Los desafíos técnicos y contradicciones a los que se enfrenta la idea 'antidesahucios' de Podemos en Andalucía

“Que la Junta de Andalucía no contrate con bancos que desahucien”. Esta ha sido la línea roja que Podemos marcó inicialmente en Andalucía para poder pactar la investidura de Susana Díaz y que ahora mismo bloquea un posible pacto con el PSOE. La propuesta estrella antidesahucios del partido no ha sido adoptada por el momento como condición indispensable por otras comunidades, y tampoco está en el programa -ni en la intención, según ellas mismas han declarado- de las alcaldables –si bien no son de Podemos– Ada Colau y Manuela Carmena. La iniciativa de Podemos abre un melón pendiente aún de madurar que se ha ido acotando conforme han avanzado las negociaciones y que se topa con escollos técnicos para su puesta en marcha.

El requisito de “bancos que no desahucien” se ha ido concretando en “bancos que no ofrezcan alternativa habitacional”, es decir, que no ofrecen otro alojamiento al hipotecado que pierde su vivienda. Sergio Pascual, secretario de organización de Podemos, “acota” aún más la propuesta y asegura que es suficiente con que el compromiso afecte a “andaluces”, es decir, a residentes en la comunidad autónoma. Estos andaluces no tienen por qué ajustarse a los criterios de vulnerabilidad a los que las entidades de crédito se han comprometido por ahora a no desahuciar en el código de buenas prácticas, esto es, familias con menores, personas con discapacidad, mayores de 60 años, personas cuyos ingresos no superen en tres veces el Indicador de Rentas Múltiples (IPREM) o que acredite un cambio radical e involuntario de sus ingresos desde el momento en el que se concedió la hipoteca. “Que ningún andaluz se quede sin techo”, salda Pascual.

Esta nueva acotación de Podemos podría dar como resultado que un banco desahuciara en otra comunidad autónoma pero no en Andalucía y poder así seguir contratando con la Junta. También que un banco que apenas ha tenido negocio en Andalucía (y por lo tanto apenas tuviera hipotecas) se convirtiera en contratista preferente de una Administración en la que apenas tiene oficinas. En estos momentos CaixaBank tras su proceso de fusiones es la entidad financiera con más volumen de negocio en Andalucía, acaparando más de un 16% del negocio en la comunidad andaluza. La entidad está acogida (como el resto de los bancos) al código de buenas prácticas.

Gran parte de las nóminas a funcionarios se pagan ahora mismo a través de Unicaja, una de las entidades de referencia en Andalucía, que ha declinado contestar a eldiario.es sobre su política antidesahucios y participar en esta información.

Pascual, que ha sido el negociador designado por Podemos para trabajar con el PSOE andaluz la medida, no aspira tanto a encontrar bancos que en la actualidad no desahucien como a que se comprometan a no hacerlo a raíz de la nueva condición impuesta por el gobierno entrante en Andalucía. “Con carácter inmediato queremos cerrar todas las cuentas y trasladar la tesorería a los bancos que adopten el compromiso”, dice. La tesorería es la caja con la que cuenta la Administración para hacer frente a los pagos corrientes más inmediatos como las nóminas, entre otros.

Sin embargo, la formación política entiende que tendría que respetar los créditos que ahora mismo tiene concedidos la Junta. “Los contratos son ley y este partido respeta la ley”, asevera Pascual que no ve contradictorio el no poder tener cuentas a la vista en los bancos pero sí financiarse a través de ellos. Los bancos tienen su principal negocio, precisamente, en dar créditos donde se lucran con los tipos de interés y las comisiones. Gestionar la tesorería en un momento de tipos de interés al 0% es mucho menos lucrativo para las entidades financieras.

Pascual confía en que la medida “tuerza los brazos de las entidades financieras que ahora tienen arrodillada a la Administración” y que dinamice un cambio de paradigma para que los nuevos créditos que se hagan puedan ser ya con entidades que cumplan este requisito de no desahuciar andaluces.

La banca social, con criterios muy estrictos para prestar

Lo cierto es que con los criterios que ahora mismo exige Podemos no habría ninguna entidad bancaria que pudiera financiar holgadamente a la Junta de Andalucía. Solo la banca social y las cooperativas de crédito tienen la política de “desahucios cero” que exige la agrupación. Sin embargo, el pequeño tamaño de estas entidades o sus criterios de inversión sostenible no les permitiría proveer a la Junta de sus necesidades financieras.

En el caso de Triodos por ejemplo, uno de los bancos sociales que más se comentan como alternativa por su política antidesahucios, la entidad reconoce que no podría cubrir las necesidad de financiación que tiene una Administración pública. “Si un Ayuntamiento nos pide financiación para tener liquidez, no les financiaríamos. Si es para un proyecto concreto que entre dentro de nuestra política de financiación (una biblioteca, un polideportivo, una promoción de viviendas de protección oficial de construcción sostenible, un servicio municipal de alquiler de bicicletas…) entonces sí entraríamos a valorarlo”, aclaran desde el banco. Triodos tampoco financia obra pública a no ser que cumpla criterios muy estrictos de sostenibilidad.

