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El conflicto entre Uber y el taxi seguirá en el Congreso: el decreto se tramita como proyecto de ley

Taxistas acuden a Bruselas para promover un manifiesto para denunciar la práctica ilícita de Uber

Mónica Martín / Mónica Martín / Francisco S. Cordero

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El decreto que cede la competencia estatal a las comunidades autónomas  y municipios sobre la regulación de los Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC), que utilizan Uber y Cabify, ha superado el examen en el Congreso de los Diputados con el voto a favor de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Coalición Canaria. En contra han votado PP, Ciudadanos y Foro Asturias, mientras que UPN se ha abstenido.

La norma se ha aprobado con la mayoría simple de la cámara, pero se tramitará como proyecto de ley, lo que implica que en los próximos días los diferentes grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas al texto. Aunque el Gobierno ha conseguido con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, Bildu y CC que el decreto salga adelante, PP y Ciudadanos han contado con el respaldo de ERC, PDeCAT, UPN, Foro Asturias y CC para convertirlo en proyecto de Ley.

La normativa cedía la competencia estatal a las comunidades autónomas y municipios sobre la regulación de VTC pero con la obligación de dar una moratoria de cuatro años a las VTC tras la que se deberían ajustar a la exigencia de un vehículo de este tipo por cada 30 taxis. En la presentación del real decreto, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, admitió que “para evitar cualquier perjuicio se plantea la moratoria de cuatro años, que tienen naturaleza indemnizatoria”.

Ahora la posibilidad de cambios en el Congreso mediante enmiendas puede alterar completamente la propuesta del Ejecutivo socialista, que había tenido el visto bueno del sector del taxi y que no contaba con la aprobación de la patronal de VTC, Unauto. 

En el debate en el Congreso, Compromís ha manifestado que la norma “le pasa la pelota a las comunidades autónomas”, aunque no es un decreto “brillante”, ha votado a favor. El grupo parlamentario vasco aunque ha criticado que el Gobierno no “haya consultado a los sectores implicados ni a las comunidades autónomas”. Esquerra Republicana, también ha secundado la convalidación de la normativa y han exigido al Gobierno que las competencias de la Generalitat queden blindadas, además de que la responsabilidad patrimonial no recaiga sobre Catalunya.

Ciudadanos, por su parte, se ha posicionado en “total desacuerdo” con el Real Decreto y ha calificado de “expropiación encubierta” la tramitación de esta normativa. Navarro Fernández, su portavoz, ha recalcado que este decreto no favorece a ninguno de los dos sectores y se posiciona a favor de que las VTC formen parte del nuevo ecosistema de movilidad: “este sector es creciente, cambiante y con nuevos agentes, tiene que existir un taxi potente y competitivo y no lo vamos a conseguir echando a la competencia”.

El Partido Popular, ha acusado al titular de Fomento de “falta de diálogo” y de “dejación de funciones” con motivo de la atribución de las competencias a las comunidades autónomas. José Alberto Herrero, ha añadido que la norma “no resuelve el problema” y que presentarán “medidas efectivas que favorezcan al sector del taxi” como la “no retroactividad para el cómputo global de la jubilación de los taxistas” y “la integración del sector en el consorcio de transporte territoriales”.

El colectivo de taxistas se muestra optimista ante la convalidación del decreto: “es lo mejor que le ha pasado al taxi en la última década, ahora toca trabajar con los ayuntamientos”, sostiene José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi. La patronal de VTC, Unauto, por su parte, celebra que la tramitación del proyecto de ley “abra una nueva vía de diálogo”.

El decreto que cede la competencia estatal a las comunidades autónomas y municipios sobre la regulación de las VTC se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 28 de septiembre. Las principales empresas afectadas, Uber y Cabify, amenazan con recurrir ante los tribunales esta norma ya que la normativa autoriza a los ayuntamientos a limitar la actividad de VTC en las ciudades en una moratoria de cuatro años. 

Los taxistas se han movilizado frente al Congreso

El colectivo de taxistas se ha concentrado en la Plaza de las Cortes durante la mañana de este jueves coincidiendo con el debate en el pleno del Real Decreto. Lo han hecho sin vehículos y sostenían pancartas en las que se podía leer “depende de vosotros”, apelando así al voto de los diputados a favor de la nueva norma, que cede las competencias estatales de regulación del sector VTC a las comunidades autónomas, informa Europa Press.

Por ahora la única regulación existente entorno a este tipo de vehículos era el artículo 182.1 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres donde se recogen los fundamentos para administrar las condiciones y competencias de trabajo de los vehículos de alquiler con conductor.

“Este decreto se está violando constantemente” nos comenta Ángel Vallejo de la Asociación Elite Taxi. El colectivo, también recrimina a las entidades encargadas de vigilar el buen funcionamiento de la reglamentación –el Ayuntamiento y el Director General de Transportes de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero– que no pasen por alto la legalidad y sean más férreos en la vigilancia, según nos confiesa el taxista de 15 años de profesión.

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