Italia vuelve a detener y multar al barco de rescate Open Arms

No han pasado ni dos meses desde que las autoridades italianas sancionaran al Open Armas con una multa de 10.000 euros y un periodo de detención administrativa de 20 días, por realizar varios rescates de migrantes en el mar Mediterráneo, contraviniendo un polémico decreto que limita las operaciones de salvamento a una sola cada vez.

La ONG española ha denunciado este jueves que las autoridades le han impuesto un nuevo bloqueo administrativo de 20 días y una multa de hasta 10.000 euros por el siguiente motivo: “¿El delito? Haber salvado 176 vidas en peligro en tres operaciones de rescate en aguas internacionales del Mediterráneo central”, afirma la ONG a través de de la red social X (antes Twitter).

Open Arms ha lamentado que el Gobierno italiano encabezado por la ultraderechista Giorgia Meloni “sigue con su estrategia de hostigamiento a la labor de los barcos humanitarios. Una vez más investiga, multa y detiene a quienes salvan vidas mientras financia con millones de dinero público a quienes encarcelan, torturan y chantajean a personas vulnerables”.

“Nosotros asumiremos esta detención injusta y los consiguientes costes judiciales, pero nos parece inaceptable tener que sufrir esta situación por haber cumplido con nuestro deber, es decir, por haber respetado la Ley del Mar y los convenios internacionales”, ha agregado la ONG.

Además, ha recordado que “es obligación legal y moral del capitán de cualquier barco prestar auxilio a los náufragos en situación de peligro. La omisión de socorro es un delito grave castigado por la ley”. El capitán del Open Arms ha sido interrogado durante seis horas, según la ONG que opera desde hace años en Italia.

El barco se encuentra en el puerto de Marina di Carrara (noroeste), adonde llegó ayer, miércoles, con 176 personas a bordo, que había socorrido en los días anteriores.

Según un controvertido decreto del Gobierno italiano, convertido en ley en febrero de 2023, los rescatistas no pueden demorarse en el desembarco o modificar la ruta marcada por las autoridades y, si lo hacen, pueden enfrentarse a multas que van de los 10.000 a los 50.000 euros, y un bloqueo administrativo de hasta dos meses de su embarcación.

Desde la entrada en vigor de esa norma, las ONG como Open Arms o Médicos Sin Fronteras, que opera con el barco Geo Barents, han denunciado las trabas de las autoridades italianas para realizar su labor, incluido el hecho de que se les asignan puertos de desembarco lejanos, en el norte de Italia, en lugar que los puertos del sur, lo cual prolonga el viaje y el sufrimiento de los migrantes a bordo, según las rescatistas.