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Investigación en FGV: los sobrecostes de 14 millones en la compra de trenes, a la puerta de los juzgados

El consejo de administración contrastará en los próximos días la auditoría externa con un informe interno para determinar si existen posibles hechos delictivos en la época del PP.

El estudio revela que no se aplicaron a las empresas adjudicatarias penalizaciones por valor de 1,3 millones de euros por los retrasos en la entrega de trenes.

Una unidad de metro parada en una estación

Una unidad de metro parada en una estación

El PP valenciano podría enfrentarse a un nuevo frente judicial relacionado con presuntos sobrecostes en el marco de la compra de trenes para Metrovalencia, entre los años 2000 y 2007.

El consejo de administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) tiene previsto reunirse en los próximos días (posiblemente antes de final de mes) con un punto a tratar que destaca sobre el resto: el análisis del informe interno encargado para contrastar la auditoría que ha destapado un carrusel de irregularidades en la etapa de máximo apogeo del PP al frente del Consell (con Zaplana, Olivas y Camps como presidentes) y con Marisa Gracia como gerente, imputada en la causa del accidente de metro.

De confirmarse los resultados de la auditoría y, por tanto, de apreciarse hechos constitutivos de delitos, el consejo dará traslado de toda la documentación bien directamente a la Fiscalía o bien a la Agocía de la Generalitat para que determine la vía judicial más idónea.

Como ya informó eldiario.es, el informe destaca la aparición de sobrecostes sin estar debidamente justificados por un valor de alrededor de 14 millones de euros.

Además, la dirección de la empresa no aplicó a las adjudicatarias penalizaciones por valor de 1,3 millones de euros por los retrasos en la entrega de trenes, cuyos plazos en muchos casos fueron modificados.

El documento cuestiona también la compra en el año 2007 de 42 trenes (22 de cuatro vagones, más 20 coches remolques intermedios) por un valor de 186 millones de euros, puesto que el objeto del contrato de la compra de los trenes era cubrir la prolongación de la línea 1, cuando dicha prolongación ni siquiera se había licitado.

El mencionado proyecto se presentó a las pocas semanas del accidente de metro que dejó 43 muertos y 47 heridos y consistía en eliminar la curva del accidente (entre plaza de España y Jesús) mediante la prolongación de la línea 1 desde plaza de España hasta la nueva Fe. Una actuación que no solo no se había licitado en el momento de la compra de los trenes, sino que nunca se ha ejecutado.

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