Los parlamentos autonómicos tienen que investigar qué ha pasado en nuestras residencias de mayores

Hace unos meses -decir esto hoy parece referirse a una eternidad- el Defensor del Pueblo publicaba, en su Informe Anual, un espacio específico en forma de separata para analizar cuáles son los graves problemas que sufren las Residencias de Mayores en España.

“Resultan necesarias reformas normativas de calado que garantice a los mayores el ejercicio de una serie de derechos y que se preste una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales que permita hacer frente a toda una serie de retos que hoy tiene planteado este sector y que con toda seguridad se incrementara en un futuro inmediato.”

Esta última frase ha adoptado un tono que parece hoy premonitorio respecto a la inesperada tragedia que ha asolado los centros residenciales, donde se calcula que cerca de 20.000 personas han fallecido a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Y llovía ya sobre mojado, porque esta institución ha venido alertando reiteradamente a las comunidades autónomas de la urgente necesidad de solucionar la falta de plazas públicas y concertadas para garantizar los derechos derivados de la Ley de Dependencia, del insuficiente personal para atender a las personas usuarias y del deber de establecer unidades de inspección que garanticen el cumplimiento de una normativa insuficiente y defectuosa.

En definitiva, es urgente e imprescindible crear “un modelo de residencias propiamente sociosanitario que en España no está regulado ni ha sido así organizado de forma general para todo el sistema.”

Esta era la situación existente antes de la llegada del maldito virus, que ha desbordado claramente un sistema al borde del colapso, con graves deficiencias presupuestarias, escaso reconocimiento social y económico para los trabajadores y trabajadoras, pésimamente regulado para garantizar los derechos de los mayores (el Defensor reclama nada menos que una Ley Orgánica a este respecto) y en el que ni siquiera existen sistemas de información adecuados para poder analizar la realidad existente.

Desde la ASOCIACION DE PERSONAS AFECTADAS EN LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES, nacida hace pocas semanas, hemos solicitado a todos los grupos políticos representados en todos los parlamentos autonómicos la creación de una Comisión de Investigación sobre lo ocurrido en nuestras residencias de mayores durante la crisis de la pandemia. Consideramos que existe una obligación ética de nuestra sociedad para conocer la verdad sobre los hechos.

Y entendemos que el correlato de ese imperativo es la obligación de los poderes públicos de investigar y proponer medidas para evitar la repetición de los hechos que, impotentes, hemos visto ocurrir.

Cómo se ha gestionado la asistencia y coordinación sociosanitaria, cuáles han sido los protocolos establecidos… en definitiva, poder analizar dónde se han cometido los fatales errores y aprender de ellos para proponer esa nueva forma de actuar, con el personal, los medios técnicos y los recursos económicos necesarios.

Está claro que es imprescindible un nuevo paradigma en el modelo de cuidados a nuestros mayores, que no sólo pasa por los centros residenciales, y debe contemplarse de forma global con esa Ley Orgánica que reclama el Defensor del Pueblo y con el fortalecimiento de los dispositivos de asistencia domiciliaria.

Todo esta cuestión lleva ya demasiado tiempo encima de la mesa, pero debajo del cristal.

Y esta terrible crisis ha hecho añicos ese cristal para ponerlo ante nuestros ojos, inundados todavía de lágrimas por el dolor y la desesperación de familiares y trabajadores y trabajadores que hemos sufrido directamente el impacto de la tragedia.

Entendemos que la solución no es ahora atacar a los políticos, sino promover nuevas políticas. Y por eso nos hemos dirigido a todos los partidos con representación en los parlamentos autonómicos para que se aprueben estas Comisiones de Investigación.

No deben usarse como armas para ajustes de cuentas contra nadie, es una tarea que a todos nos concierne: saber qué ha ocurrido, asumir los errores y ofrecer líneas de reparación a las personas afectadas, coordinar esfuerzos para implementar un nuevo modelo. Por esos motivos, consideramos también, que en ausencia del consenso político necesario para afrontar este tema, y evitar frustrar el legítimo interés de las personas afectadas, pueden establecerse mecanismos como Mesas Sectoriales donde estén representados junto con los grupos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, representantes del ámbito académico y profesional, sindicatos y empresas que están prestando servicios en las residencias.

Mientras tanto, y con carácter urgente, es necesario establecer ya esas medidas a las que nos referíamos para prevenir la repetición de los acontecimientos vividos estos meses, ante el probable y anunciado rebrote de la COVID-19.

Nos jugamos nuestra dignidad como sociedad. Los partidos políticos deben estar a la altura para abordar esta cuestión.

Todo lo ocurrido no ha sido un ensayo general… el recuerdo de esos miles de personas fallecidas nos contempla.

Y no podemos fallar de nuevo.