La carretera R-47 divide en dos mundos la pequeña ciudad de Koster, al oeste de Johannesburgo. A la derecha, la urbanización blanca: chalets con jardín, barbacoa, piscina y vallas electrificadas. A la izquierda, el township, el gueto negro: caminos de polvo, chabolas de chapa, frío en invierno, infierno en verano. El punto más alto de la barriada, casi la única infraestructura, es un enorme poste, de veinte o treinta metros. En lo alto está la luz que de noche ilumina la barriada: unos inmensos focos como los de un estadio de fútbol, como los de un campo de concentración.
Han pasado casi veinte años desde que comenzó la demolición del apartheid; sus leyes ya no existen, los black, los indian y los mestizos coloured pueden votar. Son, en teoría, ciudadanos como los demás. Pero los cimientos de la segregación racial eran tan profundos que el cambio apenas acaba de comenzar. El Gobierno, para romper con la abismal desigualdad entre la mayoría negra y la minoría blanca, está aplicando la discriminación positiva, la política BEE: Black Economic Empowerment. Las medianas y grandes empresas están obligadas a contratar al menos un 40% de empleados negros, también en puestos de dirección.
Muchos blancos critican esta política, que tachan de racista. Hablan de los hombres-escaparate: negros sin apenas formación a los que algunas empresas contratan para que se les vea, para cumplir con el cupo, pero que no tienen más ocupación que mirar por la ventana. Desde el Gobierno aseguran que son casos anecdóticos, y añaden un argumento más: la política BEE no es una reparación por el apartheid, dicen. Es una apuesta de futuro para acabar con una economía enferma, que condenaba a la miseria a la gran mayoría de la población. Para la clase media baja blanca, para la mano de obra sin preparación, la BEE ha complicado su futuro laboral. “El otro día vi por primera vez en Sudáfrica a dos mendigos blancos”, me cuenta otro local, asombrado por la rara novedad.
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