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El empresario Enrique Ortiz, a juicio por un fraude fiscal de seis millones

También está imputado en tres piezas del 'caso Brugal', que afecta a la exalcaldesa alicantina Sonia Castedo, y en la trama Gürtel

El empresario Enrique Ortiz, a juicio por un fraude fiscal de seis millones

El empresario Enrique Ortiz.

El juzgado de lo Penal 1 de Alicante ha fijado para los días 19, 20 y 21 del próximo enero el juicio contra Enrique Ortiz y otros cinco empresarios por un supuesto fraude fiscal superior a los 6 millones de euros con una operación inmobiliaria, según han informado fuentes judiciales.

Ortiz está imputado en tres piezas del 'caso Brugal', las relacionadas con tramas de presunta corrupción en torno a la recogida de basuras en la Vega Baja, el urbanismo en Alicante (caso que propició la dimisión de la alcaldesa popular Sonia Castedo) y el plan Rabasa, respectivamente, y también en el 'caso Gürtel' por la supuesta financiación ilegal del PP.

Ortiz recogió la pasada semana en persona en el juzgado la citación para la vista oral por este caso de presunto fraude fiscal.

La fiscalía pide provisionalmente para los seis acusados sendas penas de tres años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, así como de un de año y medio por un delito de falsificación en documento mercantil, según el escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso Efe.

Igualmente, reclama para ellos multas de 10 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de gozar de subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos tanto fiscales como de la Seguridad Social durante otros cinco años.

Junto a Ortiz serán juzgados por estos hechos, que se remontan al ejercicio fiscal de 2005 y fueron denunciado por la Agencia Estatal Tributaria, su cuñado y apoderado de algunas de sus empresas, Miguel Carratalá, el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, y los empresarios Miguel Ballester, Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas.

El fiscal especializado en delitos económicos y tributarios de la Audiencia Provincial de Alicante, Antonio López Nieto, sostiene que todos ellos se confabularon "con ánimo de obtener un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública", que ha sido tasado por ésta en 6.105.247 euros.

El presunto fraude fiscal se centró en nueve fincas rústicas ubicadas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que Hansa Urbana SA tenía contabilizadas como "existencias o elementos del activo circulante" y, por tanto, como terrenos destinados a la venta y a la obtención de las consiguientes plusvalías.

Esas nueve parcelas se ubican en una de las zonas de expansión urbanística de Alicante más importante de la pasada década y la propia promotora, participada en su época por la extinta Caja Mediterráneo (CAM), solicitó su recalificación en su día, por lo que tenía la intención de destinarlas a edificación, según el fiscal.

Sin embargo, la propietaria simuló supuestamente, en colaboración con las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las fincas por un importe total cercano a los 3 millones de euros a fin de contabilizarlas ante Hacienda como "Inmovilizado", es decir, como activos de la empresa dedicados a servir de forma duradera a la obtención de beneficios mediante el alquiler.

Esa maniobra contable permitió a la inmobiliaria participada por la CAM beneficiarse de una deducción fiscal indebida por reinversión de beneficios extraordinarios en el impuesto de sociedades.

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