Un tribunal inhabilita a Telefónica para contratar con el Estado peruano durante seis meses
El Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en Perú sancionó a la filial de Telefónica en este país con la “inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratación con el Estado” durante seis meses en dos resoluciones emitidas los pasados 2 y 3 de mayo por irregularidades en la ejecución de dos contratos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Despacho Presidencial, según publicó Ojo Público.
Ante la sanción, Telefónica señaló en un comunicado que “continuará prestando con normalidad los servicios contratados conforme a los términos pactados con sus clientes del sector público”. La operadora lamentó que “temas de forma, sin debido sustento y con ausencia de gradualidad y proporcionalidad, hayan llevado a que el OSCE haya aplicado una sanción tan gravosa”.
El diario peruano detalla que en el primer caso, el Tribunal del OSCE determinó que Telefónica incumplió un contrato con el MEF para el acondicionamiento de una central de datos. En el segundo caso, el Tribunal del OSCE sentenció que la empresa Telefónica presentó “información inexacta” para “que se efectúe el pago” de 1,5 millones de soles por un sistema de videovigilancia al Despacho Presidencial en un contrato de 2015.
Por este segundo caso, la Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima ha abierto una investigación preparatoria por un presunto delito de colusión por parte de la operadora de telecomunicaciones.
El proceso ante el OSCE se originó con una auditoría realizada por el Órgano de Control Interno (OCI) que detectó “irregularidades” de Telefónica. La resolución del Tribunal del OSCE señala que “el contratista [Telefónica del Perú] presentó los certificados con información inexacta en cumplimiento de una obligación contractual [con el Despacho Presidencial], sirviendo tales documentos para que la Entidad le otorgue la conformidad y se efectúe el posterior pago”.
Además advirtió que el sistema “no era técnicamente confiable ni seguro (...) poniendo en riesgo la seguridad [del Despacho Presidencial]”, que tenía “una defectuosa programación” y que la empresa reemplazó “sin justificación” a cuatro trabajadores en el proyecto.
Telefónica añade que “está evaluando las acciones legales correspondientes con la finalidad de revertir el pronunciamiento emitido en instancia administrativa” ya que, a su juicio, la inhabilitación temporal afecta a “la pluralidad y competitividad que requieren los procesos de adquisiciones del Estado en materia de conectividad, tecnología y la propia transformación digital del Sector Público”.
