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ANÁLISIS

Cómo cuadrar el círculo de la economía española: aumentar el crecimiento con más gasto público sin desbocar el déficit

Mientras que los empresarios se agarran al crecimiento económico, otros economistas piden cambios fiscales para que paguen más los que más tienen. El Gobierno de coalición se olvida de sus propuestas impositivas para aprobar unos nuevos presupuestos con la esperanza de la llegada de la lluvia europea de millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una foto de archivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una foto de archivo. Pool Moncloa

"Las crisis no se financian con impuestos, insisto, las crisis no se financian con impuestos porque no hay capacidad económica que gravar, sino que se financian con deuda. Si queremos mantener el empleo, reactivar la economía y reactivar el consumo lo último que se debe hacer es subir impuestos". Con estas palabras el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, trataba de dar por cerrado el auténtico debate que se abre en los próximos meses: ¿Quién va a pagar esta crisis?

El posicionamiento del líder de la patronal como conclusión de la cumbre empresarial para la reconstrucción de la economía tras el frenazo provocado por la pandemia venía acompañado por otras dos posturas que ayudaban a entender cómo quieren los empresarios responder a la pregunta. Por un lado, la CEOE ha señalado la necesidad de recuperar la "estabilidad presupuestaria", que en palabras de Pablo Isla, presidente de Inditex, supone que "hay que disponer del gasto público necesario en el corto plazo para salir de la crisis, y volver a una senda de estabilidad fiscal a medio y largo plazo", es decir, recortes de gasto público una vez que la economía empiece a rodar.

Por otro lado, en la cumbre empresarial ha habido una petición unánime de los directivos de las principales empresas: más dinero público. Desde grandes empresarios como Rafael del Pino a las constructoras, pasando por la sanidad privada (que exigen una compensación pública por curar a ciudadanos) o el sector turístico, el grito de guerra empresarial fue: "no es tiempo de ajustes", que no paré el maná de dinero público. ¿Entonces?¿Cómo se cuadra el círculo?¿Cómo se contiene el déficit y se incrementa el gasto público para reactivar a los sectores empresariales pero no se suben impuestos?¿Se puede lograr solo con la reactivación económica como apuntan los empresarios? 

Los datos ya responden a la última pregunta que será difícil si se quiere mantener un gasto público en condiciones para responder a las consecuencias de la pandemia. Sin el impacto del coronavirus, España terminó 2019 con un crecimiento del 2% del PIB, el doble que la mayoría del resto de países de la Unión Europea, pero el déficit público creció tres décimas hasta el 2,8 % del PIB, el tercer mayor porcentaje de la UE. Además, el déficit estructural de España -el endeudamiento de las cuentas públicas asumiendo que la economía funciona bien y responde más a las políticas de ingresos y gastos que define el Ejecutivo- fue del 3,2% en 2018 y alcanzó el 4% en 2019, según los datos de la Comisión Europea. 

Una explicación a los problemas para cuadrar las cuentas durante periodos de crecimiento podría ser la que exponen desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que acusan a las grandes empresas de eludir el pago de 24.375 millones de euros entre 2015 y 2018 (años de bonanza económica) gracias a los agujeros del Impuesto sobre Sociedades. Según Gestha, en 2018 el importe exento de dividendos y plusvalías se ha sextuplicado hasta los 152.638 millones, seis veces más que el promedio de la década.

Otra explicación es que nuestro país tiene una presión fiscal más baja que la media de la Unión Europea, aunque entre 2017 y 2018 subió casi un punto hasta el 35,4% del PIB. España se sitúa cinco puntos por debajo del promedio en la UE (40,3%) y seis puntos por debajo de la media de la eurozona (41,7%). La clasificación la encabeza Francia, con un 48,4% del PIB, seguida por Bélgica (47,2%), Dinamarca (45,9%), Suecia (44,4%), Austria (42,8%), Finlandia (42,4%) e Italia (42%), según datos de Eurostat. En el otro lado están Irlanda, con la menor presión fiscal (23%) seguida por Rumanía (27,1%), Bulgaria (29,9%) y Lituania (30,5%).  

Lo cierto es que la debilidad fiscal de España también ha hecho que las ayudas por la crisis de la COVID-19 hayan sido menores que otros países de nuestro entorno. Un informe del centro de estudios Bruegel apunta que los gastos y las desgravaciones fiscales de España son del 3,7% del PIB de 2019, lejos del 13,3% al que ha llegado Alemania. Además somos el país con medidas de menos impacto en aplazamientos de impuestos (menos del 1% del PIB), y respecto a los avales estatales de créditos representan un 9,2% del PIB en España, cuando en Francia llegan al 14,2%, en Alemania son el 27,2% y en Italia, el 32,1% del PIB.  

