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Arranca el juicio a una manera de hacer política, el caso Blasco II: “Antes lo nuestro que lo de los negratas”

Tina Sanjuán, Marc Llinares, Augusto Tauroni y Rafael Blasco, en el banquillo de los acusados.

Sergi Pitarch

El exconseller del PP Rafael Blasco se enfrenta a partir de este lunes lunes al segundo juicio del caso Cooperación, por el desvío de fondos públicos destinados a proyectos de cooperación internacional, con la esperanza de cerrar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat que a 24 horas del inicio de la vista oral estaba casi hecho. Eso sí, la acusación particular ejercida por la Coordinadora Valenciana de ONGD no quiere ni hablar de acuerdos con el cerebro de la trama y forzará que se celebren las sesiones.

En este juicio del caso Blasco se volverán a escuchar los audios intervenidos por la policía a las falsas ONGD en las que, entre otras expresiones, se hablaba de África como “Negrolandia” o se ponía por delante “lo nuestro a los de los negratas”. Unas grabaciones que avergonzaron a la sociedad valenciana y al Partido Popular, que acabó echando a Blasco de sus filas. La vista que arranca este lunes es, además, una censura a una manera de hacer política en la Comunitat Valenciana que no tuvo reparon en destrozar la imagen de la cooperación internacional.

Las vistas que se reanudan este lunes fueron suspendidas el pasado 15 abril por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, que decidió dar este plazo a las defensas para que tratasen de avanzar en un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONGD.

De momento, las tres acusaciones solo han llegado a un acuerdo verbal con los empresarios comisionistas de la trama Rosa María Castelo, Alberto Pampín y Corlos Andrés Chust que, a cambio de reconocer los delitos y devolver el dinero, verán reducidas sus penas de tres años de prisón.

Los dos principales acusados, tanto Rafael Blasco como Augusto César Tauroni, tendrían un acuerdo cerrado con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat, según fuentes jurídicas. El Ministerio Público quiere alcanzar un acuerdo si hay devolución del dinero para lo que solicitarían menores penas. Además, el fiscal Jesús Carrasco plantea alcanzar un acuerdo porque se ha hecho cargo de la causa hace un par de meses por la salida del fiscal que había llevado el caso, Vicente Torres, quien ha sido nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

En este proceso se enjuician las piezas dos y tres de este caso, en el que se reclaman condenas de 16 años de cárcel para el exconseller y de entre 2 y 14 años para algunos de sus colaboradores por el desvío de cerca de 5 millones de euros inicialmente destinados a 11 proyectos en países empobrecidos, entre ellos la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010.

La acusación popular sigue abierta a la negociación, siempre que en el transcurso del juicio se den declaraciones que refuercen sus tesis acusatorias y se contribuya a la recuperación de los fondos desviados, pero en cualquier caso, si hay alguna modificación sustancial de la acusación no se produciría hasta la exposición de las conclusiones definitivas.

23 personas en el banquillo

Además del exconseller y exportavoz del PP en este juicio se sientan en el banquillo otras 23 personas, que no declararán hasta el 20 de mayo puesto que las dos primeras jornadas del juicio, la de los lunes días 6 y 13 de mayo, se destinarán exclusivamente a cuestiones previas.

En la reanudación de las vistas la sala deberá decidir, además, sobre uno de los procesados, Adolfo Soler, que reside en Bolivia y que no se presentó el pasado 15 de abril, dado que su presencia había sido considerada indispensable por algunas de las defensas.

Blasco fue condenado en 2014 junto a otros ex altos cargos del Consell y demás integrantes de la trama corrupta a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza, ingresó en prisión en junio de 2015 y obtuvo el tercer grado penitenciario el pasado mes de enero.

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