No son estibadores ni taxistas, pero también están en huelga
No son estibadores. Tampoco taxistas. Sus conflictos no ilustran portadas ni abren informativos, pero sus derechos laborales también están en entredicho. A Toñi González y a sus 28 compañeras de la empresa KLE Servicios Integrales les deben dos nóminas. Después de meses de retrasos e impagos, de falta de material para hacer su trabajo, las 29 empleadas, encargadas de la limpieza de once institutos de Almería, están en huelga indefinida. Su paro compromete los pocos de cientos de euros que cobran al mes: 811 por jornada completa, aunque la mayoría solo trabajan unas horas y cobran 300 o 400 euros.
“Estamos dispuestas a pelear”, dice Moreno, delegada de UGT, que, como muchas de sus compañeras, trabaja para otra empresa para poder completar su sueldo. “300 euros dan para pagar las facturas y nada más”. Sus compañeras en el aeropuerto de Ibiza protagonizaron una huelga por idénticos motivos hace unas semanas. KLE ha entrado en concurso de acreedores y las trabajadores desconfían de su futuro.
El caso es, además, paradigmático de lo que tanto ha sucedido en los últimos años: una administración externaliza el servicio, una empresa gana el concurso a base de tirar los costes y la plantilla paga el pato con unos salarios mucho más bajos. En este caso, la delegación de educación de Almería, que asegura que el impago de nóminas no es motivo de rescisión del contrato de limpieza de estos once institutos. El aeropuerto de la provincia, sin embargo, para el que también trabajaban estas limpiadoras de KLE, sí ha prescindido de la empresa, como ya hizo el de Ibiza, donde la nueva adjudicataria se hizo cargo de las trabajadoras.
También en huelga ha estado la plantilla de la fábrica de galletas Cuétara en Villarejo de Salvanés (Madrid), unas 420 personas. Su convenio colectivo caducó en 2015 y las negociaciones para renovarlo no han dado frutos. Los sindicatos piden la reducción de la jornada anual en ocho horas, subidas salariales retroactivas desde 2015 (del 0,5% en 2015, del 1% para 2016 y del 2,5% en 2017 y hasta 2019) y que la empresa les dé licencias para acudir a médicos especialistas.
“Tenemos turnos de mañana, tarde y noche así que para ir a atención primaria puedes organizarte, pero si tienes una cita con un especialista te la dan cuando te la dan. Ahora la empresa nos hace coger días de vacaciones, un permiso sin retribución para ir o nos piden recuperar esa jornada”, dice la presidenta del comité de empresa, Elena Nuño, de CCOO. Otra de sus demandas es que se reduzcan los trabajadores contratados a través de ETT y “que las bajas permanentes se cubran con contratos indefinidos”. Los sindicatos acaban de aceptar una tregua en sus paros reiniciar las negociaciones con la empresa.
Huelga en atención a personas con discapacidad
En el centro de atención a personas con discapacidades de “La Fuensanta”, en Ciudad Real, están en huelga indefinida. La asociación que gestiona el centro quiere dejar de aplicar el convenio propio y acogerse al convenio estatal de centros y servicios de atención a la discapacidad. “Hace cuatro años, en plena crisis, nos plantearon ampliar la jornada y congelar salarios temporalmente para que el servicio fuera viable. Los trabajadores aceptaron. Al negociar ahora la renovación del convenio nos dicen que quieren seguir aplicando esas condiciones y para lo demás, el convenio estatal. Esta gente tenía un convenio propio con mejores condiciones y esto es perder derechos adquiridos”, explica el responsable del sector socioeducativo de CCOO en Castilla La Mancha, Antonio Romero.
La huelga de las 53 personas que trabajan en el centro no es, sin embargo, convencional. “Nosotros mismos pedimos unos servicios mínimos de 100% porque sabemos que no se puede dejar de atender a nuestros usuarios”, dice Romero. Su huelga se manifiesta en forma de concentraciones y protestas. El sindicalista asegura que el centro registra resultados económicos positivos y recibe subvenciones de varias administraciones pública: “No hay motivos para estos recortes”.
Protestas del personal laboral en el exterior
El personal laboral en el exterior, que trabaja en embajadas, consulados y otros centros de la administración, vive también su propio conflicto: después de años de congelación salarial, demandan una revisión de los sueldos que les permita adaptarse al nivel de vida de los países en los que trabajan. En Argentina, el personal de la embajada está llevando a cabo una huelga indefinida ante lo que, denuncian, es una situación insostenible debido a la alta inflación del país.
En Canadá, Estado Unidos y Suecia se sucederán los paros en las próximas semanas y el personal de Marruecos y Guinea Ecuatorial registra estos días convocatorias de huelga. “En Canadá la situación es dramática. Los sueldos están muy por debajo de los mínimos aceptables en este país. De hecho, no alcanzan ni siquiera el mínimo para para poder solicitar ayudas sociales para el alquiler o compra de vivienda social porque según declaran los departamentos de asistencia social, los sueldos de la Oficina de Turismo son de pobreza”, declaraba esta semana el secretario de la Federación de Empleados Públicos de UGT en el Exterior.
Jaime Sastre, del sindicato CSIF, menciona también la situación del personal en Australia, Finlandia o Emiratos Árabes. “Hay gente que está trasladando a su familia a España porque no pueden mantenerse. En algunos lugares ha habido unas subidas del precio de la vida muy fuertes”, reitera Sastre, que pide diálogo a la administración para abordar una situación que puede afectar a varios miles de trabajadores en el exterior.
