Los efectos del 'dumping fiscal' entre autonomías: ricos valencianos se mudan a Madrid de manera ficticia para eludir impuestos

Los partidos de derecha y ultraderecha españoles han convertido los impuestos en un campo de batalla política. Madrid es el principal exponente de esa guerra que ha acabado convirtiendo la autonomía que gobiernan PP y Ciudadanos en una especie de paraíso fiscal -en palabras del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig- porque practica dumping con las demás autonomías al bonificar impuestos transferidos como Sucesiones o Patrimonio. Andalucía y Murcia le quieren seguir los pasos, aunque la Agencia Tributaria ha empezado a poner coto a las fortunas que intentant aprovecharse de esta desarmonización.

Con la llegada de la democracia, las comunidades autónomas obutvieron la posibilidad de generar impuestos propios además de los transferidos. Tributos que les ayudaran a incrementar los ingresos propios o a regular el mercado para evitar efectos negativos en el medio ambiente o perniciosos como los que generan actividades económicas como el juego, el turismo o la industria alimentaria.

En el transfondo de este debate, la financiación autonómica que beneficia a unos territorios y castiga a otros según valora la dispersión o la población. El actual modelo está caducado y fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. Los valencianos fueron los peor financiados en 2019, con 987 euros menos por habitante que los cántabros y 343 menos que la media española.

En estos momentos, todas las autonomías -excepto el País Vasco- disponen de más de 70 impuestos o tasas propias, aunque repartidos de manera muy desigual, según la Unión de Contribuyentes y la Fundación para el Avance de la Libertad. La mayoría, el 70 %, son para regular materias medioambientales y con la idea de mitigar su impacto, como por ejemplo el canon de saneamiento que prácticamente han incorporado todos. Pero los hay distintos y que poco a poco van entrando en el debate público, como es el tributo a las bebidas azucaradas que tiene Catalunya o el aplicado al juego del bingo que aprobó Asturias. Ambas autonomías tienen un tributos para grandes establecimientos comerciales.

La autonomía que ha desplegado una mayor política fiscal propia es Catalunya, motor industrial de España, que ha aprobado 15 tributos y tasas. Le siguen Andalucía, Asturias y Murcia con seis y Aragón y Galicia con cinco. Castilla-La Mancha y Castilla y León son las regiones con menos legislación tributaria propia, con solo dos figuras autóctonas. La primera cobra por la actividad que incide en el medio ambiente y el canon eólico y la segunda por la afección ambiental y la eliminación de residuos en vertederos.

Llama la atención la Comunitat Valenciana, que pese a su actividad económica e infrafinanciación no ha desplegado prácticamente impuestos autonómicos propios. El Gobierno de PSPV, Compromís y Podemos que entró en 2015 sí que realizó una política fiscal muy progresiva con los impuestos transferidos, eliminando bonificaciones en Sucesiones y Patrimonio a las grandes fortunas, pero no ha tocado ninguno que afecte solo al territorio.

De hecho, los tributos propios han sido motivo de intenso debate entre los socios del tripartito. Compromís y Podemos han intentado aplicar el impuesto de bebidas azucaradas y la tasa turística, pero el PSPV-PSOE se han opuesto. En esta legislatura, estos dos temas tributarios se volverán a tratar, pero no está nada claro que se acaben implantando. Baleares o Catalunya ya tienen desde hace años el impuesto al turismo y no por ello ha caído la actividad en estas autonomías. Al contrario.

Madrid, que está en el centro del huracán de este debate por su progresiva eliminación vía bonificaciones de los impuestos estatales, todavía mantiene cuatro tributos propios. Se trata de la tarifa por la depuración de aguas, sobre la instalación de máquinas en hostelería, un impuesto de residuos y un recargo en el Impuesto de Actividades Económicas.

De todas formas, los grandes impuestos los continúa controlando el Estado y da poco margen a las autonomías para beneficiarse. Además, en el caso del IVA las transferencias han sido motivo de polémica con los territorios cuando el Gobierno de Pedro Sánchez estuvo en funciones. El Ejecutivo continúa teniendo la sartén por el mango y no parece que quiera soltarlo.