La jueza libra a Zaplana y a sus testaferros de acudir a firmar todas al semanas al no apreciar ya riesgo de fuga

El crisis del coronavirus también está afectando a la instrucción de las principales causas judiciale por corrupción en España. Nuria Vañó, la jueza de de refuerzo del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que investiga el caso Erial ha decidido suspender los interrogatorios al principal imputado, el exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, a dos de sus presuntos testaferros y a los miembros de la familia Cotino, José y Vicent, previstos para el mes de abril.

Estos imputados tenían que explicar y defenderse de los últimos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregados en el juzgado en el mes de febrero de este año y que destaparon una trama internacional de blanqueo de capitales y cobro de mordidas. 

La jueza también exime a Zaplana de acudir todas las semanas al juzgado de guardia de València para firmar aunque no le retira las medidas cautelares, entre las que se encuentra la intervenció del pasaporte. “El Consejo General del poder Judicial en su reunión del día 20 de marzo de 2020 ha dispuesto la suspensión generalizada de estas medidas cautelares ante el Decreto del estado de Alarma y el acuerdo de confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios, pudiendo mantenerse tan solo estas medidas si concurren circunstancias excepcionales que justifiquen la necesidad de mantener las medidas como el riesgo de ocultación o de fuga, supuesto que no concurre en este acto”, explica la magistrada en el auto adelantado por valenciaplaza.com y al que ha tenido acceso eldiario.es.

Cabe recordar que el juzgado que investiga la causa ha recuperado casi seis millones de euros de las presuntas mordidas gracias al testaferro uruguayo y los investigadores tienen detectada la red internacional de empresas. 

El 3 de abril también debían acudir a ser interrogadas Rosa Barceló, esposa de Zaplana, y su hija María. Ambas declaraciones ante la jueza también han sido suspendidas. 

En el caso Erial se investiga el presunto caso de amaño de las concesiones de ITV y el Plan Eólico siendo Zaplana presidente de la Generalitat. Ese adjudicación fraudulenta habría servido para el pago de mordidas en el extranjero por parte del exdirector general de la policía con Aznar, Juan Cotino, y de la empresa de su familia Sedesa, que se benefició de los contratos. Fue al vender estas concesiones cuando la empresa de la trama habría conseguido unos 90 millones de euros de los que pagó las comisiones al político.