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La sociedad científica que tumba a gigantes en los tribunales y gana un 83% de los casos ambientales

Desde cazadores furtivos hasta empresas del IBEX, la organización conservacionista SEO/BirdLife se está convirtiendo en el azote judicial de los delitos ambientales en España

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En los últimos años, el equipo jurídico de SEO/BirdLife ha recibido un 83% de sentencias favorables en los tribunales.

En los últimos años, el equipo jurídico de SEO/BirdLife ha recibido un 83% de sentencias favorables en los tribunales.

Más de 60 casos medioambientales ganados en los tribunales durante los últimos ocho años y otros 15 procesos abiertos en este momento. Quizá no sea la organización conservacionista más conocida ni la de mayor presupuesto, pero SEO/BirdLife se está convirtiendo en el azote judicial de los delitos ambientales en España.

Desde cazadores furtivos, hasta empresas del IBEX, pasando por ayuntamientos o gobiernos autonómicos; ya sea por envenenamiento de aves o por irregularidades en planes urbanísticos, en los últimos años, la acción del equipo jurídico de SEO/BirdLife en defensa de las aves, la biodiversidad y el medio ambiente se está multiplicando y acapara cada vez más atención en el ámbito conservacionista y social.

Tribunales y ciencia, de la mano

“Además de contar con excelentes abogados ambientalistas, parte de nuestro éxito viene de la solidez científica en la que se basan nuestras acciones; al igual que nuestras alegaciones a proyectos de ley o nuestras reivindicaciones en la esfera pública, nuestras denuncias siempre tienen una fuerte base de investigación y evidencia”, explica Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. “Tanto es así que, en algunos casos en los que no estamos personados, las partes acuden a SEO/BirdLife en busca de peritaje o informes especializados”, añade.

La última sentencia favorable llegó hace pocas semanas, cuando el Tribunal Supremo dio la razón a SEO/Birdlife, junto a la asociación Ríos con Vida, en su lucha contra el Real Decreto 638/2016 que pretendía debilitar el reglamento que protege los caudales ecológicos de ríos y humedales. Esta victoria se une a un largo balance de éxitos judiciales que se traducen en una tasa de sentencias favorables de más del 83 por ciento; un porcentaje que sube hasta 94 por ciento en el Tribunal Supremo.

La mayor indemnización por un delito contra la fauna

A pesar de sus numerosas victorias, la organización insiste en que su fin no es pleitear, sino concienciar a la sociedad.

A pesar de sus numerosas victorias, la organización insiste en que su fin no es pleitear, sino concienciar a la sociedad.

Otra sentencia contundente condenó a un envenenador a pagar 360.000 euros de indemnización a la Junta de Castilla-La Mancha y a un año y medio de prisión por envenenar a seis águilas imperiales. Se trata de la mayor indemnización impuesta nunca por un tribunal en un delito contra la fauna.

“Son ejemplos que muestran la necesidad de acudir a los tribunales en defensa de la naturaleza y del interés social, pero no queremos estar siempre pleiteando, sino que estos casos lleguen a cambiar la conciencia de la ciudadanía, las empresas o las administraciones”, explica David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife. “La vía judicial siempre es nuestra última opción: somos una sociedad científica volcada en la investigación y la conservación de la biodiversidad con las aves como bandera, no un despacho de abogados; eso sí, agotadas todas las vías, si no se cumplen las leyes medioambientales o las normas de convivencia con la naturaleza, haremos lo que esté en nuestras manos para defender nuestro planeta”, añade De la Bodega.

Pagar por denunciar

Esta apuesta decidida por el cumplimiento de la ley tiene un altísimo coste económico y laboral, en ocasiones inasumible para una organización sin ánimo de lucro. “Una de nuestras reivindicaciones es que las ONG tengan acceso gratuito a la justicia, como defiende el convenio de Aarhaus desde 2001. En algunos casos las fianzas que se piden a las partes solo para poder personarse son disparatadas: en el caso de la urbanización Valdecañas, en Cáceres, nos pedían 41 millones de euros para paralizar unas obras ilegales. Estas cantidades son un embudo que nos impide desempeñar nuestra labor en muchos casos, ya que la actividad legal de la organización no debe poner en riesgo la viabilidad económica del resto de proyectos de investigación, conservación y concienciación”, explica De la Bodega.

Asociarse o donar para defender la Naturaleza

Esta es una de las razones que ahora llevan a SEO/BirdLife a lanzar un llamamiento a la ciudadanía  para que se unan a la organización como socias y socios en defensa de la naturaleza o que hagan una  donación puntual para apoyar algunos procesos que quieren abrir. “Tenemos a la vista varios grandes casos en los que es urgente la presencia legal de una organización conservacionista y cada nueva persona que se asocia a nuestra organización nos hace más fuertes frente a la injusticia”, reclama Ruiz.

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