La banca teme que la nueva ley de pagos beneficie a Google o Facebook
Las reglas deben ser las mismas para todos. Esta frase se ha convertido en un mantra en el sector financiero cuando se habla sobre los cambios legislativos que llegan a transformar esta industria, como es el caso de la nueva directiva de medios de pago, conocida abreviadamente como PSD2. Este nuevo marco obliga a la banca a abrir los datos de clientes a terceros, cuando estos otorguen el consentimiento, lo que da pie a la entrada de nuevos actores, que pueden ser incluso las temidas Google, Facebook o Amazon.
La que más alto ha hablado en este sentido ha sido Ana Botín, presidenta de la mayor entidad financiera española, Banco Santander. La directiva defendía esta semana en una entrevista en el británico Financial Times que “la teoría de la normativa estaba muy bien pero tiene que ser justa” y que, por tanto, necesitaba ser “revisada”. Preguntado por estas críticas, un portavoz de la patronal española, AEB, subraya que “es importante que a la misma actividad, haya las mismas normas”.
Las críticas se centran en un punto clave: los datos. La banca antes tenía el “monopolio” sobre la información financiera de los clientes, como señalan expertos en el sector que prefieren no ser identificados, y ahora se ven obligados por esta normativa a abrirlos a terceros para realizar pagos. De este modo, se abre la puerta a la entrada de nuevos competidores que van desde las fintech, a las grandes tecnológicas o incluso el comercio, que puede lanzar sus propias herramientas de pago.
Si antes cualquier pago que no fuera en efectivo se hacía con intermediarios, como las tarjetas o las propias entidades financieras, ahora los bancos estarán obligados a abrir sus datos a nuevos operadores, que conectarán directamente al emisor del cobro con la cuenta del consumidor. Los expertos señalan que esta normativa está llamada a introducir competencia en los medios de pago, a incluir mayor seguridad en los mismos y a impulsar la digitalización del negocio.
Más allá de Botín y de algunas declaraciones de José María Roldán, presidente de la AEB, el sector no ha levantado en exceso la voz contra la normativa, pero los expertos reconocen que preocupa a todos por igual. La principal crítica que se hace es que, mientras ellos tienen que ceder sus datos a terceros, estos no se los ceden a ellos. Es decir, Google o Facebook pueden entrar a conocer los movimientos en la cuenta de un usuario si crean una pasarela de pagos y este les otorga el permiso, pero una entidad no puede acceder a la información que estos gigantes de internet tienen sobre sus clientes. Estos datos pueden ser, por ejemplo, las búsquedas que realizan o las páginas que les interesan, lo que permitiría segmentar e individualizar mejor sus productos.
Fernando Rufilanchas, responsable de servicios financieros de Accenture, puntualiza que la directiva incluye recomendaciones y que los requisitos específicos no se formalizarán hasta el año que viene, cuando se completará la entrada en vigor de esta normativa. El directivo defiende que la normativa será “beneficiosa” para todas las partes implicadas. “El aumento de la transparencia y la competitividad permitirá elegir más y mejor a su proveedor de información”, subraya. La consultora tecnológica defiende que el banco podrá acceder con estas herramientas a nuevos consumidores.
Otros expertos, sin embargo, señalan que la nueva legislación abre dos vías para la pérdida de ingresos para la banca. Por un lado, el acceso de terceros a datos de los clientes de las entidades permitirá que puedan hacer ofertas a los consumidores para mejorar las condiciones que tienen con sus bancos. Por otro, al perder también el papel protagonista en las operaciones de pago, tendrá un impacto en sus ingresos, según señalan estos analistas.
El mismo artículo en el que Botín critica la regulación, el Financial Times cita un informe de Citigroup en el que se cifra en más de un tercio el volumen de ingresos que perderán los bancos hasta 2025 por la disrupción digital en negocios como los pagos o los créditos a las pymes. Esta estimación no estudiaba únicamente el impacto de la PSD2 sino de los cambios tecnológicos en el sector.
Los analistas puntualizan que la nueva normativa es un “reto” para la banca de la Europa continental. Señalan que si se trasladara a otros negocios, como los créditos al consumo, transformaría por completo su modelo de negocio, muy basado en dar muchos servicios a un cliente, en lugar de que éste tenga los distintos productos disgregados entre varias entidades, como ocurre por ejemplo en Reino Unido.
Aunque no todo es negativo para la banca, según los expertos. Igual que la llegada de nuevos actores puede afectar a la presión competitiva, cada entidad podrá optar por adentrarse en estos negocios más modernos para arañar clientes a otros rivales. Estos analistas entienden que es un gran reto y que los vencedores serán los que se adapten mejor a costa de los competidores.
La directiva entró en vigor el pasado 13 de enero. Sin embargo, una quincena de países, entre los que se encuentra España, todavía no han formalizado su inclusión en la regulación nacional. En el caso español, la Comisión Europea comunicó al Gobierno recientemente la apertura de un expediente sancionador por el retraso en los trámites. El Ministerio de Economía confía en aprobar el Real Decreto antes de este verano.
