Las empleadas domésticas organizan su lucha laboral: presión en ayuntamientos, tablas salariales y redes de apoyo

Pasan las seis de la tarde y un grupo de unas veinte mujeres sale del Ayuntamiento de Sevilla. Están contentas y se les nota: el pleno municipal ha aprobado por unanimidad una moción para instar al Gobierno a terminar con la enmienda que retrasa la equiparación de derechos laborales de las empleadas del hogar. Ese grupo de mujeres que sale del Ayuntamiento forman parte de la Asociación de Empleadas del Hogar de Sevilla, una de las dos que hay en Andalucía y que se suman a otras de Madrid o Euskadi y que buscan extender la lucha laboral organizada de unas trabajadoras que, separadas una a una en las casas para las que trabajan, tienen las peores condiciones y sueldos posibles. 

Esa moción, basada en un texto que ellas escribieron, no tendrá ningún impacto práctico: la enmienda que coló el PP a los Presupuestos Generales de 2018 es ya irreversible. Sin embargo, esa aprobación, apoyada por todos los grupos políticos, es un gesto simbólico que les anima. “Necesitamos que la gente sea consciente de nuestra situación. Que algo así lo apoyen todos los grupos nos da esperanza de que las cosas vayan a mejorar”, dice Jacqueline Amaya, una de las fundadoras de la asociación. No es el único ayuntamiento que en los últimos meses ha aprobado este tipo de mociones de apoyo a las empleadas domésticas, también lo ha hecho el de Madrid, Burgos o Barcelona. 

En algunas de esos territorios, varias asociaciones de trabajadoras domésticas pelean duro por mejorar día a día sus condiciones de trabajo dentro de un marco normativo general que aún las excluye del derecho a paro o de una cotización real en función de sus salarios. Son también estas organizaciones las que llevan a los tribunales los despidos en los que las familias renuncian a pagar indemnización o en los que incluso median agresiones, pero también los casos de acoso sexual que, dicen, siguen sucediendo entre las paredes de los hogares más de lo que pensamos.

La asociación sevillana nació en 2015 y desde entonces publica cada año unas tablas salariales de referencia con las que intentan que los sueldos que cobran no estén por debajo de unos mínimos dignos. Esas tablas diferencian entre el trabajo de externa e interna, el trabajo continuado, los pluses de fin de semana, la atención a personas no autónomas o la pernocta; conceptos que las retribuciones marcadas por el Ministerio de Trabajo ignora.

Por ejemplo, el sueldo marcado para un trabajo de 40 horas semanales como externa es de 858,55 euros que se convierten en 1024,94 cuando se suma la Seguridad Social. El salario básico de una interna que atienda a una persona no autónoma o una familia está marcado en 1.014 euros mensuales, 1.229 euros sumando todos los costes sociales. 

¿Sirven de algo estas tablas? “Sí”, es la respuesta que dan todas. “A mí me sirvió mucho, gracias a eso he podido negociarlo todo. Cuando alguna vez me preguntaron que cuánto pedía no sabía qué decir”, dice Mari, que llegó hace solo unos meses de Colombia y que ya forma parte de la asociación.  A la organización llegan, sin embargo, ofertas por debajo de esos mínimos. “No puedo aceptar eso para ninguna de mis compañeras. Es duro porque la gente necesita trabajo pero si estamos luchando por condiciones dignas no podemos aceptar eso. Lo rechazamos y luego lo hablamos y lo explicamos a las compañeras”, explica Jacqueline Amaya. 

“A una trabajadora del hogar se le acaba por pedir de todo. Que atiendas a una persona dependiente, que cocines, que hagas la casa, que cuides de niños, te llegan a pedir que domines algún idioma o que tengas carné de conducir”, dicen entre todas. La asociación apuesta por la profesionalización del sector y por que, en consecuencia, algunas especializaciones conlleven pluses, como sucede en otros sectores. 

Su competencia más peligrosa: las empresas que intermedian este tipo de servicios y que, denuncian, tiran los precios hacia abajo y se quedan con márgenes de beneficio que afectan a lo que finalmente ellas perciben. “Los contratos están a nombres de las familias, que creen que están dando unas condiciones dignas a sus empleadas, pero luego la realidad es que las prácticas de estas empresas son poco éticas y muchas veces, por ejemplo, no pagan las vacaciones”, asegura Silvia Villalba, paraguaya, parte de la asociación. 

Todas cuentan casos que suenan a auténtico maltrato laboral. Familias que despidieron a su empleada en mitad de la noche porque se negó a hacer algo que le pidieron, trabajadoras a las que dejan con las maletas en la acera de un pueblo sin más explicación que “ya no contamos contigo”, hogares pudientes que se niegan a dar de alta a sus empleadas sin posibilidad de negociación. 

“Tenemos varios casos en los tribunales. Es difícil denunciar pero cada vez más mujeres se animan, normalmente son trabajadoras que han pasado por la asociación y que se han empoderado, como se suele decir, y a partir de ahí se animan a hacerlo”, señala Silvia Villalba. En uno de esos casos, la trabajadora ganó el reconocimiento de su indemnización por despido después de siete años trabajando para la misma persona que, ahora, se ha declarado insolvente. 

Red de apoyo

La asociación funciona también como una red de apoyo. Por un lado, entre ellas se avisan de posibles ofertas de trabajo. Se alertan, también, contra las familias y empleadores que explotan. “Cuando sabemos de alguien que ha sufrido una experiencia muy mala avisamos a las organizaciones que nos apoyan y que intermedian ofertas para que no den amparo a esa familia”, explican. Buscan, así, que incumplir los más elementales derechos laborales tenga consecuencias.

Unas se sostienen a otras. De las cerca de 60 empleadas del hogar que forman parte de la asociación, todas son migrantes. Colombia, Perú, Paraguay, Marruecos. Todas comparten la experiencia de dejar su país y, en casi todas las ocasiones, su familia hasta, en algunos casos, poder reagruparla. “He visto a compañeras llorar y llorar por sus hijos que habían dejado. Es muy duro”, recuerda Silvia. En sus reuniones, su comida típica y sus acentos se mezclan con sus reivindicaciones, pero también con sus historias personales.

Su falta de condiciones laborales, de contrato muchas veces, dificulta sus reagrupaciones familiares. “Se vive con mucha ansiedad no poder traer a tu familia, el estar pendiente de aquí y de allí”, relatan. Mari, que llegó hace tres meses y media de Colombia, ha traído a una de sus hijas y dejado a otra. “Espero poder traerla también, es mi idea”. Mientras, y aunque solo tiene permiso de turista, trabaja ya y ha encontrado “una familia con mucha voluntad de ayudar”. Ha encontrado también a la asociación, con la que ya participa y prepara acciones, como esa movilización ante la ayuntamiento de Sevilla. En sus carteles, un lema en grande: “Sin cuidados se para el mundo”.