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Querella contra Torró por atentar contra los derechos de los trabajadores

El PSOE denuncia al alcalde de Gandia por incumplir el fallo judicial que le obligaba a readmitir a las trabajadoras despedidas de les Escoletes

Alberto Fabra en un centro educativo junto al alcalde de Gandia, Arturo Torró.

Alberto Fabra inaugura un centro educativo junto al alcalde de Gandia, Arturo Torró.

El PSPV-PSOE de Gandia ha presentado una querella contra el alcalde del PP, Arturo Torró, el coordinador de asuntos de la alcaldía, Javier Reig, y los concejales Marta Cháfer y Guillermo Barber. La denuncia se presenta por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, desobediencia grave, prevaricación y malversación de caudales públicos. Los querellados se enfrentan a penas que podrían superar los 7 años de cárcel.

Según la querella, el PP, tras privatizar les Escoletes y despedir a las trabajadoras, ha incumplido reiteradamente hasta dos sentencias judiciales que declaraban improcedente el despido y condenaban al Ayuntamiento a reincorporarlas y pagarles los salarios de tramitación. El gobierno las reincorporó para despedirlas de nuevo, sin abonarles ningún tipo de salario o indemnización.

El PSPV cree que Torró y su equipo “ha desobedecido y desatendido el cumplimiento de resoluciones judiciales, haciendo imposible su cumplimiento al no dotar de forma voluntaria y dolosa una partida destinada a la readmisión de las trabajadoras, el pago de sus salarios de tramitación y los costes de su despido final, dejando a las mismas en situación de verdadera necesidad en algunos casos, privándolas de su derecho a la efectividad de la reincorporación a sus puestos de trabajo en los términos del fallo judicial de manera consciente y finalmente dirigidas sus actuaciones a impedir el ejercicio de ese derecho como trabajadores, legalmente protegido y judicialmente reconocido”.

Según Liduvina Gil, concejal socialista, “el gobierno ha mostrado durante todo este proceso una falta de humanidad y una rebeldía ante la justicia que no debe quedar impune”.  “No es grato acudir a los juzgados, menos aun a lo penal, pero no queda más remedio cuando los que deberían representar a todos los ciudadanos y velar por los intereses del Ayuntamiento se niegan a obedecer a la justicia con los perjuicios que ello conlleva a las trabajadoras afectadas y que conllevará para Gandia en el futuro”.

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