La extradición de un disidente desde Serbia pone en tela de juicio el papel de Interpol

Marko Štambuk se personó en la prisión de distrito de Belgrado un lunes por la mañana a finales de enero, y le comunicaron que su cliente ya no se encontraba en el centro penitenciario. “Inmediatamente supe que algo había pasado”, dice. Štambuk, abogado, había pasado el viernes anterior tratando de obtener desesperadamente un requerimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que las autoridades serbias paralizaran la extradición de su cliente, Ahmed Jaafar Mohamed Ali, disidente bahreiní.

El TEDH prohibió a las autoridades serbias extraditar a Ali hasta finales de febrero, y les advirtió que hacerlo constituiría una excepcional vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tras una búsqueda frenética, Štambuk descubrió que dos policías serbios habían llevado a Ali desde la cárcel hasta el aeropuerto de Belgrado ese mismo día a las 4:00 horas de la madrugada, y lo habían entregado a las autoridades bahreiníes en una pista de aterrizaje. Poco después de las 5:00 horas, Ali fue trasladado directamente a la capital, Manama, en un vuelo chárter operado por Royal Jet, una aerolínea de lujo dirigida por un miembro de la familia gobernante de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y que es propiedad en parte de Presidential Flight, la compañía encargada de transportar a los miembros del Gobierno de Abu Dhabi.

“Me quedé profundamente conmocionado”, dice Štambuk, sorprendido por la decisión de Serbia de seguir adelante con la extradición. “Lo han devuelto a Bahréin, no sé qué será de él. Si se le vuelve a condenar a cadena perpetua, no creo que sobreviva mucho tiempo”.

Bahréin consideraba a Ali un sospechoso de gran valor y lo condenó, en rebeldía, por tres cargos distintos de terrorismo en 2013 y 2015. En una carta dirigida a un tribunal serbio, Ali, un activista sindical, insistió en que era inocente y aseguró que podía demostrar que no estaba en Bahréin en el momento en que se cometieron los supuestos delitos. “No tengo ninguna relación [sic] con el caso”, alegó.

El papel incierto de Interpol

El caso de Ali muestra cómo los regímenes antidemocráticos son cada vez más capaces de atacar a los disidentes exiliados y de llevar a otros países la represión que ejercen en casa. Su extradición también abre interrogantes sobre el papel de Interpol, en medio de la creciente preocupación por el abuso del sistema de notificaciones rojas de la organización policial, destinado a localizar a los delincuentes en el extranjero (es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para encontrar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar). La extradición de Ali ha tenido una amplia cobertura mediática y es el primer caso de este tipo bajo la presidencia del general emiratí Ahmed Naser Al-Raisi, acusado de estar implicado en torturas a exdetenidos (en el cargo desde noviembre de 2021).

Interpol es una fuerza policial supranacional que brinda apoyo en materia de investigación a los países miembros, especialmente mediante el intercambio de información dentro de su sistema de notificaciones rojas. El Ministerio del Interior de Bahréin ha descrito la captura de Ali en Serbia como una “operación conjunta” con Interpol. Por su parte, la fiscAlia del país afirmó posteriormente que Ali fue “extraditado desde Serbia con la ayuda de Interpol”. Un portavoz de Interpol ha precisado que su secretaría general, con sede en Lyon, no fue informada de la extradición de Ali, y que la responsabilidad de la operación recayó en las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol (OCN), el punto de contacto nacional de Interpol en cada país miembro.

“La devolución de fugitivos y personas buscadas es un asunto bilateral entre los países miembros y la secretaría general de Interpol no participa en este proceso”, dice el portavoz. “La secretaría general de Interpol no puede dar instrucciones a las OCN sobre si deben detener a una persona o abstenerse de hacerlo, si deben iniciar un procedimiento de extradición, etc. Tales decisiones quedan exclusivamente a la discreción de las autoridades nacionales competentes de los países miembros”.

