La incógnita Puigdemont

El estatuto jurídico de Carles Puigdemont es ahora mismo el de un ciudadano español en pleno uso de todos los derechos que la Constitución le reconoce, sin que se haya iniciado siquiera ninguna actuación judicial contra él. Puigdemont no tiene la condición de exiliado, como él pretende, pero tampoco la de prófugo, como pretende el Tribunal Supremo (TS). Ni tiene tampoco la condición de “rebelde”, porque los delitos de los que se le acusa no permiten un juicio en rebeldía. No ha huido de la acción de la justicia española, sino que ha estado permanentemente a disposición de la misma, en los términos en que acabe decidiendo el juez del país europeo que tenga que resolver sobre la orden de detención y entrega que le dirija el TS. Hasta el momento, ni el juez alemán de Schleswig-Holstein ni el juez belga han aceptado extraditar a Puigdemont para ser juzgado en España por los delitos de rebelión o sedición. El TS no aceptó su extradición para ser juzgado por el delito de malversación.

En las últimas elecciones al Parlamento europeo, Carles Puigdemont alcanzó la condición de diputado, que mantiene hasta el momento, a pesar de las resistencias de la Junta Electoral Central (JEC) y el TS. Tiene, en consecuencia, inmunidad parlamentaria en todo el territorio de la Unión Europea, aunque el TS mantiene una orden de detención contra él en territorio español de manera difícil de entender.

El TS ha instado y conseguido del Parlamento Europeo el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero tal decisión ha sido recurrida por Puigdemont ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que no solo la ha admitido a trámite, sino que ha dictado las medidas cautelares por él solicitadas en el sentido de mantener su inmunidad parlamentaria hasta tanto el TGUE no resuelva sobre el fondo del asunto. Hasta que no dicte sentencia, el TS no podrá iniciar actuaciones contra él.

El Juez Instructor Pablo Llarena ha elevado al TJUE una cuestión prejudicial con la finalidad de obtener una interpretación sobre el cumplimiento por parte de cualquier órgano judicial de un país de la Unión Europea de una orden de detención como la dictada por él. 

El estatuto jurídico de Carles Puigdemont como ciudadano español y como parlamentario europeo está, pues, en manos de la justicia europea. Hasta que no dispongamos de las sentencias del TGUE y del TJUE, no podremos saber si el TS podrá procesar a Carles Puigdemont o no, ni por qué delitos podrá hacerlo.

Simultáneamente ya han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) los primeros recursos de los condenados por el TS por el procés. Los máximos órganos judiciales de la Unión Europea y el órgano judicial del Consejo de Europa van a estar analizando asuntos distintos, pero que guardan conexión entre sí. 

Realmente esto viene ocurriendo desde hace tiempo. Carles Puigdemont es parlamentario europeo porque el TS elevó una cuestión prejudicial al TJUE respecto de la adquisición de la condición de parlamentario europeo de Oriol Junqueras. Fue la doctrina establecida por el TJUE respecto de Junqueras la que permitió a Puigdemont, Comín y Ponsatí convertirse en parlamentarios europeos, a pesar de que tanto la JEC como el TS intentaron impedirlo.

¿Cómo puede afectar al estatuto jurídico de Puigdemont una eventual sentencia estimatoria del TEDH de los recursos que han interpuesto los condenados por el procés? Si el TEDH decidiera que los condenados por el TS por el procés lo han sido con vulneración de derechos reconocidos en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿podría mantener el TS la solicitud de extradición contra Puigdemont para juzgarlo por los mismos delitos por los que condenó a los nacionalistas catalanes por su conducta en septiembre y octubre de 2017?

Hasta que no se tenga una respuesta a estos interrogantes no se podrá entablar una negociación política con posibilidad de que fructifique. El nacionalismo catalán no puede dejar el futuro de Puigdemont fuera de la negociación. Y el Gobierno de la nación no puede comprometerse a nada sobre el estatuto jurídico del expresident de la Generalitat sin que la justicia haya dicho lo que tenga que decir. 

En esas estamos.