El precio de no poder pagar la luz

Un asunto, que no es nuevo, ha saltado en los últimos meses a la parrilla mediática: hablamos de pobreza energética. Probablemente nos planteemos por qué poner apellidos a la pobreza, tales como “pobreza infantil”, como si existieran niños pobres en hogares ricos, pero en este caso, el energético, nos ayuda a profundizar y observar que además se concitan causas particulares del sector eléctrico.

Podemos definir la pobreza energética como la dificultad, e incluso la incapacidad, de mantener la vivienda a una temperatura adecuada, así como no poder contar con otros servicios energéticos tales como agua caliente, electrodomésticos, iluminación, internet e incluso el acceso a los medios de transporte.

Según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales del año 2014 (con datos del año 2012), 7 millones de personas en España tienen serias dificultades para pagar sus facturas energéticas. Está ampliamente documentado que vivir de manera continuada en un hogar con una temperatura inadecuada genera y agudiza enfermedades e incluso puede causar la muerte. La Organización Mundial de la Salud publica que el 30% de las muertes sobrevenidas en invierno están relacionadas con la pobreza energética. Si echamos las cuentas, en nuestro país, la cifra es demoledora. Aproximadamente 7.000 personas mueren al año por no poder vivir en un hogar acondicionado. Y aunque estos datos hacen palidecer cualquier otra consideración, hay que resaltar que la falta de servicios energéticos incrementa la brecha social y provoca una pérdida de oportunidades en diferentes sectores de la población afectada. Estudiantes, enfermos, demandantes de empleo, trabajadores precarios…ven mermada su disponibilidad a los servicios básicos como la higiene, la cocción de los alimentos, el acceso a servicios sanitarios y a las ofertas de empleo. Además, las estadísticas demuestran que vivir en situación de pobreza energética afecta directamente al rendimiento escolar. El frío, la falta de iluminación o la falta de acceso a internet generan exclusión en unas edades fundamentales para la integración de las personas en la esfera social. Por ello, para dar salida a esta situación, organizaciones que trabajan para paliar y solucionar la pobreza y la exclusión social, han habilitado aulas de estudio.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias, el incremento continuado del precio de los suministros energéticos y la mala calidad de la edificación, que hace que nuestros hogares sean enormes devoradores de energía a fin de mantener un mínimo de confort térmico, son el coctel perfecto para que la lista de ciudadanos en situación de pobreza energética no deje de engrosar. Soluciones hay, y recursos para poder implementar estas medidas también. Pero lo que desgraciadamente, hasta la fecha no hay, es voluntad política para solucionar esta inadmisible lacra social.

Sin ir más lejos, España por ser Estado miembro de la Unión Europea, tiene mandato normativo según la Directiva de mercado interior de la electricidad (del año 2009), de implementar un plan nacional para solucionar la pobreza energética. Entre las medidas urgentes y paliativas, está reconfigurar el deficiente bono social y habilitar ayudas a las familias vulnerables. Pero, sin lugar a dudas, en lo que se debe trabajar, tal y como  indica la Directiva, es en instaurar medidas de solución estructural, como es reducir la demanda energética en los hogares a través de costear a las familias medidas de ahorro y eficiencia energética.

Por la inacción del Gobierno en este asunto y por la indecente acción de las compañías energéticas, que no les tiembla la mano para cortar el suministro en caso de impago, en la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético trabajamos activamente para visibilizar el problema y para que se reconozca un derecho universal a un uso básico de energía que permita a todas las personas tener una vida decente.