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Los préstamos del FLA le cuestan a los valencianos cerca de 2.000 millones de euros en intereses

El conseller de Economía, Vicent Soler, reclama al Gobierno "hechos concretos y no palabras vacías como hasta ahora" para acometer de una vez por todas la reforma del sistema de financiación autonómico

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha asegurado este miércoles que los valencianos han tenido que pagar desde 2012 casi 2.000 millones de euros en intereses, 395 euros por cada ciudadano, por unos préstamos otorgados por el Gobierno a las comunidades autónomas "en lugar de la financiación justa que les corresponde".

Soler ha reclamado al Gobierno central "hechos concretos y no palabras vacías como hasta ahora" para acometer de una vez por todas la reforma del sistema de financiación autonómico "caducado desde el 1 de enero de 2014 y que condena a los valencianos a ser los peor financiados de España", según un comunicado de la Generalitat.

"Es indignante y muy difícil de encajar que venga alguien a levantar otra cortina de humo para quedar bien y a decir a los valencianos que nos aguantemos, cuando acaban de incumplir una promesa del presidente Rajoy, quien aseguró que antes de acabar 2017 habría una nueva financiación acordada", ha lamentado Soler, en referencia a la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Fórum Europa.

A su juicio, la "inacción del Gobierno" le cuesta cada día a los valencianos 3,6 millones de euros en infrafinanciación respecto a la media de las autonomías, "que es lo que vale edificar un colegio y un dinero con el que los valencianos podrían disfrutar de mejores servicios y más oportunidades".

Ha recordado cómo el Gobierno "dilató varios meses la puesta en marcha de la Comisión Técnica para la reforma del modelo y ahora se está reuniendo pero sin avances ni concreciones".

Tambien ha criticado el "insulto a la inteligencia de los valencianos" que pretende hacer el Gobierno "cuando presenta como una financiación adicional los supuestos ahorros en intereses de unos préstamos estatales que el Gobierno otorga a las comunidades y, particularmente, a la valenciana, en lugar de la financiación justa que le corresponde, porque no resuelve el problema de fondo".

"No tiene sentido que el Gobierno nos dé la financiación como préstamos que tendremos que devolver, y encima con intereses, mientras a otras comunidades les da un dinero que no tienen que devolver y sin pagar intereses, ya que el Ejecutivo central, a las mal llamadas cumplidoras del techo de déficit, que lo son porque tienen más recursos, le da el FLA a interés cero", ha criticado Soler.

Ha advertido que la Generalitat ha desembolsado a la Administración central 106 millones de euros en concepto de intereses por los préstamos estatales que recibe para cubrir la infrafinanciación, concretamente el FLA 2015 y 2016 y el Fondo Social.

En conjunto, y desde 2012, los préstamos otorgados por el Gobierno en sustitución de la financiación que sí reciben otras comunidades ha comportado que los valencianos "hayan tenido que pagar desde 2012 un total de 1.951,1 millones en concepto de intereses, teniendo en cuenta, además, que son préstamos que habrá que devolver".

Del total, 1.633,3 millones de intereses corresponden a los mecanismos de liquidez -FLA, Plan de Pago a Proveedores y Fondo Social- y otros 317,8 son por las líneas ICO-CC AA en 2012.

Además, hasta el fin del periodo de estos préstamos del Estado, la Comunitat tendrá que abonar un total de 3.223,2 millones de euros, "que es, por ejemplo, tres veces el presupuesto de Igualdad y Políticas Inclusivas".

"La situación de la Comunitat Valenciana es de una triple estafa. No solo no hay condonación, sino que nos están dando préstamos en vez de financiación; unos créditos que tendremos que devolver cuando otras comunidades reciben ese dinero por derecho y no lo deberán retornar; y para colmo, hemos de pagar intereses, con un tipo del 0,83 %, que es lo que le cuesta al Tesoro", ha denunciado.

Según Soler, "no habría que abonar ni principal ni intereses si dispusiéramos de los mismos recursos que la media. El Gobierno no resuelve el problema de fondo, la infrafinanciación de todas las autonomías, que lleva a que algunas, como la valenciana, estemos viviendo de préstamos, y encima nos cuestan intereses".

Los casi 2.000 millones en costes financieros abonados hasta la fecha suponen que cada valenciano haya tenido que "pagar" 395 euros, de forma que a cada familia media de cuatro miembros le ha supuesto 1.580 euros.

Ha recordado que el informe de los expertos a nivel nacional hecho público en el mes de julio pasado cifra en 16.000 millones de euros la insuficiencia de recursos que sufrieron las comunidades en el último año liquidado, que fue 2015.

"Hablar de condonación a la Comunitat por unos créditos que no tendría que existir es absolutamente falso y demagógico", ha apuntado Soler.

Reforma "en el plazo más breve posible"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha apostado "sin ningún tipo de duda" por reformar el sistema de financiación autonómica "en el plazo más breve que sea posible", ha ratificado el compromiso del Gobierno con ese objetivo y ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios.

Montoro ha comparecido ante la Comisión de Hacienda del Congreso para dar cuenta de cómo está la reforma de la financiación y ha confiado en que su presencia sirva para dar un impulso al diálogo entre los partidos, como hace un año la Conferencia de Presidentes aceleró las negociaciones con las comunidades.

El Gobierno, ha dicho, asume la responsabilidad que le corresponde, y pide a la oposición que asuma igualmente la suya, convencido de que "no es momento de disputas".

Así las cosas, ha insistido en transmitir "toda la voluntad" por parte del Ejecutivo en conseguir una reforma que dote a las comunidades de un modelo estable, fundamentado en la solidaridad, la suficiencia, la equidad, la transparencia, la corresponsabilidad fiscal y la garantía de acceso a los servicios públicos en función del coste efectivo de ellos.

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