Hacienda enmarca en la negociación habitual con Euskadi y Navarra el nuevo acuerdo con Bildu sobre endeudamiento

El acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu para prorrogar el estado de alarma pasa por la derogación total de la reforma laboral y la capacidad para los ayuntamientos de incurrir en gastos relacionados con la crisis del coronavirus al margen de la regla de gasto. Un tercer aspecto del acuerdo indica que “la capacidad de endeudamiento de País Vasco y Navarra se establecerá exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras”.

Frente a la polémica creada por el apartado de la derogación “integral” de la reforma laboral, que fue modificado por el PSOE pocas horas después de su anuncio, desde el Ministerio de Hacienda se ha rebajado el impacto del acuerdo en materia de deuda para el País Vasco y Navarra.

Según Hacienda el establecimiento de objetivos diferenciados para estas comunidades autónomas no implica novedad, y es algo que se hace ahora en las comisiones mixtas. Fuentes del departamento señalan que por ejemplo, en la última celebrada con el País Vasco (tan reciente como el 11 de marzo), se acordó un objetivo de déficit para 2020 del 0% (equilibrio presupuestario) a pesar de que el objetivo para el resto de las CCAA era del 0,2%.

En esta reunión celebrada solo tres días antes de la promulgación del estado de alarma el Estado y el País Vasco establecieron como objetivos de reducción de deuda del 11,8% de su PIB en 2020; del 11,4% en 2021; del 11% en 2022 y del 10,6% en 2023. Es decir, se llegó a un acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central sobre el recorrido de reducción de deuda porque la capacidad del Gobierno vasco y navarro de endeudarse está sometido a negociación con la Administración del Estado.

Sin embargo, la falta de detalles sobre el acuerdo con Bildu ha hecho saltar las dudas sobre su alcance, ya que se da a entender que tanto el País Vasco como Navarra tendrían la facultad de elevar su endeudamiento en función de sus cuentas públicas y sin tener en cuenta la situación del pasivo del Estado. Una nueva dinámica que podría significar un incremento de la independencia fiscal que disfrutan estas comunidades autónomas con su régimen foral. EH Bildu no ha querido dar su versión del acuerdo ante las preguntas de eldiario.es.

Mientras el resto de las comunidades autónomas negocian de manera conjunta sus cuestiones presupuestarias con el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el País Vasco y Navarra tienen relaciones bilaterales con el estado a través de comisiones mixtas.

Esto es así porque no son comunidades de régimen común, sino que tienen la capacidad de regular y recaudar sus impuestos, como está blindado en la Constitución por sus derechos forales. Cada cierto tiempo surge la discusión sobre la mayor o menor justicia en el cálculo del cupo, que es la cantidad negociada con el Estado que deben pagar estas dos comunidades por las competencias no transferidas y en concepto de solidaridad entre autonomías. Se negocia cada cinco años.

De hecho, ante la posibilidad de incrementar la asimetría diferentes responsables políticos han pedido explicaciones sobre las características del acuerdo firmado el pasado miércoles, que permitió al Gobierno prorrogar el estado de alarma. El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, apuntó en Twitter que “es inadmisible que el Gobierno de Sánchez privilegie a unas CCAA frente a otras” mientras que E l diputado autonómico de Ciudadanos Aragón, José Luis Saz, señaló que “PSOE, Bildu y Podemos están generando un gravísimo agravio a los ciudadanos del resto de comunidades autónomas”, o el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, avisó de que “no es imaginable” cuando se está inmerso en esta crisis que desde el Gobierno central se permita mayor endeudamiento a Navarra o País Vasco que al resto de comunidades autónomas.

Ante el impacto de la crisis económica que ha supuesto la paralización de la actividad para luchar contra el coronavirus, varias comunidades autónomas habían solicitado al Gobierno central la posibilidad de ampliar el endeudamiento a largo plazo además de utilizar el superávit para facilitar la salida de la crisis.

En diciembre de 2019, el ministerio de Hacienda se comprometió a estudiar la posibilidad de “fijar los objetivos de estabilidad de manera diferenciada, atendiendo a la posición fiscal de cada comunidad autónoma y que los objetivos de deuda tuvieran en cuenta los objetivos de estabilidad diferenciados y consideraran el superávit obtenido en el ejercicio anterior”, como recomendaba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entonces presidida por el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en uno de sus informes. La pandemia ha hecho saltar por los aires este compromiso mientras Hacienda se plantea nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las comunidades autónomas.