El papel que ha desempeñado Interpol en la extradición de Ali sigue siendo incierto. “En un evidente intento de legitimar esta extradición ilegal, Bahréin la ha presentado como una operación de cooperación con Interpol. Se trata de una grave manipulación y abuso de la policía internacional, que ha destruido la vida de un disidente. Este caso es indicativo del carácter intrínsecamente defectuoso del sistema de notificaciones rojas de Interpol, que durante demasiado tiempo ha tenido fallos y se presta a abusos”, dice Sayed Alwadaei, del Instituto Bahreiní para los Derechos y la Democracia.

Sea cual sea el papel que Interpol haya desempeñado en la extradición de Ali, su detención en Belgrado el pasado mes de noviembre fue consecuencia directa de una notificación roja de Interpol contra él emitida en 2015. Ali pronto se vio inmerso en un viaje a través del sistema judicial serbio hacia la extradición a Bahréin, con poco margen para convencer a las autoridades serbias de los riesgos a los que se enfrentaba. “La notificación roja fue el punto de partida de su caso, de toda esta historia”, dice el abogado Štambuk. “En todos los casos en los que he trabajado, ya sea de asilo o de extradición, la notificación roja es siempre el punto de partida”.

Se calcula que Interpol emite anualmente unas 10.000 notificaciones rojas, según la organización de vigilancia de la justicia penal Fair Trials, que escribió a la secretaría general de Interpol en 2017 para advertir de que el uso por parte de Bahréin del sistema de notificaciones rojas para perseguir a los disidentes “podría suponer una violación de las normas estatutarias de Interpol sobre neutralidad política y derechos humanos”.

La notificación roja de Ali, publicada en 2015, probablemente se produjo hasta un año antes de que Interpol constituyera un grupo de trabajo especializado que examina las solicitudes de notificaciones rojas de los países miembros antes de que sean emitidas. El grupo de trabajo está formado por unas 40 personas, pero se sabe poco más sobre el proceso. Cuando los abogados de Ali se pusieron en contacto con la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF) en 2019, un organismo independiente que revisa la información que figura en las notificaciones rojas, la CCF les dijo que “se pusieran en contacto con las autoridades nacionales competentes” en Bahréin si querían tener más información sobre las acusaciones contra Ali. 

“No dudamos de que los abusos en el sistema de notificaciones rojas son una minoría del total”, dice Bruno Min, de Fair Trials. “Pero si Interpol pudiera darnos una cifra de solicitudes de notificaciones rojas que desestima, podríamos tener más garantías de que filtran correctamente las peticiones. Hoy por hoy no nos facilitan esta información”.

Ali temía por su vida

Las autoridades bahreiníes acusan a Ali de múltiples cargos relacionados con terrorismo, como la fabricación de bombas y la complicidad en el asesinato de tres policías, uno de ellos de Emiratos Árabes Unidos. Las organizaciones de derechos humanos afirman que a menudo se formulan cargos similares contra los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales de 2011, y muchos como Ali huyeron en los años posteriores. Otros tres hombres también acusados de asesinar a agentes de policía en el mismo caso fueron ejecutados en 2017, tras un juicio en el que observadores de la ONU acusaron a las autoridades bahreiníes de obtener confesiones falsas mediante tortura. Uno de ellos calificó posteriormente las ejecuciones de “ejecuciones extrajudiciales” basadas en un “juicio injusto y en pruebas poco sólidas”.

Mientras el caso de Ali avanzaba en el sistema judicial serbio, el hombre escribió tres cartas a los tribunales en un intento de convencerlos de los riesgos que corría si era extraditado. “Temo por mi vida y por el bienestar de mi familia”, escribió el pasado diciembre, explicando que había venido a Serbia a pedir asilo con la esperanza de que estuvieran a salvo. Era muy consciente de los riesgos, ya que había descrito a Human Rights Watch las torturas que había sufrido casi una década antes en Bahréin.

