutivo.

Al igual que muchos países europeos, Suiza ha firmado la Convención contra la Tortura de la ONU, la cual obliga a dicho país a iniciar procedimientos penales en los casos de tortura, incluso si son cometidos en el extranjero, toda vez que el sospechoso se encuentre en territorio suizo.

Por eso, mi organización -el ECCHR-, junto con otras organizaciones de derechos humanos suizas, bahreiníes y británicas, hemos presentado una querella criminal alertando a las autoridades suizas sobre las acusaciones que pesan sobre Al-Buainain. La denuncia se centra principalmente en la historia del sobreviviente y torturado Jaafar Al-Hasabi, natural de Bahrein con ciudadanía británica, quien tras ser detenido en el año 2010 permaneció incomunicado y fue sometido a diversos métodos de tortura, incluyendo golpes de electricidad.

La tortura es uno de los crímenes más graves según nuestras legislaciones, pero los fiscales suizos, al igual que muchos otros, aún tienen problemas para lidiar con sospechosos como Al-Buainain. Si estuviéramos ante un líder del narcotráfico, las autoridades suizas lo habrían arrestado apenas pisara territorio nacional, aun cuando se tratara de una persona de menor notoriedad pública que el fiscal de Bahrein. Y la razón estaría clara: se trataría de alguien que cumple un rol clave en una organización criminal. Pero a pesar de que hace años existe información fidedigna sobre las prácticas de tortura en Bahrein, pareciera que aplicar este mismo criterio a las esferas estatales es todavía un salto demasiado grande, especialmente cuando se trata de un Estado aliado y económicamente poderoso.

Las autoridades judiciales suizas tuvieron tiempo suficiente para iniciar acciones. Al dejar salir a Ali Bin Fadhul del país, dejaron escapar una oportunidad única de atender a la petición hecha por representantes de Suiza y otros treinta y dos países: llevar a la justicia a quienes torturan o a quienes aún permiten que se siga torturando en Bahrein.

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