Las víctimas sin tarjeta sanitaria que dejan dos años de exclusión

Mustafa, un inmigrante senegalés que vive en España desde 2006, estuvo más de dos años sin tarjeta sanitaria debido a la reforma sanitaria el Gobierno que excluyó del sistema público a miles de inmigrantes sin papeles. Este martes el Gobierno ha dado marcha atrás parcialmente en la medida que aprobó su Ejecutivo: los inmigrantes en situación irregular podrán ser atendidos en Atención Primaria. Mustafa se alegra, pero no puede evitar la rabia: “Sentí mucho que Alpha Pam muriera por una tontería, una enfermedad que tiene remedio, es muy injusto”. Jeanneth Beltrán y Soledad Torrico también fallecieron en estos dos años de decreto sin poder acudir de manera normalizada al médico.

Mustafa —que hace poco consiguió regularizar su situación y, por tanto, la preciada tarjeta sanitaria— se acuerda de “su compañero”. No lo conocía, pero sintió la muerte como muchos otros compatriotas, dice. Alpha Pam falleció desangrado en el suelo de su piso, de tuberculosis, una enfermedad para la que hay tratamiento en España. Pero a este joven senegalés sin tarjeta sanitaria no le habían diagnosticado la enfermedad, tras varias negativas de atención y una última visita a urgencias del Hospital de Inca en la que no le sometieron a una radiografía solicitada por un médico de atención primaria.

La Audiencia de Palma ha ordenado reabrir la investigación sobre su muerte: indica que “en ese momento (cuando Alpha Pam acudió al hospital) era posible diagnosticar la enfermedad y proceder a su tratamiento”. Pero no le hicieron una prueba para ver por qué continuaba con tos después de meses tomando uno y otro medicamento, pagados íntegramente de su bolsillo.

“Es injusto que estas cosas sucedan en un país avanzado como España”, dice Mustafa, que contó su situación en uno de los capítulos de 'Historias de la crisis' que publicó este medio. Sus palabras se atropellan cuando se refiere a la situación en la que muchos compañeros y él mismo se vieron despojados del derecho a la atención sanitaria normalizada. “Desde que llegamos hemos sufrido muchas dificultades. Cuando llegamos en 2006, como decían que las cosas iban bien, no les importaba que vinieramos a trabajar, pero con la crisis, ya no nos querían. Les quitábamos el trabajo, nos quitaron la sanidad”, dice.

Jeanneth Beltrán tampoco tenía tarjeta sanitaria. La mujer, nicaragüense de 30 años, pidió ayuda a sus amigos para trasladarse desde Ajofrín hasta Toledo el pasado 23 de mayo, por encontrarse muy enferma. A las 18.30 horas, llegaba a las Urgencias del Hospital Virgen de la Salud, para solicitar ser tratada por fuertes dolores de cabeza, molestias generales en el cuerpo y vómitos constantes. Después de cuatro horas de espera en urgencias por no contar con la tarjeta sanitaria, Jeanneth murió en el hospital. Unos meses después, el Hospital de Toledo envió un aviso de facturación por la atención que proporcionó a la mujer ese día, algo ilegal ya que la atención urgente es una de las excepciones reconocidas en el real decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a 870.000 personas con su entrada en vigor.

Soledad Torrico, bolivariana, tenía derecho a la sanidad pública gratuita pero no lo sabía. Creyó que era una de tantos miles de extranjeros sin posibilidad de acudir a su médico de cabecera y la confusión se truncó en tragedia. Murió en febrero de 2013 tras pasar varias veces por las urgencias hospitalarias y amenazarle con la emisión de compromiso de pago, según sus familiares.

Las ONG piden al Gobierno la derogación total del decreto

La noticia del Gobierno ha sido bienvenida por las organizaciones sociales a favor de la sanidad universal, como un paso necesario, pero exigen que no sea el último. El Ejecutivo ha apuntado que estas personas podrán ser atendidas en la Atención Primaria, pero no les serán devueltas sus tarjetas sanitarias. Los inmigrantes en situación irregular recibirán un documento especial de atención —ligado a un mínimo de empadronamiento, como ya hacen algunas comunidades autónomas—, pero en el aire quedan aún muchas dudas, indican en Médicos del Mundo.

“No tenemos claro qué incluye ese acceso a la Atención Primaria. Si recoge la prescripción de recetas, las derivaciones a servicios especializadas o no...”, apunta Manuel Espinel, presidente de Médicos del Mundo Madrid. Desde la organización apuntan que la solución pasa por derogar la ley: “Esta medida no restituye el derecho a la sanidad porque no se restituyen las tarjetas sanitarias y se mantiene el nuevo modelo sanitario del Gobierno, que ha pasado de reconocer el derecho a la salud ligado a la ciudadanía a un derecho ligado al aseguramiento”.

Fuera de esta medida quedan, por ejemplo, los ancianos extranjeros con permiso de residencia legal en España, que llegaron a través del reagrupamiento familiar autorizado por el país, pero que ahora no tienen acceso a la sanidad pública por no haber cotizado en España. En su caso, aunque puedan pagarlos, los seguros privados no admiten a estos pacientes por su avanzada edad.

En Red Acoge también consideran que la iniciativa del Ministerio “no es suficiente”. Las organizaciones parte de Red Acoge, además, “han denunciado reiteradamente que durante este tiempo se ha denegando la atención sanitaria también en casos en los que sí está reconocido el derecho (mujeres embarazadas, menores de edad, urgencias)”, aseguran en un comunicado.

Omar, miembro de la Asociación de Sin Papeles de Madrid, participó en una campaña de Alianza por la Solidaridad para visibilizar algunos de los problemas de la población inmigrante en España. Entre ellos, uno nuevo: la falta de acceso al médico. “Muchos miembros de la asociación no querían ir al médico después de que les dijeran en las urgencias que no tenían derecho”, cuenta.

La emisión de la factura a Jeanneth Beltrán por su atención en urgencias o la negativa en el Hospital de Inca de realizar a Alpha Pam una radiografía demandada de urgencia por un médico son solo algunas de las irregularidades que durante estos dos años y medio han recogido las organizaciones sociales como Médicos del Mundo y Yo Sí, Sanidad Universal. En su opinión, la confusión instalada en el sistema de salud público desde que se aprobó la ley es generalizada y entre las consecuencias figuran personas que, aunque se encuentran mal, no acuden al médico por miedo al rechazo.

La Audiencia de Palma aprecia en el auto sobre la reapertura del caso de Alpha Pam “fallos en el Sistema Sanitario en su conjunto y en cadena”.

Las diferentes plataformas piden la derogación de la norma para que en un futuro las dudas sobre la nueva cobertura sanitaria no se plasmen en nuevos errores ni perjudicados. Ya murieron Alpha Pam, Soledad Torrico y Jeanneth Beltrán y no quieren añadir los nombres de más personas en esta lista.