Mientas, las previsiones del impacto del COVID-19 en la economía española son cada vez peores, pese a que ya hemos dejado atrás el confinamiento. El Fondo Monetario Internacional elevó 4,8 puntos porcentuales el impacto de la crisis del coronavirus, de manera que la caída del PIB español en 2020 llegaría hasta el 12,8%, ahora bien las previsiones de recuperación en 2021 también son mayores y elevan a un 6,3% el PIB, dos puntos más que las previsiones que se hicieron en abril de este año. El efecto de la caída de la actividad en las cuentas públicas también será mayor: el déficit crece al -13.9% en 2020 y al -8.3% en 2021, mientras que la deuda pública salta al 123.8% y al 124.1% del PIB, respectivamente.

Las cifras que se van conociendo son desalentadoras. La deuda del conjunto de las administraciones públicas registró en abril un incremento del 0,9% hasta el máximo histórico de 1.234.694 millones de euros, con lo que ya rozaría el 99% del PIB, según los datos del Banco de España. En los cuatro primeros meses del año, la deuda de las administraciones públicas se ha incrementado en 38.808 millones, casi siete veces más que en el mismo periodo del año anterior. Solo la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se mantuvo en abril en 55.023 millones de euros, sin tener en cuenta algunas de las medidas que se han tomado para solventar la crisis. Por ejemplo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, calculó que el gasto de la Seguridad Social en ERTE entre mediados de marzo y finales de septiembre se situará en una horquilla de entre 10.000 y 11.000 millones de euros mientras que el necesario Ingreso Mínimo Vital supondría un coste de 3.000 millones anuales.

No hay que olvidar que la amenaza de un segundo rebrote del coronavirus sigue ahí, lo que complicaría aún más la reactivación de la economía, y que hay sectores como el turismo o el comercio exterior, que fueron fundamentales para salir de la crisis financiera de 2008, que están entre los más tocados o todavía tienen muchos problemas para recuperar el ritmo normal.

Además no está claro que vaya a haber una fuerte reactivación del consumo. Vincent Allilaire, vicepresidente de Moody's, explica en un informe que "en las economías más grandes de Europa, los hogares en conjunto han acumulado dinero en efectivo sobrante después de haber pagado algunas deudas en términos netos y haber acumulado caja. Pero esto oculta una situación profundamente desigual: los trabajadores con salarios más bajos fueron los más expuestos a los cierres de empresas, a los ERTE y a la pérdida de ingresos, y es poco probable que hayan acumulado dinero extra durante este período. Todo el dinero sobrante se concentra entre los trabajadores con mayores ingresos, lo que hace más probable que se gaste en compras discrecionales o en la reducción de sus deudas".

"Repetir el error de la austeridad"

Con este contexto, los representantes de Economistas frente a la crisis avisan de que "desde muy diferentes ámbitos se está tratando de desplazar, antes de lograr la recuperación económica, el foco de atención puesto en las actuaciones de política fiscal hacia un control prematuro del déficit público, algo que incluso el FMI desaconseja" ya que esto "significaría volver a repetir el error de las políticas de austeridad y condenar a la economía a una salida lenta y dolorosa, con elevados costes sociales, lo que además pondrá en tela de juicio nuestra solvencia como país".

De hecho, esta misma semana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se unió a las peticiones empresariales de estabilidad presupuestaria y pidió al Gobierno que empiece a definir ya "un programa de consolidación presupuestaria de medio plazo que, a través de una revisión del gasto y de la estructura y capacidad impositivas, que permita sanear nuestras finanzas públicas". En un sentido parecido pero con una velada amenaza, el responsable del servicio de estudio BBVA Research, Rafael Domenech, advirtió de que si no se hace nada para garantizar la estabilidad presupuestaria desde 2022 "surjan dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas" y se podría dar "un ajuste dramático y muy rápido en las pensiones".

"Como hemos visto lamentablemente, en otros países de nuestro entorno con la crisis financiera internacional, lo peor que podría pasar es que esto desembocara en una situación de insostenibilidad de las cuentas públicas y un ajuste muy dramático, rápido de las pensiones como ocurrió en Grecia y, en menor medida, en Portugal. Para nada ese es el escenario en el que estoy pensando, pero tampoco nos podemos descuidar para evitar ese escenario, hay que ponerse manos a la obra y trabajar desde ya", recalcó el directivo del BBVA.

Diferentes respuestas fiscales

¿Cómo se puede responder desde ya con con actuaciones desde un punto de vista fiscal? En línea con las propuestas de la patronal, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) presentó este mes el estudio Por la Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria tras el Covid-19, cuya receta para 'salvar' las cuentas públicas tiene cuatro grandes ejes de actuación: Primero, es "prioritario llevar a cabo reformas que aumenten el crecimiento potencial de la economía española y reduzcan su desempleo estructural, con el consiguiente incremento de las bases tributarias". Segundo, "racionalizar el gasto público". Tercero, "acometerse una mejora de la estructura fiscal que aumente el crecimiento potencial y la creación de empleo". "Por último, si con lo anterior no fuera suficiente, habría que estudiar qué aumentos de impuestos podrían ser necesarios, buscando siempre minimizar su efecto negativo sobre el crecimiento y el empleo". 

