España hace la vista gorda a los sobornos en el extranjero

España nunca ha procesado a ninguna empresa o ciudadano español acusado en el extranjero de sobornar a funcionarios públicos. Según advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en un informe publicado el martes, en los trece años desde que España ha firmado la convención para la lucha contra el cohecho internacional solo se han investigado siete casos sospechosos. Todos han sido archivados, en la mayor parte de los casos por sobrepasarse los plazos.

El grupo de expertos que ha investigado el caso español reitera su preocupación por esta situación y por la ineficiente trasposición de la legislación internacional sobre corrupción y sobornos. Así, la legislación española diferencia entre sobornar a un funcionario público extranjero o a uno europeo o que trabaje en las instituciones europeas. Además, excluye a las empresas públicas de ser objeto punible de estas investigaciones, pese a que algunas tienen una abultada presencia en el extranjero.

España está además en el grupo de países más vulnerables a estas prácticas por su alta exposición al sector de la exportación de material de defensa y a relaciones comerciales con países del Tercer Mundo.

El informe de la OCDE destaca graves ineficiencias a la hora de investigar o juzgar este tipo de casos en los que empresas o ciudadanos españoles sobornan a funcionarios en otros países para conseguir tratos de favor. Así, lamentan que la Fiscalía Anticorrupción no ha sido informada “de claros casos de corrupción en el extranjero que sí llegaron a otras instancias de la Justicia españolas”. Así, cuando este organismo especial es advertido de ciertas prácticas, estas ya han prescrito.

Además, la OCDE alerta de que durante su visita en julio se reunió con las autoridades fiscales del País Vasco y Navarra, que hicieron oídos sordos a los llamamientos internacionales para eliminar la posibilidad de deducirse fiscalmente los sobornos. Aunque parezca inverosímil, en muchos países se contempla que las empresas se puedan deducir este tipo de gastos como parte de su actividad en el extranjero.

Así, Hacienda publicó una instrucción en 2007 explicitando que los sobornos a servidores públicos en el extranjero no se podían considerar como deducibles en materia de impuestos. Sin embargo, los representantes de las autoridades fiscales vascas y navarras aseguraron al equipo de la OCDE que no consideran vinculante esta instrucción del fisco central debido a la particularidad de sus derechos forales.

La OCDE alerta de esta laguna jurídica en España, aunque las autoridades autonómicas de ambas comunidades le aseguraron que están trabajando en la redacción de una nueva iniciativa en materia de Impuesto de Sociedades que estará en línea con los estándares europeos, que aún no ha sido hecha pública.

Otro elemento de preocupación para la OCDE era la aplicación de la reciente amnistía promovida por el ministro Cristóbal Montoro para la repatriación de capitales. La OCDE temía que esta regularización de dinero negro sirviera para atraer a España capitales utilizados en el lavado de dinero o en casos de corrupción. Sin embargo, según recoge el informe, la Fiscalía Anticorrupción aseguró a la OCDE que solo ha recibido un caso de los que han caído en las manos de Hacienda, sospechoso de proceder de alguna de estas prácticas ilegales.

La organización hace una relación de los siete casos investigados hasta ahora por España, muchos de ellos destapados por medios pero que han tenido muy escasa trascendencia pública. Además, resalta que en ninguno de los casos se investigó a personas jurídicas (empresas). Pese a la imputación de 16 personas, ninguna fue procesada y solo dos de los siete casos llegaron a ser investigados judicialmente.