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Querella contra Torró por atentar contra los derechos de los trabajadores

El PSOE denuncia al alcalde de Gandia por incumplir el fallo judicial que le obligaba a readmitir a las trabajadoras despedidas de les Escoletes

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Alberto Fabra en un centro educativo junto al alcalde de Gandia, Arturo Torró.

Alberto Fabra inaugura un centro educativo junto al alcalde de Gandia, Arturo Torró.

El PSPV-PSOE de Gandia ha presentado una querella contra el alcalde del PP, Arturo Torró, el coordinador de asuntos de la alcaldía, Javier Reig, y los concejales Marta Cháfer y Guillermo Barber. La denuncia se presenta por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, desobediencia grave, prevaricación y malversación de caudales públicos. Los querellados se enfrentan a penas que podrían superar los 7 años de cárcel.

Según la querella, el PP, tras privatizar les Escoletes y despedir a las trabajadoras, ha incumplido reiteradamente hasta dos sentencias judiciales que declaraban improcedente el despido y condenaban al Ayuntamiento a reincorporarlas y pagarles los salarios de tramitación. El gobierno las reincorporó para despedirlas de nuevo, sin abonarles ningún tipo de salario o indemnización.

El PSPV cree que Torró y su equipo “ha desobedecido y desatendido el cumplimiento de resoluciones judiciales, haciendo imposible su cumplimiento al no dotar de forma voluntaria y dolosa una partida destinada a la readmisión de las trabajadoras, el pago de sus salarios de tramitación y los costes de su despido final, dejando a las mismas en situación de verdadera necesidad en algunos casos, privándolas de su derecho a la efectividad de la reincorporación a sus puestos de trabajo en los términos del fallo judicial de manera consciente y finalmente dirigidas sus actuaciones a impedir el ejercicio de ese derecho como trabajadores, legalmente protegido y judicialmente reconocido”.

Según Liduvina Gil, concejal socialista, “el gobierno ha mostrado durante todo este proceso una falta de humanidad y una rebeldía ante la justicia que no debe quedar impune”.  “No es grato acudir a los juzgados, menos aun a lo penal, pero no queda más remedio cuando los que deberían representar a todos los ciudadanos y velar por los intereses del Ayuntamiento se niegan a obedecer a la justicia con los perjuicios que ello conlleva a las trabajadoras afectadas y que conllevará para Gandia en el futuro”.

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