50 años de memoria y dignidad obreras

No ha sido un camino fácil, durante años partidos mayoritarios e instituciones intentaron pasar página y silenciar la lucha y la matanza de Vitoria en 1976 porque contradecían su relato de una Transición que ni fue modélica ni pacífica. Hoy hay consenso en considerar que esa lucha, y la solidaridad que generó, fue determinante para hacer fracasar los intentos de reformar el franquismo e impulsó de forma decisiva las libertades. Sin embargo, los dirigentes obreros renunciaron a la ruptura democrática propiciando una Transición que mantuvo intactos resortes del poder franquista y legitimó la injusticia y la impunidad con las víctimas. 

Cien mil personas participamos en el funeral de los tres primeros asesinados aquel aciago día, la mayor manifestación contra la dictadura fascista que se resistía a morir matando. Durante el recorrido, miles de brazos se alzaban haciendo el signo de victoria. La brutal intervención policial no pudo empañar el éxito de una huelga general que consiguió el apoyo de todo el pueblo de Vitoria con una clase trabajadora que durante dos meses demostró su capacidad de lucha y sacrificio enfrentándose a una patronal intransigente enriquecida bajo la dictadura gracias a leyes criminales y una represión sistemática del movimiento obrero.

Pagamos un precio muy alto, pero los asesinatos de Pedro María, Francisco, Romualdo, José y Bienvenido, acribillados a quemarropa al disolver la Policía una asamblea obrera, concitaron la solidaridad de medio millón de personas en la huelga general más importante de Euskal Herria, y amplia contestación en el Estado y en el mundo, con dos nuevos asesinatos en Basauri y Tarragona.

Los asesinatos de Vitoria fueron terrorismo de Estado y no una “respuesta policial abusiva”, como ha declarado recientemente una dirigente del partido socialista. Esa sutil diferencia impide que se consideren delitos de lesa humanidad, que ni prescriben ni pueden ser amnistiados, y establece víctimas de primera y de segunda categoría. Sin órdenes o autorización del Gobierno franquista, el gobernador civil no hubiera violado el concordato de 1953 con la Santa Sede, que prohibía entrar en las iglesias, ni la Policía hubiera intervenido tan fría y premeditadamente.

Además, las instrucciones de “no os importe matar”, dadas cuando Manuel Fraga y Rodolfo Martin Villa eran ministros de Interior, avalan que fueron crímenes de Estado. No fueron los únicos. Hubo más de cien asesinatos de trabajadores y personas de izquierdas, como el de los Sanfermines de 1978, desde la muerte de Franco hasta que se aprobó la Constitución. Por eso, es necesario que el Gobierno de España reconozca, pública y políticamente, que existió violencia de Estado. 

Defendiendo lo más básico; poder elegir a nuestros representantes, un sueldo decente, y una jornada laboral digna, conquistamos las libertades ejerciéndolas, y nos enfrentamos al poder económico que tenía a su servicio el sindicato vertical, las instituciones, las leyes, los medios de comunicación y la Policía. Nos golpearon, nos despidieron, nos detuvieron, nos torturaron, nos balearon, nos asesinaron. Pero no pudieron doblegarnos.

No nos regalaron nada, todo hubo que conquistarlo. Conseguimos romper los topes salariales, mejoras laborales, reconocimiento de asambleas y Comisiones Representativas, readmisión de despedidos, garantizar el puesto de trabajo a los detenidos, que se potenciarán las asociaciones de vecinos y se pusiera en pie un movimiento propio de las mujeres, pero después hubo que seguir luchando porque bajo el capitalismo ninguna mejora es estable ni permanente. 

Hoy sobran razones para seguir peleando. El constante incremento de los ritmos de trabajo aumenta las bajas laborales por trastornos mentales, la subida de los precios adelgaza los salarios en favor de los beneficios del capital. Interminables cadenas de subcontrataciones recaen en las empresas con empleos más precarios, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, la jornada aumenta porque se obliga a meter horas extras que en muchos casos no se pagan, los precios de la vivienda están por las nubes debido a la especulación, la sanidad, la educación o la dependencia se deterioran y se privatizan, el fraude y la elusión fiscal de las grandes empresas son endémicos, y la desigualdad es creciente. 

La crisis del capitalismo y la disputa por la hegemonía imperialista incrementan el militarismo y la agresividad, las migraciones masivas, el negacionismo climático de la extrema derecha, la dictadura de las plataformas digitales, la degradación del planeta, o los planes para hacer negocios con los genocidios y el sufrimiento de millones de personas, mientras se aplican leyes, como la ley mordaza, que criminalizan la protesta y atacan de raíz derechos que han costado sangre, sudor, y lágrimas conseguir. Sin embargo, la clase trabajadora seguimos ocupando la centralidad social y económica, y la historia enseña que podemos ocupar también la centralidad política, impulsando cambios profundos en la sociedad.

Ahora mismo, en Euskadi, más de 50 empresas o sectores afectando a miles de trabajadores están en huelga. El movimiento pensionista lucha para mejorar las pensiones de miseria de miles de mujeres que no cotizaron lo suficiente por dedicarse a tareas de cuidados, de menores y personas dependientes, porque el PSE-EE y PNV ni siquiera permiten que se debata en el Parlamento Vasco, a pesar de haber recogido más de 145.000 firmas de apoyo.

El próximo día 17 de marzo hay una convocatoria de huelga general en Euskal Herria en favor de un salario mínimo de 1.500 euros, lo que beneficiará a mujeres, personas migradas y jóvenes, y reducirá la pobreza y la precariedad. Buen momento para recuperar lecciones del 3 de marzo. La organización, la solidaridad, la unidad de acción o la extensión y coordinación de las luchas, mientras seguimos defendiendo la verdad, la justicia, la reparación y un Memorial del 3 de marzo que contribuya a conseguir esos objetivos.