Otra posición totalmente contraria es la de Economistas frente a la crisis, que aunque puede coincidir en varios aspectos con la visión de Fedea como en la modernización del tejido productivo español, sus propuestas fiscales son muy diferentes: poner el acento en la fiscalidad efectiva de los grandes grupos empresariales que debieran tributar por un tipo efectivo mínimo sobre el resultado contable común a todas las empresas; aumentar la contribución en el IRPF de las rentas elevadas; una verdadera imposición sobre las grandes fortunas y patrimonios, sobre las herencias y donaciones; implantar nuevos tipos impositivos que graven lo financiero o digital; configurar una fiscalidad ambiental que consolide el principio "quien contamina paga"; penalizar las viviendas vacías mediante el IBI y/o creando un nuevo impuesto sobre las gestionadas por entidades financieras, socimi y fondos de capital riesgo, e intensificar la lucha contra las grandes bolsas de fraude. 

La coalición se olvida de algunos impuestos

A nadie se le escapa que muchas de las propuestas de este grupo progresista de economistas estaban recogidas en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. La coalición de izquierdas ha cambiado muchas de sus posiciones a tenor del documento conjunto de conclusiones de la comisión de reconstrucción del Congreso que realizaron ambas formaciones.

En el escrito no solo no hacen una mención expresa a la derogación de la reforma laboral, en materia impositiva es poco concreto, deja fuera el impuesto a las grandes fortunas o la tributación sobre los dividendos y solo habla de "reducir la brecha fiscal con Europa", avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre y progresividad del sistema fiscal, y desarrollar de manera efectiva impuestos verdes. Otros impuestos que no se mencionan son la tasa digital, donde las amenazas del presidente de EEUU, Donal Trump, complican su aprobación incluso a nivel europeo, y la tasa financiera, que sigue un camino incierto en su tramitación parlamentaria.  

El retroceso en las posturas de la coalición de izquierdas responde a la necesidad que tiene el Gobierno de que en la aprobación de las conclusiones de la comisión de reconstrucción se unan el Partido Popular y Ciudadanos. Pero sobre todo para ir despejando el terreno para que la formación que preside Inés Arrimadas tenga una posición conciliadora ante uno de los grandes reto del Ejecutivo de Pedro Sánchez: aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021. 

La lluvia de millones de Bruselas

Entonces, si no hay subida de impuestos, se sigue incrementando el gasto público, la economía se mantiene renqueante y se pretende controlar el déficit. ¿Cómo se cuadra el círculo? ¿Quién paga todo esto? Todas las miradas se dirigen a Bruselas.

Pedro Sánchez dejó claro en su ultima intervención pública el pasado fin de semana que "de la pandemia emerge también una Nueva Europa que ha aprendido la lección y ha buscado el acuerdo, la unión y la solidaridad a través de ese Plan de Recuperación para la crisis que comportará transferencias y préstamos para que los países más golpeados puedan relanzar sus economías. Hemos aprendido de la anterior crisis que la insolidaridad no reactiva nada, sino que ahonda y prolonga los problemas de las empresas y de la precarización de los trabajadores. Esta vez Europa debe salvar a Europa. Y no como se hizo antes".  

Las esperanzas están puestas en las negociaciones para implementar un fondo europeo anticrisis de 750.000 millones, de los que un 67% serían en forma de transferencia, donde a España le podrían tocar unos 140.000 millones. El problema es que los llamados frugales, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia se oponen directamente a este plan y no quieren nada de transferencias o subvenciones, sólo créditos. La nueva palabra de moda es condicionalidad, es decir, tanto si son transferencias como créditos qué cambios estructurales van a exigir desde Bruselas en la economía española para abrir el grifo de los millones. 

Los empresarios lo tienen también claro aunque añaden un pero. En la clausura de la cumbre de la CEOE, Pablo Isla dejó claro el anhelo por el amigo europeo: "España tiene que apostar por Europa, que es la que nos ha proporcionado bienestar, estabilidad y progreso. Esa apuesta implica responsabilidad por nuestra parte, en términos de generación de confianza y rigor presupuestario".

Lo que se traduce en responder a los millones del fondo europeo de reconstrucción con recortes de gasto público. España ya tiene experiencia es contracciones brutales de gasto público con los recortes que sufrieron los ciudadanos en Sanidad y Educación con el rescate financiero del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta política de austeridad se ha demostrado aún más perjudicial ante el debilitamiento lo público para luchar en el ámbito sanitario y social contra el COVID-19.

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