Otra entidad que algunos miembros de Podemos consideran como ejemplo antidesahucios es la Caja de Ingenieros. La caja, que es una entidad cooperativa, no desahucia por política (para ser cliente de la Caja hay que ser socio cooperativista) pero también, como reconocen, porque se han tenido que topar pocas veces con la situación. “Nuestro perfil de cliente es profesional, ingeniero, arquitecto, médico... tuvimos unos criterios muy estrictos de riesgos y en los pocos casos que hemos tenido impagos hemos podidos negociar. Apenas tenemos 20 fincas adjudicadas”, relata el director de negocio bancario, Federico Ariza.

Esta prudencia de la que hace gala la Caja de Ingenieros también les ha llevado a tener un tamaño muy moderado. “Como mucho podemos dar un préstamo de alrededor de cinco millones de euros ya que nuestrs normas impiden dar créditos que supongan más del 10% de recursos propios de la caja”, explica Ariza. “Una vez intentamos optar a financiar al Ayuntamiento de Barcelona pero les ofrecíamos estos cinco millones de euros y ellos necesitaban 200 millones”. “Pero estaríamos encantados de gestionar la tesorería”, asegura Ariza.

Tampoco ING, el banco de Pablo Iglesias, podría servir a los propósitos de Podemos en Andalucía. Aunque el banco naranja hace tiempo que no desahucia, tampoco tiene intención de abrir su negocio en España a la banca mayorista o institucional. “Nuestro negocio es minorista, vamos al cliente, a la pyme”, explican fuentes del banco que no ven posible atender créditos a la Junta.

ING, la Caja de Ingenieros, Bankinter o Sabadell (antes de absorber la CAM) tienen un denominador común que también les ha liberado en buena parte del problema de los desahucios. Su perfil de cliente, como reconocen desde las propias entidades, son profesionales, urbanitas de ingresos medios-altos. Es decir, los menos afectados por la crisis. Su nicho de mercado elitista se podría ver sorprendentemente premiado por medidas que favorecieran a los bancos con menos desahucios.

“Todos los bancos desahucian”

A Banco Sabadell, otro de los que siempre se baraja como antidesahucios, le cayó como una losa el peso de las ejecuciones hipotecarias de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Sabadell había tenido hasta 2009 enfocado su negocio a empresas y apenas tenía 150.000 hipotecas concedidas en plena crisis. La CAM le aportó otras 450.000 y muchas ellas con problemas de impagos.

Desde la entidad catalana aseguran que han tratado de igualar al antiguo cliente de Sabadell con el de la CAM y se han esforzado por negociar con los clientes y no dejarlos en la calle sin una alternativa habitacional. Pero las órdenes de desahucio llegan. El 2 de junio le llegó la última a la PAH de Barcelona que acudió rápidamente a frenar el posible lanzamiento de una familia.

El desalojo no llegó porque Sabadell paró la comitiva judicial, algo que siempre hacen en cuanto interviene la PAH, aseguran desde la plataforma. Pero desde la plataforma lanzan una pregunta. “¿Qué pasa con las familias que no nos piden ayuda? ¿Qué hace Sabadell?”. En la entidad financiera aseguran que son muy estrictos con el cumplimiento del código de buenas prácticas, al que se adhirieron todos los bancos de España, pero que resulta insuficiente para Podemos en Andalucía, ya que solo es exigente con los habitantes “vulnerables”.

“Todos los bancos desahucian”, zanja Carlos Macías, portavoz de la PAH en Catalunya. “La realidad es que hay bancos que cuidan más su imagen que otros, nada más”, asegura el activista que también reconoce que la presencia de la PAH es disuasoria ante cualquier posible intento de desahucio.

En el sector surge otra duda ante la iniciativa de Podemos. Javier Flores, analista financiero, se cuestiona si debe ser la banca la que asuma el derecho a la vivienda que deben tener los ciudadanos. “Es la Administración la que debe facilitar ese derecho a todos los ciudadanos”, reflexiona Flores, que cree que es mucha más acertada la política que parece dispuesta a abordar Manuela Carmena con la Oficina de Intermediación Bancaria o la disponibilidad de un parque de vivienda social que cubra estas necesidades.

“Otra cosa es que en los pliegos de la contratación pública se incluyan baremos de puntuación que premien parámetros como porcentaje de desahucios sobre hipotecas, condiciones laborales, presencia de mujeres, etc...”. Para Flores, un sistema de baremación que incluyera criterios sociales animaría más a las entidades que la exigencia que plantea Andalucía. Este sistema de primas es el que ya ha esbozado Ada Colau en Barcelona.