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El exministro Jordi Sevilla propone una renta básica “universal” a través de la declaración de la renta

El exministro Jordi Sevilla.

Laura Olías

Una desigualdad y pobreza para las que las políticas existentes en España no sirven o, al menos, no son suficientes. Es la premisa de la que parte un estudio del Observatorio Social de La Caixa dirigido por el economista Jordi Sevilla, exministro socialista y actual presidente de Red Eléctrica de España a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. Diez expertos analizan nuevas fórmulas en torno a los conceptos de renta básica, rentas e ingresos mínimos, que podrían implantarse en España para afrontar este reto. Sevilla defiende una propuesta: una “renta fiscal universal” para garantizar un mínimo vital de ingresos para todo el mundo a través de la declaración de la renta.

El economista, que coordinó el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo de Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles su propuesta, a través de la que todo el mundo tendría que hacer la declaración de la renta. También aquellas personas que tengan ingresos bajos, al contrario de lo que sucede en la actualidad, que están exentas (quienes ingresen rentas del trabajo de más de 22.000 euros de un pagador o más de 12.643 euros de varios pagadores).

El exministro ha explicado que durante mucho tiempo desde posiciones progresistas se ha considerado que este mínimo exento ayudaba a los colectivos con menos renta. Pero, en su opinión, el sistema impositivo está generando un tratamiento desigual desde el Estado: las personas con más ingresos tienen acceso a unos beneficios fiscales, “que no dejan de ser transferencias de renta que el Estado otorga a través del IRPF”, que no obtienen aquellos con más necesidades, las personas con menos renta que no hacen la declaración.

Sevilla ha subrayado “la incoherencia” de que incluso en ocasiones las ayudas sociales para personas con menos ingresos ligadas a determinadas cuestiones son menos generosas que los beneficios fiscales para las personas con más renta.

Por ejemplo: las desgravaciones por hijo que figuran en las rentas del IRPF frente a las ayudas por hijo a cargo para las familias con menos ingresos. Entre las primeras se contemplan deducciones fiscales de 1.200 euros anuales por cada hijo menos de 3 años o la deducción por familia numerosa de 1.200 euros, mientras que la ayuda por hijo para las familias más pobres es de 291 euros.

Cómo funcionaría la “renta fiscal universal”

La propuesta presentada este miércoles por Sevilla, titulada “crédito fiscal universal”, pretende crear un “mínimo vital que se convierta en una renta garantizada” que asegure un mínimo de ingresos a todas las personas “para satisfacer las necesidades básicas de todo individuo y, con ello, su plena libertad”, recoge el informe.

¿Cómo funcionaría? Todos los ciudadanos deberían presentar su declaración de la renta y, si están por debajo del mínimo vital que se estableciera a nivel nacional, el Estado les devolvería la diferencia. Si están por encima de ese mínimo, deberán pagar lo que corresponda de IRPF.

¿Cuál debería ser ese “mínimo vital”? El exministro y actual presidente de Red Eléctrica no se ha querido posicionar con una cifra en concreto, aunque en el estudio cita una cantidad que puede servir “de referencia”: los al menos 5.550 euros anuales que no se someten a tributación. Esta cantidad aumenta por varias circunstancias, por ejemplo, en 1.150 euros anuales cuando el contribuyente tiene más de 65 años.

Sevilla defiende que la medida tendría un impacto “universal” puesto que los contribuyentes se beneficiarían de la exención tributaria de ese mínimo, como ya ocurre en la actualidad, y los que no llegaran a ese nivel de renta la obtendrían por una transferencia del Estado.

En paralelo, recoge la propuesta, deberían incrementarse “gradualmente” las prestaciones y transferencias sociales hasta llegar a ese mínimo vital fijado desde el Estado. Sevilla ha defendido que no tendría sentido que las pensiones no contributivas o las rentas mínimas de inserción estuvieran por debajo de lo que el Estado ha establecido que es el mínimo necesario para vivir.

Sobre la financiación de la renta fiscal universal, la propuesta se sustenta en una lógica redistributiva en la que “unos ciudadanos pagan y otros reciben” según su situación económica, pero no define cómo se articularía. “Lo que sí sabemos es que los numerosos beneficios fiscales suponen un elevado coste presupuestario y ahí hay un amplio margen”, recoge el estudio.

Debate abierto y múltiples opciones

El economista ha recordado que su “renta fiscal universal” es solo una propuesta más entre las muchas existentes en torno al debate de la implantación de una renta básica universal, que ya están experimentando algunos países y ciudades.

De hecho, fuentes de PSOE recuerdan que tanto en el manifiesto Somos Socialistas de Pedro Sanchez con el que se presentó a primarias como en las resoluciones del 39 congreso de julio de 2017 ya se recoge una propuesta similar a la presentada ahora por Sevilla. Las mismas fuentes añaden que la Secretaria de Política Económica y Empleo ha estado trabajando durante los últimos dos años en la cuantificación de los efectos con microdatos y microsimulaciones de un impuesto negativo sobre la renta.

Sevilla ha explicado que en el informe completo Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica que ha coordinado para el Observatorio Social de La Caixa se abordan varias modalidades, con la participación de especialistas como Daniel Raventós, Ana Berenguer, José Moisés Martín Carretero y José Ignacio Conde-Ruiz, entre otros.

El exministro ha destacado que, pese a los diferentes enfoques de los expertos, todos comparten una premisa: la necesidad de implantar nuevas herramientas en forma de rentas básicas o mínimas para combatir la pobreza y la desigualdad ante la ineficacia del actual sistema de protección social.

El estudio recuerda que la Comisión Europea sitúa a España, junto con Italia, como el país donde las transferencias sociales benefician menos a las rentas más bajas, siendo uno de los sistemas fiscales que menos redistribución generan.

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