Pero la notificación roja no le permitió librarse de la acusación de ser un delincuente buscado. El 18 de enero, el Ministerio de Justicia de Serbia aprobó la orden de extradición de Ali al Estado del Golfo. Esta decisión se tomó después de un año de relaciones cada vez más cordiales entre los dos países, incluida la primera visita de Estado de un presidente serbio, cuando Aleksandar Vučić voló a Manama en marzo del año pasado y “se comprometió a seguir profundizando los lazos políticos y económicos entre Serbia y el Reino de Bahréin”.

“Estoy absolutamente convencida de que el Gobierno [serbio] resuelve los casos de extradición de diferentes maneras dependiendo de los países con los que trabaja, y sin pensar en la vida de la persona implicada”, dice Sonja Tošković, del Centro de Derechos Humanos de Belgrado. Subraya las múltiples convenciones internacionales que prohíben la extradición a países donde los detenidos corren el riesgo de sufrir abusos. “Se está jugando con la vida humana. Es devastador”.

The Guardian tiene conocimiento de que el juez que supervisaba el caso de Ali recibió una llamada del Ministerio del Interior serbio el día antes de su extradición. Un responsable del Ministerio del Interior le dijo al magistrado que Interpol sabía que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había emitido una orden judicial temporal para detener la extradición de Ali hasta finales de febrero. El funcionario de Interior quería saber cómo proceder con el caso y si tenían permiso para sacar a Ali de la prisión de Belgrado.

El juez redactó un memorando para transferir la decisión sobre la extradición de Ali al Ministerio de Justicia, de acuerdo con el procedimiento. El factor tiempo era clave: el avión privado que iba a recoger a Ali había aterrizado en Belgrado siete minutos antes de que el juez recibiera la llamada, tras haber salido de Abu Dhabi con destino a Manama y haber volado a Belgrado el mismo día.

Las autoridades serbias se vieron obligadas más tarde a dar explicaciones al TEDH por qué decidieron saltarse la medida cautelar y vulnerar el convenio sobre derechos humanos. En un comunicado, afirmaron que la extradición se llevó a cabo debido al “poco tiempo transcurrido entre la emisión de la medida cautelar y el momento de la extradición del solicitante”.

“Con esta extradición ilegal, Serbia e Interpol han destruido la vida de Ahmed”, dice Alwadaei. “Han actuado en clara violación de las leyes internacionales. Serbia ha incumplido sus obligaciones internacionales. Una vez más, Interpol se ha dejado instrumentalizar por un régimen autoritario”.

Las ONG exigen respuestas

Una coalición de organizaciones de derechos humanos ha escrito a Royal Jet para exigir respuestas sobre por qué había permitido que se utilizara la aerolínea para extraditar a un disidente. “Tememos que al utilizar los aviones de su compañía para llevar a cabo la extradición errónea del señor Ali, puede haber desempeñado un papel activo en la violación de las medidas provisionales del TEDH y del artículo 3 de la Convención de la ONU contra la Tortura”, dicen. El Ministerio de Justicia serbio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de EAU y Royal Jet no han contestado a las preguntas de The Guardian.

Las autoridades bahreiníes ya habían declarado al medio británico que Ali no corría ningún riesgo de sufrir malos tratos en su país de origen, y remitieron otras preguntas a una declaración reciente de la Fiscalía. En ella se afirma que “la Fiscalía solicitó la pena de muerte para el acusado”, pero el tribunal mantuvo las tres cadenas perpetuas de Ali y añadió una cuarta.

Alwadaei y Min están entre los que piden que Interpol revise su gestión del caso de Ali para evitar que una situación como esta pueda repetirse en el futuro. A la pregunta de si el caso podría dar lugar a una investigación interna, un portavoz de Interpol asegura que la secretaría general “revisa, evalúa y actualiza constantemente sus procedimientos para garantizar el máximo nivel de integridad del sistema y la confianza en su trabajo”.

Traducido por Emma Reverter.