Artolazabal promete que liderará el reconocimiento de “todas” las víctimas pero sin caer en “equidistancias”

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha asegurado que esta debe ser la legislatura del reconocimiento de “todas” las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, sin “equidistancias” pero también sin “exclusiones”. Además, ha reiterado su apuesta un modelo penitenciario “más humanizado” y orientado a la reinserción.

Artolazabal, que ha comparecido este lunes ante el Parlamento Vasco para presentar sus objetivos para la legislatura, ha dedicado buena parte de su intervención a repasar las medidas y compromisos de su departamento en materia de memoria y convivencia. La consejera ha subrayado que espera poder seguir avanzando de forma “decidida” hacia una sociedad vasca “reconciliada y en paz”, en la que se logre una convivencia basada en “el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos de todos los derechos para todas las personas”. Todo ello, sobre el eje de “un suelo ético compartido”, en el que los derechos humanos y la dignidad de las personas constituyan “la base de esa Euskadi a la que aspiramos”. Las medidas para alcanzar estos objetivos se instrumentarán a través de un 'Plan Estratégico de Convivencia y Derechos Humanos', que se estructurará en dos grandes ámbitos: la 'Agenda Vasca para la Convivencia' y la 'Agenda Global de los Derechos Humanos', informa Europa Press.

Artolazabal ha explicado que “todas” las víctimas serán una “prioridad” de las políticas de su departamento en este ámbito. La consejera ha subrayado que se tendrá en cuenta tanto a las víctimas del terrorismo de ETA, como a las víctimas del GAL, del Batallón Vasco Español y de otros grupos terroristas de la extrema derecha, así como a los damnificados por el terrorismo yihadista. La consejera ha subrayado que todas las políticas que se desarrollen en esta materia se plantearán “sin equidistancias, sin equiparaciones y sin paralelismos”, pero también “sin exclusiones”.

En todo caso, ha precisado que el Gobierno actuará “desde la firme convicción de que la sinrazón y la violencia de ETA ha supuesto durante décadas la más flagrante violación de los derechos humanos en este país”. El Ejecutivo, asimismo, gestionará sus políticas sin “cerrar los ojos a ninguna vulneración de derechos” y con “firmeza” en la defensa de “todos los derechos para todas las personas”. El Gobierno seguirá desarrollando la Ley vasca de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, y actuará con “beligerancia” frente a la vulneración de derechos básicos. Asimismo, y tras el reciente aval del Tribunal Constitucional a esta norma, ha explicado que se impulsará el desarrollo de la Ley de reconocimiento y reparación a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales. En este punto, ha reiterado que “no se trata” de actuar con “equidistancia o equiparaciones”, sino de aplicar los principios de justicia, reconocimiento, memoria, verdad y reparación “a todas las víctimas de vulneración de derechos, sin exclusiones”.

Artolazabal ha afirmado que esta debe ser “la legislatura del reconocimiento y reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos”. “El futuro que entre todos estamos llamados a construir solo puede ser un futuro con memoria”, ha indicado. En esta línea, ha manifestado que “el silencio, la amnesia y el olvido son quizás pan para hoy, pero hambre segura para mañana”. De esa forma, ha afirmado que “no queremos ni debemos, ni podemos pasar página; por las víctimas, por su memoria, por su dignidad. Por todos y cada uno de nosotros, por la sociedad vasca víctima, también, de la sinrazón de ETA”. Artolazabal ha subrayado que las nuevas generaciones “tienen el derecho y el deber de saber que en este país se llegó a matar por pensar diferente, y a vulnerar derechos en nombre de la razón de Estado”. Por ese motivo, se ha comprometido con la construcción de una memoria “crítica y autocrítica”, que sea abierta e inclusiva, en la que “quepamos todos”, y que se plantee “sin odio y sin rencor” para contribuir a la convivencia.

La consejera considera que la memoria debe ser elemento de “cohesión” y no de “división”, por lo que ha rechazado entrar “en el rifirrafe, en la polémica, en la tentación del uso partidista, o en el uso de la memoria como arma arrojadiza”. Por otra parte, ha recordado que el Gobierno espera aprobar en la presente legislatura la Ley de memoria histórica y democrática de Euskadi.

Además, ha informado de que se creará un espacio expositivo de la sede del instituto de la memoria Gogora, que se renovará el proyecto expositivo del Museo de la Paz en Gernika, y que se trabajará en la creación de un Centro Memorial del 3 de marzo en Vitoria. En el caso de Gogora, ha informado de que su base de datos de las víctimas mortales de la Guerra Civil (1936-1939) tiene ya identificadas, con nombre y apellidos, a 21.039 personas fallecidas en la contienda, de las que se dispone de algún testimonio acreditativo.

La consejera ha explicado que hacer partícipes de la memoria reciente a los más jóvenes es “un imperativo ético”. Artolazabal ha explicado que, en colaboración con el Departamento de Educación y los agentes educativos, se elaborará una propuesta “integral y sistémica” para la incorporación de la formación en derechos humanos, memoria y cooperación a la escuela vasca.

En su intervención, también se ha referido al acuerdo alcanzado para transferir a Euskadi las competencias sobre la gestión de las prisiones, tal y como está contemplado en el Estatuto de Autonomía vasco de 1978. Artolazabal ha reiterado el mensaje que ya trasladó la semana pasada en este sentido, de forma que ha indicado que las propuestas aprobadas con el consenso de la mayoría de grupos parlamentarios marcarán el modelo penitenciario que vaya a desarrollar el Gobierno autonómico. En todo caso, ha precisado que dicho modelo “pondrá el acento en la reinserción social”, e impulsará prácticas “restaurativas” y el acceso a los derechos sociales. Artolazabal se ha mostrado partidaria de un modelo penitenciario “más humanizado y respetuoso con los derechos humanos”.