El Banco de España avisa al Gobierno: las ayudas a las empresas para incentivar el empleo no funcionan
“Peso muerto”. Esta es una de las formas más habituales con la que los economistas definen las políticas públicas que apenas tienen impacto ya que los beneficiarios hubieran disfrutado de sus beneficios en cualquier caso. Desde hace años, los expertos le dicen al Gobierno que no use las bonificaciones para incentivar el empleo, ya que los efectos de estas medidas no justifican el uso de fondos públicos. El último organismo en hacer esta advertencia ha sido uno que debería tener especial influencia en el Ejecutivo: el Banco de España.
En un breve artículo, dos expertos de la Dirección General de Economía y Estadística, tratan de fundamentar con un caso español lo que ya recoge la evidencia internacional. Que la aplicación de bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social de determinados colectivos tiene un “elevado coste presupuestario, con efectos reducidos, aunque positivos, sobre los colectivos afectados, sin afectar al nivel de empleo agregado”. Los expertos recuerdan que en España es más habitual usar este tipo de herramientas que en otros países europeos.
Para verificar que esto es así en el caso español, los expertos toman un programa concreto de bonificaciones sociales, vigente entre 2006 y 2012, para el colectivo de trabajadores mayores de 60 años. Este programa se desarrolló bajos los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero pero luego el Gobierno de Rajoy ha lanzado otros programas con objetivos muy similares. Enm 2014, por ejemplo, activó la que sería su medida estrella para crear empleo: la tarifa plana de 100 euros a la Seguridad Social para las empresas que hagan un contrato indefinido durante este año.
El programa analizado se dirigía a trabajadores de 60 años o más, con un contrato indefinido y con al menos 5 años de antigüedad dentro de la empresa. Para ello, se bonificaban las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa en un 50% para los trabajadores de 60 años, con un aumento de la bonificación de 10 puntos porcentuales por año hasta un máximo de un 100% a la edad de 64 años
Los expertos hacen un cálculo sobre el efecto de la eliminación de las bonificaciones sobre la probabilidad de perder el empleo de estos trabajadores mayores de 60 años. El impacto “positivo y significativo pero reducido” sobre la probabilidad de perder el empleo se concentró “en los trabajadores con empleos de baja cualificación, con una antigüedad relativamente baja en la empresa y con menores costes de despido”.
Aterrizando en números, los expertos trasladan una estimación del coste que supone la eliminación de las bonificaciones y se compara con el coste que habría tenido mantener el programa de incentivos en vigor. Los resultados muestran que la eliminación de los incentivos se habría traducido “en una pérdida de 3,1 millones de euros en los salarios en diciembre de 2012, como resultado de los trabajadores que perdieron su empleo, lo que a su vez habría reducido en 1,1 millones los ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social”. A su vez, prosiguen desde el Banco de España, “estas pérdidas de empleo habrían elevado en 1,1 millones los gastos en prestaciones por desempleo. Por otra parte, el fin del pago de las subvenciones resultó en un ahorro de 41,7 millones para la Seguridad Social en ese periodo, de forma que el ahorro neto estimado para esta última de la supresión del programa es significativo”. En definitiva, eliminar el programa fue lo más beneficioso para las cuentas de la Seguridad Social.
El artículo incide en que estos resultados están “en línea con la evidencia empírica disponible sobre la efectividad de los programas de bonificaciones a las cotizaciones a la seguridad social [...], que tiende a mostrar un elevado peso muerto de este tipo de medidas (cerca del 85% en el caso analizado), dado que no afectan de manera decisiva a las decisiones de empleo de las empresas”.
Como conclusión, “el programa generó escasos beneficios en términos de una mayor tasa de mantenimiento del empleo del colectivo de trabajadores afectados”.
