València estima que deberá devolver 3 millones por la sentencia del impuesto de plusvalías
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que extiende a toda España la anulación del impuesto de plusvalías podría suponer una merma de unos 3 millones de euros para las arcas del Ayuntamiento de València, según las primeras estimaciones del concejal de Hacienda, Ramón Vilar (PSPV).
El edil, ha precisado que en 2017 se contempla una previsión de ingresos de 32,5 millones de euros, cifra superior a la de 2016 en 9,5 millones de euros, un 41,3 % más.
En estos términos ha valorado la decisión del TC de considerar que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.
De acuerdo con este dictamen, los contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble, lo que deberán justificar debidamente a la hora de reclamar la devolución del pago.
Además, ha instado a los posibles afectados a que acudan a informarse a las oficinas de Gestión Tributaria Integral, sitas en el Patio de Cristales del edificio principal del Ayuntamiento de València y en el esdificio de Tabacalera.
Vilar ha declarado que la sentencia “no por ser esperada, es menos preocupante a falta de un análisis más profundo de la misma” ya que, ha advertido, “podría suponer una perdida cuantiosa de ingresos a las entidades locales”.
Vilar ha recordado que planteó en la Comisión de la de Hacienda y Financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias que “independientemente del futuro, los Ayuntamientos deberán solicitar que el Estado abone la totalidad de las posibles devoluciones”.
“Vamos a apelar a la responsabilidad del legislador ya que los Ayuntamientos hemos estado liquidando este impuesto con arreglo a lo legislado y con rigor jurídico-económico acorde con nuestro marco actual de financiación local”, ha sentenciado.
